Alfredo Cortes Paz
Expediente 439/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alfredo Cortes Paz
- Junta Especial número Siete de la Local de Concialiación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa, a quien en todo caso le perjudica, no interpuso recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado ejecutoria la resolución de veinticuatro de enero en curso, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 439/2018-3, promovido por Alfredo Cortés Paz, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. TERCERO. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. CUARTO. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos sin mayor trámite, el oficio remitido por el representante legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, en virtud de que el veinticuatro de enero del actual, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe.SRCT/JLBA/pmgc.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 439/2018-3, promovido por Alfredo Cortés Paz, por su propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Alfredo Cortés Paz, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado (sic) de Tamaulipas, con domicilio oficial conocido en Héroe de Nacataz esquina con avenida Ocampo Sector Centro en esta Ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- La notoria omisión de la responsable de dictar el laudo que corresponda en derecho dentro del expediente laboral 12/7/2018, que se ventila ante la H. Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1°, 14, 16, 17, 123 y 133; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas; por acuerdo de treinta de noviembre del año próximo pasado se registró con el número 439/2018-3; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; asimismo, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior fue cumplido, se dictaron los acuerdos procedentes y la audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, puesto que el acto reclamado es relativo a una omisión acaecida dentro de un juicio laboral del índice de una autoridad residente en esta ciudad, la cual dada su naturaleza jurídica carece de ejecución material, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 32, Novena Época, registro 192097 y en la diversa tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, página 255, Novena Época, registro 181810. Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo y demás constancias de autos, se aprecia que el acto reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 12/7/2018. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Como la existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, se procede analizar el informe justificado rendido por la responsable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, Enero- Junio de 1990, página 95 que lleva por rubro, el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." El Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, no se pronunció en forma categórica sobre la certeza o inexistencia de la omisión reclamada; sin embargo, de sus manifestaciones se advierte la existencia de esa conducta, lo cual se corrobora con las documentales que al efecto acompañó, de las que se desprende que a la fecha de presentación de la demanda no se había dictado el laudo, dentro del expediente laboral 12/7/2018, de ahí que deba tenerse por cierta la omisión impugnada en esta instancia. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, julio de 1994, Tomo XIV, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad responsable, a las mismas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de la omisión reclamada se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1985, Parte VIII, materia común, página 262, Quinta Época, registro 395571, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La causal de mérito alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente, cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en su perjuicio. Lo anterior es así, porque conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En el caso particular, el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable en dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 12/7/2018 de su índice. Sin embargo, de las constancias allegadas al presente sumario por el Presidente de la Junta responsable, mediante oficio 53/2018, se advierte que con fecha once de enero de dos mil diecinueve (fojas 87 a 90), comparecieron ante dicha autoridad la parte actora -aquí quejoso- Alfredo Cortés Paz y la parte demandada -aquí terceros interesados- Carlos Román Sánchez y Gilberto Arnulfo López García, así como las morales Rapid Logística Integral y PI de Querétaro, ambas Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, todos por conducto de su representante legal el licenciado Nereo Guadalupe Villareal Ibarra, con el fin de realizar un convenio, mediante el cual, la parte actora manifestó su deseo en desistirse de la demanda y acciones intentadas en su escrito inicial de demanda laboral, por cuanto hace a todos y cada uno de los demandados, recibiendo el aludido actor la cantidad en efectivo de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de todas las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda; dando así por terminada la contienda natural, fijándose las cláusulas del mismo, con las cuales ambas partes estuvieron de acuerdo, manifestando no tener alguna otra reclamación qué hacerse mutuamente, presente o futura, no reservándose ninguna acción o derecho que ejercitar ante autoridades del fuero común, federales o del trabajo. Por tanto, al estar conformes con los términos establecidos en dicho acuerdo de voluntades, la autoridad responsable tuvo a las partes por celebrando convenio en la forma y términos precisados en el mismo. Asimismo, aprobó dicho acuerdo de voluntades y tuvo a la parte actora por desistida de la demanda. En consecuencia, una eventual concesión del amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado pues resultaría inviable obligar a la junta responsable a dictar laudo en un juicio que ya concluyó en virtud de la celebración de un convenio aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada. De ahí que, no sería factible conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que, en su caso, se ordene a la autoridad responsable dicte el laudo en el expediente laboral 12/7/2018, ya que el quejoso celebró convenio con la parte demandada -aquí tercera interesada-, con el cual de manera voluntaria dieron por terminada la contienda laboral; además, la probable infracción cometida -omisión reclamada- no podría ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo. Por ende, debe concluirse que resulta improcedente el presente juicio de amparo, dada la imposibilidad de concretar a favor del impetrante los efectos de la concesión del amparo, dadas las consideraciones vertidas en la presente resolución. En apoyo de lo anterior se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, página 119, Séptima Época, registro 237687, que dice: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". De igual forma, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 9, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197245, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Lo relatado en los párrafos que anteceden, pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77, interpretado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el presente juicio de garantías respecto al acto reclamado y autoridad responsable señalados en este apartado. Al actualizarse la causa de improcedencia aludida, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa; es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, página 335, del tomo VI, parte SCJN, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Publicación de la sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alfredo Cortés Paz, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de José Luis Batres Antonio, secretario que da fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio remitido por el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con residencia en esta ciudad, a través del cual cumple con lo solicitado por este juzgado en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y comunica que se localizó un registro a nombre del tercero interesado Gilberto Arnulfo López García, con domicilio ubicado en calle Constitución número 2426, colonia San Rafael, código postal 88200, de esta ciudad; sin embargo, únicamente agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que mediante proveído de dieciocho de enero del actual (foja 97), se le tuvo por emplazado al citado tercero. Notifíquese. Así lo acordó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe.
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