Alfredo Díaz Ramos y Otros.

Expediente 278/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
278/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Díaz Ramos
  • Alfredo Díaz Ramos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de mayo de dos mil dieciocho. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de veintisiete de abril del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, para conocimiento de la quejosa ALFREDO DÍAZ RAMOS, MERCEDES CRUZ HERNÁNDEZ Y SEBASTIAN CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL COMISARIADO EJIDAL DEL SANTA CATALINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. I. Radicación. Ténganse por recibida la demanda de amparo y anexos presentada por la Comunicad de Santa Catarina, municipio de Concordia, Sinaloa, por conducto de Alfredo Díaz Ramos, Marcelino Cruz Hernández y Sebastián Cruz Sánchez, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, del citado Comisariado Ejidal; contra los actos que reclaman de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito treinta y Nueve, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 278/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Es menester precisar que los actos materia de reclamo en esta sede constitucional, consisten en síntesis en: a) De la autoridad responsable ordenadora el auto o acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio Agrario de expediente TUA39-617/2014, dentro cual se niega prórroga para la emisión de dictamen pericial en biodiversidad. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en Noviembre de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación, en materia común, correspondiente a la Octava Época, con Registro 221353, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO." Conforme a los numerales citados, relacionados a su vez con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se debe desechar la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia, publicada en enero de 2010, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en materia común, correspondiente a la Novena Época, con Registro 165582, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Del escrito de cuenta, se advierte que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que fue notificada del acto reclamado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, es decir, del auto de seis de ese mes y año, dictado en el juicio agrario TUA39-617/2014, donde la autoridad responsable consideró improcedente la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el perito de su parte, biólogo René Sauceda López. Por lo que, tomándose en cuenta la data que bajo protesta de decir verdad, menciona que tuvo conocimiento (veinte de marzo de dos mil dieciocho), debe tomarse ésta como base para realizar el cómputo para la presentación de la demanda respecto de los actos reclamados. Esto es, si la parte promovente manifiesta tener conocimiento de los actos reclamados desde el veinte de marzo de dos mil dieciocho, es evidente que el plazo de quince días con que contaban para la oportuna presentación de su demanda de amparo, transcurrió en demasía, esto es, inició el veintitrés de marzo del año en curso y feneció el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días veintiuno, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, treinta y uno de marzo; uno, siete, ocho, catorce y quince de abril del año que transcurre, por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, así como el del veintiocho al treinta de marzo, inhábiles por disposición del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, como la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, de lo que se colige de forma diáfana que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea y deben tenerse como tácitamente consentidos los actos que ahora pretenden reclamar, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en materia común, correspondiente a la Séptima Época, con Registro 240475, del rubro y texto siguiente: AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional". También apoya lo antes considerado, la jurisprudencia, publicada en Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en materia común, correspondiente a la Novena Época, con Registro 204707, que textualmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los dispositivos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa, con apoyo en el artículo 113 de la Ley en cita. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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