Alfredo Carballo Jaimes

Expediente 709/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
709/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Carballo Jaimes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el secretario José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que del trece al quince del mes y año en curso, transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de ocho del mes y año en cita, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Órgano Jurisdiccional; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de febrero de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de ocho del mes y año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a los actos realizados por la autoridad responsable inherentes al cumplimiento de la sentencia protectora de amparo, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cinco de enero de dos mil dieciocho se dictó la sentencia respectiva en este juicio constitucional (fojas 61 a 70), en la que se concedió el amparo y protección al quejoso Alfredo Carballo Jaimes, en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: [.] "En ese tenor, se otorga el amparo para los efectos de que la Junta responsable: a). Deje insubsistente la determinación reclamada; b). En su lugar, emita otra en la que, de manera fundada y motivada, exponga si el acuerdo relativo a la petición de ejecución de laudo formulada por la apoderada del actor aquí quejoso, mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (405 del expediente laboral de origen) debe ser emitido por la Junta responsable actuando en forma colegiada, o bien, únicamente por el Presidente de ese tribunal del trabajo; y, según corresponda, con libertad de jurisdicción se pronuncie la determinación que en derecho proceda. [.] Posteriormente, en proveído de treinta y uno de enero del año en curso causó ejecutoria el fallo de mérito, por lo que se procedió a requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que así lo acreditaran (foja 80). En atención a lo anterior, mediante oficio 0149/2018, recibido en este juzgado el siete del mes y año que transcurren, signado por la presidenta de la junta laboral responsable, remitió copia certificada de la determinación emitida el siete de febrero del presente año, del que se advierte que dejó insubsistente el auto dictado el cuatro de julio de dos mil diecisiete, que constituyó el acto reclamado y precisó que corresponde a la mencionada presidenta proveer lo relativo a la ejecución del laudo formulada por la apoderada legal del actor, mediante escrito de treinta y uno de mayo del año citado; asimismo, con libertad de jurisdicción emitió una nueva determinación en la que se pronunció en relación con dicha petición (fojas 84-86). Con lo anterior, en auto de ocho del presente mes y año, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento de que no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento que se hubiera dado al fallo protector (foja 87), sin que expresaran nada al respecto. En las relatadas condiciones, se considera que se acataron los extremos de la concesión del amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado de Distrito DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos; y, en su caso, de la ejecutoria correspondiente; en el entendido de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por último, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 2429 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de enero del año actual, remite copia certificada del acuerdo de siete del mes y año en curso, del que se advierte que se dejó insubsistente el auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete y procedió a pronunciarse respecto de la petición de ejecución de laudo formulada por el actor aquí quejoso. Con lo anterior; dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables al fallo constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Víctor

  3. Principal

    El secretario de juzgado Juan García Trejo, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la autoridad responsable del nueve al veintidós del mes y año en curso. Para el tercero interesado del diez al veintitrés de enero actual Para el quejoso del once al veinticuatro de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cinco de enero de dos mil dieciocho. Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas. No tramitó incidente de suspensión y la parte quejoso no exhibió billete de depósito. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el cinco de enero del año en curso, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la ley de la materia y 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días de cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: En ese tenor, se otorga el amparo para los efectos de que la Junta responsable: a). Deje insubsistente la determinación reclamada; b). En su lugar, emita otra en la que, de manera fundada y motivada, exponga si el acuerdo relativo a la petición de ejecución de laudo formulada por la apoderada del actor aquí quejoso, mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (405 del expediente laboral de origen) debe ser emitido por la Junta responsable actuando en forma colegiada, o bien, únicamente por el Presidente de ese tribunal del trabajo; y, según corresponda, con libertad de jurisdicción se pronuncie la determinación que en derecho proceda. Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Devuélvase a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, las copias certificadas del expediente laboral 184/2014, que remitió en alcance a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 709/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Alfredo Carballo Jaimes, a través de su apoderada Nadia Muñoz Sánchez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto que se especifica a continuación: Autoridad responsable: Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "El acuerdo de fecha 4 de julio de 2017, mismo que fue notificado el día 14 de julio de 2017." El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó su registro con el consecutivo 709/2017 y se previno a la promovente para que acreditara su personalidad con documento idóneo; cumplida dicha prevención, por auto de catorce del mes y año citado, se admitió la demanda, se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal y se emplazó a la parte tercero interesada. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de cuatro de julio del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 184/2014. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, ya que así lo reconoció expresamente en el informe justificado que rindió su Presidenta (fojas 35 a 38). Lo anterior se corrobora con el original del expediente laboral 184/2014, que en apoyo a su informe justificado remitió la Junta responsable; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualice alguna. QUINTO. Litis constitucional. No se transcriben los conceptos de violación por no ser un requisito necesario, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.58/2010,sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso, suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por tener el carácter de trabajador en el juicio laboral del que emana el acto reclamado. En el presente asunto, el análisis integral de la determinación reclamada revela que vulnera los derechos fundamentales del impetrante del amparo tutelados por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." [.] La porción normativa transcrita consagra el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que causen alguna lesión jurídica a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los emitan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provenir de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento. En esencia, ese derecho consagrado en la citada norma constitucional, impone a todas las autoridades el deber de satisfacer un mínimo de requisitos al momento de dictar un acto de molestia, como son: a) Que se exprese por escrito y que contenga la firma original o autógrafa del servidor público que la dicte; b) Que el acto provenga de autoridad competente; y, c) Que en el mandamiento relativo se funde y se motive la causa legal del procedimiento. La primera de esas exigencias tiene como propósito que el afectado pueda tener certeza sobre la existencia del acto de molestia y que conozca con precisión la autoridad que lo pronunció, así como su contenido y sus consecuencias. En cuanto al segundo requisito relativo a que el acto provenga de una autoridad competente implica que la emisora esté facultada constitucional o legalmente y que tenga dentro de sus atribuciones la atribución para dictarlo. En tanto que la exigencia de fundamentación implica el deber que toda autoridad tiene de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer mediante el acto de molestia; tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que el requisito de motivación se traduce en la expresión de las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas por las cuales el ente público considera que los hechos en los que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos por la disposición legal que afirma aplicar. Además, los requisitos atinentes a la fundamentación y motivación deben coexistir y se suponen mutuamente, dado que no es factible invocar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichos preceptos. En ese tenor, la apuntada correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los dispositivos legales invocados a las circunstancias de que se trate, lo que en realidad implica fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Es aplicable al tema la Jurisprudencia 73, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo III, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Administrativa, página cincuenta y dos, que consigna: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Adicionalmente, conviene acotar que la contravención al normativo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en los actos de autoridad que incidan en la esfera jurídica de los gobernados, puede revestir dos formas distintas, a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su inexactitud. En ese sentido, existe falta de fundamentación y de motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones, los motivos o las circunstancias que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista por esa norma jurídica. En cambio, habrá indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadramiento en la hipótesis normativa; en tanto que hay una incorrecta motivación en el supuesto en el que sí se indican las razones, los motivos o las circunstancias que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en discordancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso concreto de que se trate. De manera que la falta de fundamentación y de motivación implica la carencia o la ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o la incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de elementos connaturales por virtud de un imperativo constitucional, en tanto que el segundo supuesto se traduce en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y de motivos, pero unos y otros son incorrectos. