Alfredo David Macías Martínez

Expediente 718/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
718/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Alfredo David Macías Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA. V. Ciudad de México, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese, el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, envíese copia certificada de las constancias que solicita. Asimismo, se le hace del conocimiento que en auto de once de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; mismo acuerdo que causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintiuno; lo que se hace del conocimiento para los efectos conducentes. *

  2. Principal

    MESA. V. Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar este asunto como concluido.*

  3. Principal

    MESA. V. Ciudad de México, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación personal realizada al quejoso ********************se advierte que realizó la siguiente manifestación: "Señalo como mi defensor al licenciado ******************** a quien autorizo en términos amplios". Por tanto, téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************; lo anterior, en virtud de que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. .

  4. Principal

    MESA V Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, ..., se provee: RADICACIÓN -..., fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 718/2020-V-A. DESECHAMIENTO - ..., que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. ...: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ... Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado: Traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (donde se encuentra actualmente) a uno diverso dentro de la Ciudad de México. De esa manera, respecto aquel acto, se actualiza la misma causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". Así, el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Como excepción a dicho principio, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento y sin que la ley aplicable contemple su existencia. En esa tesitura, los artículos 49, 50 a 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contienen las formalidades que se deben observar para efectuar el traslado de un sentenciado y, al efecto tales dispositivos son del tenor siguiente: Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." (Lo subrayado no es de origen) De la interpretación sistemática de los citados artículos, se desprenden las formalidades que se deben cumplir para que una orden de traslado esté ajustada a derecho, esto es, que debe ser autorizada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales o el Juez instructor de la causa, previa audiencia del afectado y solicitud del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con excepción de los casos en que se trate de un traslado como medida urgente por cuestiones de seguridad de los Centros Penitenciarios, del sentenciado y por premura médica, en donde la autoridad penitenciaria será quien lo ordene, limitándose a notificar tal acontecimiento a la autoridad judicial que lo tenga a su disposición, o bien, al Juez de Ejecución correspondiente, en el que se expresarán los motivos de tal acción, a fin de que éste califique la legalidad de la medida decretada. Cabe precisar, que el procedimiento del traslado por excepción está compuesto por dos fases; la administrativa en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado, y la judicial, en la que el juez convalida o revoca el traslado. Cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2264, del Tomo III, Septiembre de 2019, Materia Común, Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020572, de rubro: "TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA. ... Por consiguiente, el traslado reclamado por la quejosa se encuentra en fase administrativa y dicha determinación no constituye la resolución final, pues como se dijo, de acuerdo al procedimiento de traslado por excepción, establecido en el numera 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe ser revisado de oficio por el juez competente, para calificar si la determinación administrativa se ajustó a los supuestos que establece la citada Ley. Luego, la determinación judicial que califique la legalidad del traslado será la que constituya la resolución definitiva, contra la cual, sí procede el juicio de amparo. Además, el numeral citado establece que, en el caso de que el juez sea omiso en pronunciarse sobre la legalidad del acto, la persona privada de la libertad puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, por virtud de la cual puede ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que, si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional. Cabe mencionar que el acto reclamado cuyo examen de improcedencia se aborda, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción del aludido principio de definitividad, señalados en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la revisión oficiosa no se encuentra prevista en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, ya que está contemplada en una ley formal y materialmente válida, como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su numeral 52. De igual manera, en el caso, hasta en tanto se dicte la resolución judicial, el acto ejecutado por la autoridad administrativa carece de efecto jurídico para suspender de oficio. Pues como se ha precisado, el mecanismo excepcional previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un procedimiento administrativo-jurisdiccional, en el cual la autoridad penitenciaria ejecuta previamente el traslado con el fin de mitigar una cuestión urgente, con la consecuente obligación de informarlo al juez de ejecución o de control, según corresponda, quien se pronunciará sobre su convalidación, modificación o revocación. En esta tesitura, se concluye que, si una orden de traslado involuntaria excepcional se emite y ejecuta durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se trata de un acto emitido fuera de procedimiento porque el legislador secundario estableció los procedimientos previstos en los numerales 50, 51, y 52 de esa legislación, en los que reglamentó la manera en la que operará la facultad exclusiva del Poder Judicial de decidir sobre la modificación de las penas en materia de traslado de reos, en términos de los artículos 18 y 21 Constitucionales. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende respecto al acto reclamado consistente en el traslado del centro de reclusión donde actualmente se encuentra el quejoso a uno diverso dentro de la Ciudad de México. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA...., se especifica que dicha diligencia deberá llevarse a cabo una vez que se regularicen las actividades de este órgano de control constitucional; lo anterior es así, porque es necesario resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA - En términos del artículo 27, fracción i, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. DEFENSOR- Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no nombró a algún licenciado en derecho que la asesore dentro de este juicio de amparo; en consecuencia, requiérase al quejoso para que en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días siguientes, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, designe a un licenciado en derecho para que la represente en este juicio con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho; apercibida que de incumplir con lo anterior, este juzgador le nombrará a un defensor público. ...: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ... CAPTURA SISE... Notifíquese personalmente.

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