ALFREDO DÍAZ MORELL y Otros.

Expediente 1139/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1139/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • ALFREDO DÍAZ MORELL y Otros.
  • Alfredo Díaz Morell

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio 40869/2023, emitido por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Trascribe el contenido del acuerdo emitido el ocho de noviembre pasado, del que se advierte que aceptó la competencia declinada, y que radicó el juicio de amparo 1878/2023, de su estadística, para conocer de la demanda promovida por el quejoso, ********************. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente ES CONSERVABLE, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano, y en su momento se destruirán las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Capítulo Décimo Segundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Escrito inicial de demanda promovida por ********************, en favor de ********************.07/11/2023 11:1118791 Vista la demanda de amparo que promueve ********************en representación de ********************, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 1139/2023. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la promovente de amparo reclama: "a) La ilegal detención b) Retención c) Aprehensión d) Posible deportación e) Expulsión del territorio nacional al país de origen f) Orden de presentación en alguna estación migratoria g) Orden de Salida del país h) Incomunicación" En relación con los actos reclamados precisados en los incisos a), b), d), e) y g), tomando en consideración lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Migración se puede afirmar que de no regularizar la directa quejosa su situación en el país, el Instituto de Migración deberá determinar la situación migratoria de ésta en su calidad de extranjera, lo cual podría traducirse en la deportación a su país de origen; por tanto, con fundamento en los artículos 125, 126, 127, fracción II, 160 y 162, de la Ley de Amparo, de oficio SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para: Que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente están y no se realice la deportación del citado quejoso, siempre y cuando dicho mandamiento se haya emitido fuera de procedimiento. Si la deportación o repatriación se emitió con motivo de la facultad de la autoridad responsable en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde esté y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento correspondiente. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre 2007, Materia Administrativa, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Ahora, tocante al acto reclamado precisado en el inciso h) incomunicación, con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación de la que está siendo sujeto el directo quejoso, en virtud de ser dicho acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que en un término no mayor de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 204 del Código Penal Federal, aunado a que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público Federal. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Comuníquese a las autoridades responsables que a efecto de que estén en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento urgente hecho por esta autoridad, tienen a su disposición el número telefónico de guardia 2224593590 y el correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. De igual manera, se requiere a las autoridades responsables para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remitan las constancias de donde se advierta que el quejoso ha tenido, en su caso, comunicación con sus familiares, abogado o persona alguna, previniéndole que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...)." Así también, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe en el término fijado, se les impondrá a cada una de ellas multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata mediante oficio y/o correo electrónico el contenido de esta resolución a las autoridades responsables. Dígase al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que se envía, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada, se le impondrá al encargado, como a la autoridad responsable, multa de mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, todo lo cual el fedatario asentará razón en autos; además, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa, y por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. En otro orden de ideas, toda vez que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. En ese entendido, por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. " Ahora bien, como se dijo anteriormente, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que el promovente de la demanda señala como acto reclamado del Titular de la Estación Migratoria en Puebla medularmente la restricción de la libertad injustificadamente del quejoso directo, lo cual atendiendo a las autoridades señaladas como responsables se traduce en el alojamiento temporal migratorio, privación de la libertad, detención y/o aseguramiento ilegal en la estación migratoria de Puebla, todo ello con la finalidad de deportarlos, repatriarlos y/o expulsarlos, quien provee estima que carece de competencia por razón de materia para conocer del presente asunto, en virtud de que los actos que reclama el promovente de amparo en el presente asunto derivan de una cuestión administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J 119/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, aprobada en sesión privada de sete de septiembre de dos mil veintidós, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." Por lo que se estima que es competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en Materia Administrativa, en términos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello, tomando en consideración que la estancia del directo quejoso está en la Oficina que ocupa la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla, conforme a los hechos narrados deriva de un procedimiento administrativo migratorio, ante el Instituto Nacional de Migración, el cual comprende la 1) presentación, 2) el alojamiento temporal, 3) el retorno asistido y la 4) la deportación. Los que evidentemente se tratan de actos administrativos. En esa tesitura, cabe precisar que los actos migratorios solo contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, y por tanto, no puede considerarse de materia penal. Por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado declina su competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************en favor de ********************, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, y otras autoridades, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el original del presente juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto remita el presente juicio al Juez de Distrito en turno, solicitándole el acuse correspondiente. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario "******************** Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, impriman la constancia respectiva del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Como lo solicita, se comisiona a la oficial judicial "A" para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "********************" para la consulta del expediente electrónico. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa el correo electrónico que se menciona en el escrito de demanda, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. Se tiene autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que se tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ello, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la ley de la materia, se tienen autorizados de la parte quejosa a las restantes personas para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por no aparecer registrados en el referido Sistema. En atención a su solicitud para que se le permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente, con fundamento en el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, así como la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe prohibición legal, facultando para tal efecto a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, quienes deberán identificarse a satisfacción de este Juzgado. En el entendido, que queda bajo la absoluta responsabilidad del peticionario y autorizados, la distribución o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso, tecnológico o en las redes sociales, así como su utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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