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, Novena Época, Materia Común, consultable en la página 1964, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." También es aplicable al respecto la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, página ciento cincuenta y ocho, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Conforme a lo anterior, en el presente asunto este resolutor considera que la determinación reclamada adolece de los requisitos que debe revestir todo acto de autoridad conforme al artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, en la variante de falta de fundamentación y motivación legal, según se explica a continuación. Para poner de relieve el aserto apuntado, conviene traer a colación que de las constancias que integran el expediente laboral 184/2014, génesis del acto que en esta instancia se impugna, se advierte que el treinta de mayo de dos mil dieciséis se dictó el laudo correspondiente en el que se declaró parcialmente fundada la acción ejercida, por lo que se condenó a la parte demanda a reinstalar al actor (quejoso) en el empleo que desempeñaba; así como a pagarle la cantidad de $177,442.97, por concepto de salarios caídos o vencidos, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales; se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago, así como los incrementos salariales que se generen hasta la terminación del indicado juicio laboral (fojas 343 y 344 del citado sumario). Ahora bien, en escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dirigido al Presidente de la Junta señalada como responsable, la apoderada del actor solicitó se dictara auto de ejecución a fin de que se diera cumplimiento al referido laudo (foja 405). Al respecto, se dictó el auto que se reclama en esta instancia constitucional (fojas 406 y 407), del tenor literal siguiente: "Guadalupe, Zac; a 04 de julio de 2017. Téngase por recibido el escrito con fecha de presentación treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por la C. Nadia Muñoz Sánchez, en su carácter de apoderada legal de la parte actora, por el que solicita se dicte un auto de ejecución del laudo con fecha 30 de mayo de 2016. LA JUNTA ACUERDA.- Visto el escrito que se acuerda se ordena se agregue la (sic) a los autos a fin de que surta sus efectos legales correspondientes.- Ahora bien, como consta del laudo dictado por esta Autoridad con fecha de 30 de mayo de 2016, se resolvió: "PRIMERO.- La parte actora ALFREDO CARBALLO JAIMES acreditó parcialmente su acción de reinstalación y prestaciones demandada, y el demandado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO acreditó parcialmente sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Procede condenar y se condena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, a reinstalar al actor C. ALFREDO CARBALLO JAIMES en su puesto de SUPERVISOR "A" DE AREA ADMINISTRATIVA CON ADSCRIPCIÓN EN (sic) HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE, en las mismas condiciones que lo venía haciendo hasta el día 14 de febrero del año 2014. TECERO.- Asimismo se le condena al demandado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a pagar al actor C. ALFREDO CARBALLO JAIMES la cantidad de $177,442.97, por concepto de salarios caídos o vencidos, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales; se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago, así como los incrementos salariales que se generen hasta la terminación del presente juicio. Al efecto deberá abrirse incidente de liquidación de conformidad con lo establecido por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo. CUARTO.- Se procede a condenar al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO a cubrir a favor del actor C. ALFREDO CARBALLO JAIMES las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE Y PENSIONISSSTE, en los términos de ley. QUINTO.- Procede absolver y se absuelve al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, del pago por conceptos de compensación garantizada, despensa, ayuda de transporte, previsión social , y ayuda para la compra de útiles, ayuda de lentes, premio por aniversario y fondo de ahorro capitalizable. SEXTO.- Con fundamento a lo expuesto por el Artículo 945de la Ley Federal del Trabajo, se concede a la demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO el término de QUINCE DÍAS contados a partir de la notificación para que dé cumplimiento voluntario a la condena decretada." Luego entonces, se advierte que al existir una condena líquida y en dicho Laudo se determinó que deberá abrirse el Incidente de Liquidación ello de conformidad con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, lo que procede es que se exhiba dicha plantilla de liquidación, y estar en aptitud de establecer la condena líquida. En consecuencia, esta H. Junta no puede dictar un auto e (sic) ejecución, sólo por lo que hace a la reinstalación del actor, por ello implicaría que se dividiera la condena que ha quedado firme, por lo que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado por el actor. Dejándose a salvo sus derechos a fin de que promueva lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE.- Notifíquese personalmente a la parte actora.- Así lo acordaron y firmaron los CC. Representantes que integran esta Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje.