Alfredo Díaz Criollo

Expediente 1094/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1094/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Díaz Criollo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ************ (autorizado de la parte quejosa). En atención a su contenido, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en su favor el que indica. En atención al correo electrónico señalado, estese a lo acordado en auto de radicación, donde se tomó nota del mismo únicamente para cuestiones no procesales. Por otro lado, glósese el oficio de cuenta. La Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, comunica el auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. El órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del asunto y admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Radicado como expediente ********** de su estadística. Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta. La Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, devuelve las constancias relativas al exhorto 543/2023-IV, orden 736/2023-IV, del índice de este órgano jurisdiccional (librado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés), sin diligenciar. Dese de baja en el libro electrónico, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Del contenido de las constancias remitidas, se observa la actuaria adscrita a dicho juzgado asentó la imposibilidad para notificar a la parte quejosa en el domicilio físico que señaló para tal efecto. Por las razones expuestas en la diligencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase a la parte impetrante la notificación del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés (desechamiento), así como las subsecuentes aún de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio diverso para tal efecto. Notifíquese en los términos precisados. Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido lo de cuenta. El Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, remite el expediente original del juicio de amparo 960/2023-3-B de su índice. Se advierte mediante proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfredo Díaz Criollo, contra actos del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Acúsese recibo. Fórmese expediente. Regístrese el juicio de amparo con el número 1094/2023-IV que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de control correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, la homóloga federal declinó la competencia en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones que cita y los fundamentos que invoca. Bajo ese tenor, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Con apoyo en el artículo 48 del citado cuerpo de leyes, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y procede al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo. Específicamente su artículo 113, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el artículo citado, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. De la lectura íntegra del escrito inicial y sus anexos, se advierte la parte quejosa reclama: 1. La aprobación, emisión y promulgación del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con motivo de su aplicación. 2. El oficio 1.4.3.5557/2023 de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se le niega su solicitud de pensión de viudez, derivada del fallecimiento de Eyenid Lara Huesca [acto de aplicación del precepto legal previamente invocado]. Congruente con ello, de la lectura de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 212/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya jurisprudencia se citará más adelante, se llega ahora a esta reflexión sobre el tema aquí planteado. La actualización de una causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando: 1. Exista un medio de defensa o juicio en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 2. Que la ley que establece ese medio de defensa o juicio brinde la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo. 3. Que esa ley no exija mayores requisitos que la ley de la materia para la suspensión definitiva. Como lo plasma la fracción IV, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia administrativa, el amparo procede contra actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Dispone además es necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Con los mismos alcances que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva. Ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. Así, es carga procesal de la parte impetrante de amparo agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 3, fracción VII, establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)". De la norma transcrita se desprende el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de actos que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tal como acontece en el presente juicio. En estas condiciones, se sostiene que el presente juicio resulta improcedente. En atención a que la parte quejosa reclama el oficio 1.4.3.5557/2023 de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se le niega su solicitud de pensión de viudez. Aduce le aplicaron lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del contenido de dicho documento [anexo a la demanda], se aprecia el Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado niega otorgarle la pensión de viudez. Con base en que el aquí impetrante se encuentra sujeto al régimen obligatorio del Instituto y no es posible realizar los pagos de la pensión 1619799, hasta en tanto no cause baja como trabajador en activo o se jubile. Citó al efecto el precepto que el peticionario tilda de inconstitucional. En efecto, para poder determinar si una resolución emitida por la autoridad administrativa es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, es menester que aquélla constituya el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En el caso, aun cuando el acto reclamado no constituye la resolución que pone fin a un procedimiento, sí se trata de una manifestación aislada que refleja la última voluntad oficial. Determinó no se le puede otorgar la pensión de viudez. Hasta en tanto cause baja como trabajador en activo o se jubile. En ese sentido, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debe agotar de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto. Por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado. Conforme al artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Establece la posibilidad legal, en la instancia ordinaria, de que se declare la nulidad del acto o resolución impugnada. En este caso, reclamado como primer acto de aplicación. Sirve de sustento la jurisprudencia 287 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 307, Novena Época, Registro digital 1002353, Materia Administrativa, de voz: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Asimismo, del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en la Ley de Amparo. Lo que refuerza que el acto carece de definitividad. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Tiene sustento lo esgrimido con antelación en la Jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1194, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, Común, Décima Época, Registro 2011289, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." No obsta a lo anterior, la narrativa del peticionario en su demanda de amparo. Refiere el acto de aplicación deriva de una norma general declarada inconstitucional. Con base en las tesis de Jurisprudencia 2a./J. 128/2019 y 2a./J. 129/2016 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A saber, el numeral 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello no actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en que "carezca de fundamentación". Aun cuando refiera la aplicación de la citada norma. Por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico. Por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad. Tan es así que precisamente constituye su principal dolencia -lo anterior con independencia que reclama el dispositivo 12 del citado reglamento-. Por ende, debe accionar el medio de defensa conducente. Luego, tal obligación no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo. Sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta. El tribunal ordinario deberá aplicar el criterio jurisprudencial, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cobra aplicación, por sus consideraciones, algunas enunciadas previamente y dado el criterio emitido en conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.) de dicha Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1704, Undécima Época, Registro digital 2024511, Materia Común, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada (contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia), con apoyo en el numeral 113 de Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita exclusivamente se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "LUISORGAZ". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito correspondiente, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita. b) En caso ser factible lo anterior, permítase al usuario que refiere, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. AUTORIZADO. En atención a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se faculta en términos amplios a Luis Ángel Orgaz Leal. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se toma nota del correo electrónico y número de teléfono proporcionados, únicamente para comunicaciones no procesales. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea. pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR EXHORTO. Dado el sentido del presente acuerdo y tomando en consideración que el solicitante de derechos humanos Alfredo Díaz Criollo, en el proemio de la expresamente señala su intención de recibir notificaciones exclusivamente en el domicilio ubicado en calle Leopoldo Kiel número once (11), colonia Rafael Lucio, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz (frente a la Antena de Telecomunicaciones), se determina: Con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese [vía interconexión] atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Xalapa, para que en auxilio de este Juzgado Federal, comisione al personal actuante de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio antes precisado y notifique el presente proveído a la parte quejosa. Además, se solicita requiera a Alfredo Díaz Criollo para que al momento de la diligencia señale domicilio donde recibir notificaciones en su favor, en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz. Con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, de conformidad con lo previsto en el numeral 27, fracción III de la ley de la materia. Salvo que con posterioridad decida hacer el señalamiento respectivo, para lo cual conserva expedito su derecho. Sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación oficial enviada, en razón de que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y por exhorto a la parte quejosa.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Luis Ángel Orgaz******************** autorizado de la parte quejosa. Interpone recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés que desechó la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase -vía electrónica- al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en esta ciudad, el ocurso de expresión de agravios, así como las constancias que integran el expediente en que se actúa para su resolución. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la encargada del Sistema de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Luis Ángel Orgaz Leal (autorizado en términos amplios de la parte quejosa). En atención a su contenido, estese a lo dispuesto en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, donde se acordó la expedición de copias simples y certificadas a las partes así como a sus autorizados. Cúmplase.

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