ALfredo Caso Velazquez

Expediente 1562/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1562/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • ALfredo Caso Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    III El estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimiento Legales de la Tesorería de la Federación, por medio del cual acusa recibo del oficio 16357/2017, por el cual se remitió el billete de depósito N 400399, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    III. Visto los oficios signados por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual informa que dicho juzgado acepta la competencia, motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, asimismo solicita sea notificado al quejoso los autos de veinte de octubre del año en curso, en el cuaderno principal y en el incidente de suspensión relativos al juicio de amparo 1552/2017-I-B; asimismo, se le requiera para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, apercibido que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por lista en los estrados del órgano oficiante. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y notifíquese lo solicitado en el presente proveído.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Alfredo Caso Velázquez, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1562/2017-III. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito declara su incompetencia legal para conocer de la demanda y estima que debe remitirse con sus copias al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que se considera que a él compete avocarse a su conocimiento. Lo anterior, sin proveer sobre su admisión ni respecto a la suspensión de los actos reclamados, por no actualizarse las hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor. En ese tenor, es conveniente transcribir y analizar el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido de tal precepto se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante quien se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. De ello se sigue que las normas de competencia reguladas en el precepto invocado establecen una serie de supuestos de competencia que son aplicables de forma sucesiva y que son excluyentes entre sí. Si bien la autoridad que dicta u ordena los actos que se reclaman en el juicio de amparo puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales de un impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, lo que tiene un sustento racional derivado del sistema nacional de división territorial, bajo el cual, se establecen los límites competenciales para que los juzgadores ejerzan su jurisdicción y que maximiza el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues facilita al demandante del servicio de administración de justicia el acudir ante el órgano bajo cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando, o se hayan ejecutado los actos reclamados que por su cercanía, está en aptitud de actuar con mayor eficacia para resolver los asuntos que se sometan a su consideración, así, el quejoso cuenta con mayores posibilidades de defensa, pues cuenta con más facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, promover en el juicio e interponer los recursos procedentes. Ahora bien, para resolver este asunto, es necesario destacar cuatro aspectos que se obtienen de la demanda de amparo promovida por el quejoso Alfredo Caso Velázquez: 1. Señaló como autoridades responsables ordenadoras, las siguientes: a los Juez Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahulacoyotl y en Almoloya de Juárez, Estado de México. 2. Precisó como autoridades responsables ejecutoras: al Delegado en el Estado de México de la Procuraduría General de la República, Titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Procuraduría General de la República, Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos de la Procuraduría General de la República y Titular de la Agencia de Investigación Criminal. 3. Reclamó a las autoridades ordenadoras la orden de aprehensión, detención, localización y presentación y/o comparecencia giradas en su contra, y a las restantes su ejecución, actos que por su naturaleza sí requieren de ejecución material y que son de consumación instantánea, pues se agotan con la captura de la solicitante de la protección constitucional por parte de los elementos policíacos que hayan sido comisionados con esa finalidad. 4. El quejoso en su capítulo de antecedentes de los actos reclamados, expresó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "El día 27 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 05:20 horas de la mañana, se presentaron en el club deportivo denominado "Club Irlandés de Raqueta" al cual acudo diariamente, ubicado en Paseo de la Herradura #309, Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, unas personas a bordo del vehículo marca Nissan Sentra color azul, con placas de circulación E60AJJ, preguntando por el suscrito. Por el tipo de placas y vehículo entiendo que se trata de un vehículo de la Procuraduría General de la República y que las personas eran agentes de la policía." