Alfredo Damián Guzmán
Expediente 865/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alfredo Damián Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VENTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero a veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del auto de plazo constitucional dictado el veintidós de octubre actual, en la causa penal 169/2014-I, en el que se decretó auto de formal prisión en contra de la parte quejosa por el delito de violencia familiar, en agravio de Adelina Perales Jiménez. Por otro lado, mediante proveído de diecisiete del mes en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual se le tuvo por remitiendo copia certificada de la diligencia de once del presente mes, en la que se aprecia que en la causa penal 169/2014-I, se declaró extinguida la acción penal con motivo del perdón otorgado por la diversa agraviada Claudia Damián Perales, a favor del inculpando Alfredo Damián Guzmán; a esta documental se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama: 1. La orden de aprehensión girada en su contra el treinta de octubre de dos mil catorce, por el delito de violencia familiar en agravio de Adelina Perales Jiménez y Claudia Damián Perales. En mérito de lo anterior, y por lo que respecta a la orden de captura respecto a la agraviada Adelina Perales Jiménez, como en este juicio se reclamó una orden de aprehensión, sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En la tesis de jurisprudencia 17/2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede decretar el sobreseimiento en el juicio si se reclamó una orden de aprehensión y, posteriormente aparece demostrado que se dictó auto de formal prisión, su texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." La tesis anterior se apoyó en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es correlativo con el artículo 61, fracción XVII antes transcrito, por lo tanto, se considera que sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. En el caso, se reclamó la orden de aprehensión atribuida al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, contra el promovente del amparo, dentro de la causa penal número 169/2014-I y de acuerdo con las constancias que exhibió en el oficio de cuenta, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, esa efectivamente fue librada en su contra el treinta de octubre de dos mil catorce, pero el veintidós de octubre actual se le decretó auto de formal prisión lo que define su situación jurídica como procesado. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el juicio. Por lo que respecta, a la citada orden de aprehensión y a la agraviada Claudia Damián Perales, con fundamento en el artículo 62 de la ley en aplicación, se advierte que, sobreviene de modo manifiesto e indudable la diversa causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Esa norma jurídica establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá. Este supuesto se actualiza, pues conforme con las constancias recibidas, se advierte que al haber otorgado la parte ofendida el perdón al quejoso, se declaró extinguida la acción penal y el sobreseimiento de la causa; por tanto, el acto reclamado ha cesado en sus efectos al producirse el mismo resultado para el caso de que se concediera el amparo. Las causas de improcedencia en estudio dan lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado, que será siempre en el mismo sentido; en consecuencia se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional .
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ADELINA PERALES JIMENEZ Y CLAUDIA DAMIAN PERALES, EL AUTO DE VENTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero a veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del auto de plazo constitucional dictado el veintidós de octubre actual, en la causa penal 169/2014-I, en el que se decretó auto de formal prisión en contra de la parte quejosa por el delito de violencia familiar, en agravio de Adelina Perales Jiménez. Por otro lado, mediante proveído de diecisiete del mes en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual se le tuvo por remitiendo copia certificada de la diligencia de once del presente mes, en la que se aprecia que en la causa penal 169/2014-I, se declaró extinguida la acción penal con motivo del perdón otorgado por la diversa agraviada Claudia Damián Perales, a favor del inculpando Alfredo Damián Guzmán; a esta documental se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama: 1. La orden de aprehensión girada en su contra el treinta de octubre de dos mil catorce, por el delito de violencia familiar en agravio de Adelina Perales Jiménez y Claudia Damián Perales. En mérito de lo anterior, y por lo que respecta a la orden de captura respecto a la agraviada Adelina Perales Jiménez, como en este juicio se reclamó una orden de aprehensión, sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En la tesis de jurisprudencia 17/2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede decretar el sobreseimiento en el juicio si se reclamó una orden de aprehensión y, posteriormente aparece demostrado que se dictó auto de formal prisión, su texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." La tesis anterior se apoyó en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es correlativo con el artículo 61, fracción XVII antes transcrito, por lo tanto, se considera que sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. En el caso, se reclamó la orden de aprehensión atribuida al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, contra el promovente del amparo, dentro de la causa penal número 169/2014-I y de acuerdo con las constancias que exhibió en el oficio de cuenta, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, esa efectivamente fue librada en su contra el treinta de octubre de dos mil catorce, pero el veintidós de octubre actual se le decretó auto de formal prisión lo que define su situación jurídica como procesado. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el juicio. Por lo que respecta, a la citada orden de aprehensión y a la agraviada Claudia Damián Perales, con fundamento en el artículo 62 de la ley en aplicación, se advierte que, sobreviene de modo manifiesto e indudable la diversa causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Esa norma jurídica establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá. Este supuesto se actualiza, pues conforme con las constancias recibidas, se advierte que al haber otorgado la parte ofendida el perdón al quejoso, se declaró extinguida la acción penal y el sobreseimiento de la causa; por tanto, el acto reclamado ha cesado en sus efectos al producirse el mismo resultado para el caso de que se concediera el amparo. Las causas de improcedencia en estudio dan lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado, que será siempre en el mismo sentido; en consecuencia se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional .
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