- DOY FE." Pues bien, el contenido del auto impugnado revela que no obstante que la apoderada del actor aquí quejoso, mediante el referido escrito de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete solicitó al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señalada como responsable, dictara auto a efecto de ejecutar el laudo pronunciado en el juicio laboral de origen, el acuerdo de cuatro de julio del año citado que recayó a tal petición y que aquí se reclama, se emitió por el referido tribunal del trabajo actuando en forma colegiada, es decir, fue signado por todos sus integrantes; empero, del análisis integral de esa determinación no se advierte que se hubiera citado precepto legal alguno que justificara tal circunstancia; como tampoco se expusieron argumentos lógico-jurídicos a través de los cuales se explicara el por qué a pesar de que de que la referida solicitud de ejecución de laudo se dirigió al Presidente de la Junta laboral, correspondía legalmente a sus integrantes emitir el acuerdo relativo de manera conjunta; por tanto, deviene inconcuso que el acto reclamado no contiene el fundamento ni los motivos que sustenten la facultad de la citada responsable para pronunciar el auto que ahora se controvierte. En efecto, en el caso materia de análisis, resulta imprescindible que la Junta responsable citara los preceptos legales que la facultan para dictar en forma colegiada el auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete que aquí se reclama, en el que negó despachar auto de ejecución de laudo; así como que expusiera motivadamente las razones particulares que respaldaran su decisión de pronunciar tal determinación de manera conjunta por todos sus integrantes y no solo por su Presidente, que fue a quien se dirigió dicha petición; lo anterior, no obstante que el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo imperativamente consigna que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; haciéndolo de tal manera que los argumentos que expresara se adecuaran a las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, para que con ello se diera cabal cumplimiento a la garantía de legalidad que prevé la exigencia de esos requisitos formales, a fin de que el promovente del amparo gozara de pleno entendimiento del asunto y estuviera en aptitud de defender con facilidad sus intereses, y para que este Tribunal Federal quedara en condiciones de establecer la legalidad o ilegalidad de las consideraciones que al efecto sostuviera dicha autoridad. En suma, la actuación de la Junta responsable no se encuentra fundada ni motivada en el aspecto destacado; habida cuenta que omitió invocar los preceptos legales y exponer los razonamientos en que se hubiera apoyado para pronunciar de manera colegiada la determinación que ahora se combate, en los términos en que lo hizo; lo que resulta indispensable, con el fin de que el agraviado tuviera pleno conocimiento de ello para que en su caso, estuviera en aptitud legal de controvertir los fundamentos legales y las consideraciones que externara la citada autoridad, lo cual, dada la forma en que se pronunció el proveído que se tilda de ilegal, no es posible determinar, con el detrimento consecuente del derecho fundamental que tutela el ordinal 16 constitucional, pues por ignorarse los motivos que sirvieron de base al acto reclamado, es inconcuso que se ocasiona la indefensión del aquí quejoso. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia número 204, publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". En el entendido de que, la actualización de los vicios de forma, en el caso, la falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, excluye los de fondo, es por ello innecesario entrar al estudio de ese aspecto. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 715, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 481 del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESAN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto, que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Asimismo, en apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 107, que aparece publicada en la página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación de 1917-2000, del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.". Corolario de lo anterior, al resultar violatorio el acto reclamado de los derechos fundamentales tutelados por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, procede conceder a Alfredo Carballo Jaimes, el amparo y protección de la justicia federal solicitados, por lo que, en términos del artículo 77, fracción I y párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado. En ese tenor, se otorga el amparo para los efectos de que la Junta responsable: a). Deje insubsistente la determinación reclamada; b). En su lugar, emita otra en la que, de manera fundada y motivada, exponga si el acuerdo relativo a la petición de ejecución de laudo formulada por la apoderada del actor aquí quejoso, mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (405 del expediente laboral de origen) debe ser emitido por la Junta responsable actuando en forma colegiada, o bien, únicamente por el por el Presidente de ese tribunal del trabajo; y, según corresponda, con libertad de jurisdicción se pronuncie la determinación que en derecho proceda. Es aplicable al respeto, la Jurisprudencia 2a./J. 67/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de Septiembre de 1998, de la Novena Época, que literalmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.- Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alfredo Carballo Jaimes, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por las razones y para los efecto precisados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres, Secretario con quien actúa, hoy cinco de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. L´JJMT

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