Alfredo Carmona Villarreal
Expediente 144/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/07/2022
Partes del expediente
- Alfredo Carmona Villarreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, los diversos numerales 7.1.1. inciso 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable ya que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo en el juicio. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que remitió como complemento de su informe justificado en el sumario en que se actúa, sin solicitar el acuse de recibo por tratarse de copia certificada.
- Principal
SENTENCIA R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ++++++, de conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a +++++, por los motivos asentados en los considerandos séptimo y octavo de la presente sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, a través del cual solicita la ampliación de demanda que originó el presente sumario, en los términos que refieren. En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 111, fracción II, 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. Las porciones normativas de referencia establecen textualmente lo que sigue: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En primer lugar, se estima pertinente establecer que dicha causal se traduce en la oportunidad de promover el juicio de derechos fundamentales, el cual será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos que se señala el citado numeral 17 de la Ley de Amparo, es decir, en el término de quince días, pues en este caso, lo reclamado no encuadra en alguna de las salvedades del artículo en cita, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior se establece que, para que surta efectos la disposición indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento en contra del promovente del amparo, notifique a éste, dentro de ese propio procedimiento, la resolución o determinación que se señale como acto reclamado, pues sólo de esa manera el término de quince días que el artículo 17, de la ley de la materia vigente, concede para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación mencionada. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), tomando en cuenta que la actualización de los mismos implica que la parte quejosa tenga de manera fortuita conocimiento de los actos reclamados, o bien, al promover la demanda de amparo se ostente como sabedor de los mismos, es lógico pensar que en esos casos no existe una notificación formal de los actos reclamados conforme a la ley que los rige, sino más bien su conocimiento surge de manera fortuita, lo que justifica que el término de quince días mencionado deberá computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos reclamados o se ostente sabedor de los mismos, y no a aquel en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto reclamado, pues, como ya se vio, el propio artículo 17, de la Ley de Amparo, le da un tratamiento especial cuando exista notificación formal por parte de la autoridad responsable hacia el quejoso respecto del acto reclamado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa se ubica en la hipótesis indicada en el inciso b), es decir, para contabilizar el término de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo, se debe contar a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados. Ahora bien, del escrito de ampliación de demanda se observa que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la responsable de notificarle mediante correo electrónico el proveído de veintitrés de enero del año en curso dictado en la carpeta de investigación TLA/FNC/NAU/060/133385/18/06. Por otro lado, de autos se evidencia que por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió la demanda respecto al acto reclamado consistente en el proveído de veintitrés de enero del año en curso, emitido por la responsable en la carpeta de investigación TLA/FNC/NAU/060/133385/18/06. De lo anterior, se colige que desde el dieciocho de marzo del año en curso, tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, tan es así que amplio la demanda por cuanto hace al proveído de veintitrés de enero del año en curso; por tanto, es evidente que desde ese momento tuvo conocimiento que no se le había notificado el referido proveído por correo electrónico -acto reclamado en la presente ampliación- y por ende encuadra en el plazo de quince días para ampliar la demanda a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. También es aplicable, la tesis I.2o.P.23 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 2549, Décima Época, registro digital 2004447, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 111, 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar la ampliación de demanda de amparo promovida por Alfredo Carmona Villareal.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidas la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación ***, mismas que remitió el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite de la Fiscalía Regional Toluca, Estado de México, como complemento a su informe justificado, por lo que se ordenó dar vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga, el cual fue notificado el veinte de mayo siguiente y surtió efectos el veintitrés de mayo pasado, de ahí se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dichas constancias. En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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