Alfredo Davila Irigollin

Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Davila Irigollin
  • Claudio Mauricio Encalada Encaladas
  • Titular del Departamento Juridico de Regulacion Migratoria del Instituto Nacional de Migracion
  • Johanna Mariuxi Marin Delgado
  • CLAUDIO MAURICIO ENCALADA ENCALADAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vistala certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo tanto, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 701/2021-I, promovido por Alan Daniel Fernández Oquedo, en favor de Claudio Mauricio Encalada Encalada, Johanna Mariuxi Marín Delgado, Johanna Cristina Morocho Yanza, Alfredo Dávila Irigoin y Carlos Enrique Cordón Sosa, contra actos del Titular del Departamento Jurídico de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado en la misma fecha Alan Daniel Fernández Oquedo, solicitó en favor de Claudio Mauricio Encalada Encalada, Johanna Mariuxi Marín Delgado, Johanna Cristina Morocho Yanza, Alfredo Dávila Irigoin y Carlos Enrique Cordón Sosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Titular del Departamento Jurídico de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria, Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria y Titular, Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, a quienes reclamó: "1.- De las autoridades señaladas como responsables, se les reclama a nombre de los quejosos la ilegal e inconstitucional TENERLOS COMO ASEGURADOS, PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y RESTRINGIRLES SU LIBERTAD TRANSITO POR EL PAIS, según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados. 2.- Se reclama la violación a la Ley de Refugiados, por parte de las autoridades señaladas como responsables, por su omisión al NEGARLES EL DERECHO DE PETICION A LOS HOY QUEJOSOS PARA REGISTRARSE COMO REFUGIADAS ANTE LA COMAR, con el fin de regularizar su estancia en territorio mexicano y/o negativa de la autoridad ante nuestra solicitud para iniciar el trámite ante LA COMAR, para ser consideradas como REFUGIADOS dentro de territorio mexicano, pues están huyendo de su país al negarse a pertenecer a las pandillas que están aliadas con el narcotráfico y es conocido que el que si se niegan a pertenecer a esas organizaciones criminales es perder la vida. 3.- De las autoridades señaladas como responsables se reclama la EMINENTE ORDEN DE DEPORTACIÓN de los hoy quejosos pues existe el TEMOR FUNDADO DE SER DEPORTADOS EN CUALQUIER MOMENTO A SUS PAISES DE ORIGEN ECUADOR, GUATEMALA y PERÚ, lo cual les causaría un agravio a sus personas de difícil reparación, pues el haber salido de su natal país fue ante el temor de perder la vida a manos del crimen organizado o pandillas coludidas con el narcotráfico." SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y norma de índole legal. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de trece septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de referencia; se registró bajo el expediente 701/2021-I; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: Tenerlos asegurados, privados de la libertad, negarles el derecho de petición para registrarse como refugiados ante la COMAR y la orden de deportación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, y en representación del Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, refiere que el diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno, les dieron oficio de salida a los aquí quejosos de la Estación Migratoria, los cuales obran en autos. Razón por la cual se tienen por ciertos, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En apoyo a su informe las autoridades, enviaron copias certificadas de las constancias relativas a dicha contienda administrativa y de la que deriva el evento controvertido de inconstitucional, medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen e impugnan de inconstitucionales. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la detención, posible deportación y la incomunicación y privación de la libertad por virtud del alojamiento en una estación migratoria de que fueron objeto, así como la falta de instauración de un procedimiento migratorio. En relación con lo anterior, Claudio Mauricio Encalada Encalada (Nacionalidad Ecuatoriana), Johanna Mariuxi Merin Delgado (Nacionalidad Ecuatoriana), Alfredo Dávila Irigoin (Nacionalidad Peruana), Carlos Enrique Cordon Sosa (Nacionalidad Guatemalteca) y Johanna Cristina Morocho Yanza (Nacionalidad Ecuatoriana), solicitaron apegarse al beneficio de retorno asistido voluntario; asimismo, fueron puestas en libertad previas las condiciones fijadas para ello. Asimismo, la autoridad responsable hizo llegar los oficios mediante los cuales informó la salida de los quejosos de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno. Asimismo, remitió las actas de notificación de los quejosos de la resolución en la cual se salvaguardó su derecho a libre tránsito y su derecho a la salud, quedando en libertad y continuando con el trámite migratorio. Con esto no queda duda que con el actuar de la autoridad responsable se destruyeron los actos reclamados en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Alan Daniel Fernández Oquedo, en favor de Claudio Mauricio Encalada Encalada, Johanna Mariuxi Marín Delgado, Johanna Cristina Morocho Yanza, Alfredo Dávila Irigoin y Carlos Enrique Cordón Sosa, en términos de los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario del Juzgado que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que remite la autoridad, Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por sí, y en representación del Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, Jefe del Departamento y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua, con sede en Janos, Chihuahua, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo como de la documental que anexa al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le tiene informando que conforme a la estructura organizacional de esa oficina de representación federal, la autoridad responsable señalada por el quejoso como "Representante local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua", es inexistente. En tal sentido, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que su interés legal convenga en relación a la autoridad, Representante local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, toda vez que no existe con tal denominación. Lo antes dicho, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo otorgado se tendrá como inexistente la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´lgwm

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y ACTUAL ENCARGADO DE LA ESTACION MIGRATORIA DE JANOS CHIHUAHUA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA ESTACION MIGRATORIA DE JANOS CHIHUAHUA, TITULAR, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y ATENCION AL MIGRANTE DE LA ESTACION MIGRATORIA DE JANOS CHIHUAHUA, con sede en Janos, Chihuahua, ni tampoco obran las piezas postales que amparan los oficios en los que se les remitió copia de la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrito a la Estación Migratoria Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Janos, Chihuahua, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de los expedientes de originales administrativos instaurados contra de los quejosos CLAUDIO MAURICIO ENCALADA ENCALADAS, JOHANNA MARIUXI MARÍN DELGADO, JOHANNA CRISTINA MOROCHO YANZA, FREDY BENEDICTO HERNÁNDEZ QUINTEROS, ALFREDO DÁVILA IRIGOLLIN y CARLOS ENRIQUE COTION SOSA e informe la situación migratoria de ellos, a efecto de que este órgano jurisdiccional resuelva el presente controvertido de amparo. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62) de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Sobre el particular, es oportuno citar la tesis I.16o.A.10 K sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada con el registro digital 2012433, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2684 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA REQUERIR LAS QUE NO OBREN EN EL SUMARIO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES PARA QUE CUENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA EMITIR SU SENTENCIA. Conforme al párrafo primero del artículo mencionado, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no deben admitirse ni tomarse en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Por su parte, acorde con su tercer párrafo, tratándose del juicio de amparo indirecto, el órgano jurisdiccional debe recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, de lo que deriva la facultad del Juez de Distrito de allegarse de dichas pruebas cuando advierta que requiere de documentos diversos a los que obran en el sumario; sin embargo, esa facultad le fue otorgada para que pueda contar con todos los elementos que estime necesarios para emitir su sentencia, no para pronunciarse en relación con la procedencia inicial de una demanda de amparo, pues el referido numeral es claro en señalar que las documentales que debe allegarse el juzgador son para emitir la resolución del asunto, y no en otro sentido. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 75, párrafo tercero, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona, que prioriza la interpretación más favorable al gobernado pues, de otra manera, se coartaría la oportunidad del quejoso de conocer las pruebas con base en las cuales el juzgador se pronunciaría respecto a la procedencia de la instancia constitucional intentada." Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos, Licenciado Abraham Smeke García, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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