Alfredo Díaz Torres

Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Díaz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo en los siguientes términos: De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez transcurrido dicho plazo, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el antepenúltimo párrafo del artículo 20 del acuerdo en mención. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo, promovido por ***, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Titular de la Oficina de representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 768/2023-IV-A. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, la aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos normativos ya señalados, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Expuesto lo anterior, se desprende que el presente juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, al haberse promovido fuera del plazo de quince días siguientes, al día en que la quejosa manifestó tener conocimiento de la existencia del acto reclamado. En efecto, del análisis de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el diecinueve de enero del presente año, le notificaron y tuvo conocimiento de la resolución de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente administrativo, por la Encargada de Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Campeche. En ese tenor, al existir manifestación expresa de la quejosa, respecto de la fecha en que se ostentó sabedora de la existencia del acto reclamado, resulta evidente que la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 18 en relación con el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en la medida que el plazo de quince días con que contaba la quejosa para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, transcurrió del veinte de enero al diez de febrero de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de enero, así como cuatro, cinco y seis de febrero, todos del presente año, de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia. Por tanto, si la demanda de amparo se recibió hasta el quince de junio de la presente anualidad, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, es evidente que fue presentada extemporáneamente, lo que trae como consecuencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, por haber consentido el peticionario de amparo, tácitamente, el referido acto reclamado, cuenta habida que no promovió el juicio constitucional dentro del término previsto en el diverso precepto 17 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Junio de 1996, página 57, Novena Época, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por ***, ante la actualización del supuesto de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo planteada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las LISTAS que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, tal como lo señala el promovente en el escrito inicial de demanda. y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala. Se tiene por señalado por parte de la quejosa el correo electrónico y el número telefónico citados en su escrito de cuenta, únicamente como contactos para entablar comunicaciones no procesales. Se exhorta a todas las partes, qué de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc). De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

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