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio en el sentido que nos ocupa, pues determinó que si una orden de privación de libertad requiere de ejecución material, el juez competente para conocer dicho acto es aquél que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse la persona contra la que se dirige la orden. En esa regla estableció como condición el que también se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para establecer la competencia del juez, ya que de lo contrario, el simple señalamiento del domicilio por la parte quejosa constituiría un dato insuficiente para justificar su competencia, ya que en esas condiciones, quedaría al arbitrio del solicitante de la protección constitucional el definir la competencia de un Juez de Distrito, lo que resulta jurídicamente inadmisible. El criterio que mencionamos se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013, que es aplicable aun cuando se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que su contenido no se opone a las reglas de la nueva normatividad vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, conforme a su Sexto Transitorio, que indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En el caso, es cierto que la quejosa únicamente señaló autoridades responsables ordenadoras con residencia en el Estado de México, lo que en principio hace suponer que las órdenes reclamadas fueron emitidas por una autoridad federal de esa circunscripción territorial, sin embargo, atendiendo a la naturaleza de la ordenes reclamadas, su ejecución que es instantánea y consumaría el acto reclamado, está en aptitud legal de ser realizada por una de las autoridades responsables señaladas como ejecutora, que lo son autoridades de la Procuraduría General de la República, que en el ámbito federal, están facultadas a través de la policía a su cargo, para ejecutar los mandamientos ministeriales en toda la república mexicana y que, desde luego, incluye el municipio de Huixquilucan, Estado de México, en donde el quejoso afirma bajo protesta de decir verdad que se han tratado de ejecutar los actos. De esta forma, como el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que el Juez competente para conocer del juicio, es aquel que tiene jurisdicción, entre otros supuestos, donde trate de ejecutarse el acto reclamado, entonces, es posible sostener que si en la demanda de amparo la quejosa señaló como acto reclamado una orden de detención y su ejecución, además, bajo protesta de decir verdad, manifestó que ese acto se trata de ejecutar en su domicilio ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, aspecto que no puede descartarse a priori, pero además, porque fue señalada una autoridad responsable que está facultada para ejecutar el acto en ese lugar, concluimos que en este momento es competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, pues de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicha autoridad ejerce jurisdicción en el lugar en que se trata de ejecutar el acto reclamado. Se sostiene de ese modo, por dos razones fundamentales: (1) La protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el amparista, ya que en esa fase del procedimiento -auto de admisión-, no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables. En ese contexto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es aplicable aun cuando se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que su contenido no se opone a las reglas de la nueva normatividad vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, conforme a su Sexto Transitorio y que se inserta a continuación: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 'PROTESTO LO NECESARIO' Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste 'bajo protesta de decir verdad' los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase 'Protesto lo necesario', que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." (2) Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, atendiendo a la pretensión en su aspecto material y no únicamente formal. En ese tenor, si el quejoso Alfredo Caso Velázquez, bajo protesta de decir verdad asegura que la ejecución de las ordenes reclamadas y su ejecución, se ha pretendido ejecutar en el municipio de Huixquilucan, Estado de México y señaló como responsables ejecutoras a autoridades de la Procuraduría General de la República, que tiene competencia en toda la república para ejecutar esa orden, es dable concluir que esos elementos son suficientes para determinar que la autoridad de amparo con residencia en Naucalpan de Juárez, México, es la competente por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa. Para concluir de esta forma, no debe considerarse el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo que se actualiza cuando existen autoridades que pueden ejecutar los actos en distintos territorios o que han comenzado a ejecutarse en un lugar y continúan realizándose en otro, por lo que debe conocer de la demanda el juzgador que previno su conocimiento, puesto que, esta regla opera siempre que no exista otro dato que revele la actualización de diverso supuesto de competencia previsto en el mismo precepto, ya que como se dijo, tales hipótesis son excluyentes entre sí, como ocurre en el caso, cuando se ha expresado que es en uno de esos territorios en donde pretende ejecutarse el acto. En esas condiciones, con copia simple de la papeleta, demanda y de la presente determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes, y envíese el original en que se actúa al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo, así como informar la determinación que tenga a bien emitir al respecto, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. En virtud de la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto del Río Azuara, Jesús Ismael Moreno de Leija, Manuel Fletes Stadeler, Luis Alberto Ávila Posada y Alexia Ana María González Navarrete y a las restantes en términos restringidos de dicho numeral. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a las manifestaciones del fedatario judicial, procédase a realizar la notificación de mérito, así como las subsecuentes, incluso las de forma personal, por medio de lista que se fija en este recinto judicial, por así señalarlo en el escrito de demanda. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano