Alfredo Cano Ramos

Expediente 1029/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1029/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
13/06/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Cano Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil dieciséis. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis (fojas 441 a 443), mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en los artículos 196, párrafo tercero, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación de que el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por otro lado, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. En términos del citado Acuerdo 1/2009, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a doce de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de dos mil, novena época, pagina 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". El nueve de septiembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa en los siguientes términos: ".La concesión de mérito, es para el efecto de que las autoridades en el ámbito de sus competencias: - Dejen sin efectos la resolución constitutiva del acto reclamado, consistente en la parte conducente del oficio IV.8.1.0062/2015 de veintisiete de marzo de dos mil quince; y - En su lugar, dicte otra como en derecho corresponda, en la cual funde y motive su determinación en acatamiento al artículo 16 constitucional, esto es, exponga las razones y motivos para el dictado de la resolución, señalando con precisión sobre la solicitud realizada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil catorce..." (foja 233 vuelta) Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 252), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria dictada en sesión de tres de marzo de dos mil dieciséis, dentro del toca de revisión A.R. 466/2015, resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. No es materia del presente recurso el resolutivo primero, que se rige por el considerando cuarto del fallo, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo contra los actos reclamados del Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, consistentes en el ámbito de sus respectivas competencias, en la aprobación, promulgación, publicación y expedición de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, específicamente el artículo 65 bis, fracción III de ese ordenamiento, por falta de interés jurídico y por no tener la última de las mencionadas, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ALFREDO CANO RAMOS, respecto del acto reclamado al Director de Administración de Concesiones y Permisos y Subsecretario de Transportes, ambos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, consistente en el oficio IV.8.1.0062/2015 de veintisiete de marzo de dos mil quince, en términos del considerando octavo de la sentencia recurrida." (foja 410) En mérito de lo anterior, mediante proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos en este órgano jurisdiccional la ejecutoria de mérito, así como los autos del juicio en que se actúa y se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de tres días informaran sobre el cumplimiento (fojas 411 a 413). Mediante oficio DGJ/02/05/564/2016 recibido en este juzgado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo de dos ml dieciséis, contenida en el oficio IV.8.1.344/2016, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y su respectiva notificación realizada al hoy quejoso Alfredo Cano Ramos (fojas 425 a 434). Ahora bien, de dicha resolución se advierte que el Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, dejó insubsistente la determinación de veintisiete de marzo de dos mil quince, contenida en el oficio IV.8.1.0062/2015, asimismo, se apegó a los lineamientos del fallo protector, ya que le hizo saber al quejoso que no estaba en posibilidad de resarcir la cantidad de $527,813.92 (quinientos veintisiete mil ochocientos trece pesos 90/100 M.N.), en virtud de que al dejar sin efectos el oficio E-1598/2010 de veintisiete de octubre de dos mil diez, fue en cumplimento a una ejecutoria de amparo, por lo cual no actuó con dolo o mala fe, tampoco violó en su perjuicio el principio de derecho positivo de la buena fe que rige la materia administrativa. Además, citó como fundamento de su actuación los artículos 55 y 87 de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla y 103 de su reglamento, así como el artículo 192 de la Ley de Amparo y la tesis de rubro "BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA". Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a realizar el análisis relativo a si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se encuentra debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada, contenida en el oficio IV.8.1.0062/2015 de veintisiete de marzo de dos mil quince. En la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se apegó a los lineamientos de la sentencia negando resarcir la cantidad de $527,813.92 (quinientos veintisiete mil ochocientos trece pesos 90/100 M.N.). En mérito de lo anterior, se ha logrado el cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de que el Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, dejó insubsistente la determinación de veintisiete de marzo de dos mil quince, contenida en el oficio IV.8.1.0062/2015, y emitió otra apegado a los lineamientos de la sentencia, en la cual expuso los motivos por los cales no podía resarcir al quejoso la cantidad de $527,813.92 (quinientos veintisiete mil ochocientos trece pesos 90/100 M.N.), la cual le fue notificada al promovente el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, aplicable conforme al artículo Tercero Transitorio de la misma, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. Finalmente, se hace constar que la fecha en que se llevó acabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado federal el dieciocho de marzo siguiente; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Emilio Carmona Díaz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el original del oficio DGJ/02/05/564/2016, signado por la Directora General Jurídico de la actual Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, relativo al juicio de amparo 1029/2015, sin embargo, al no existir antecedente alguno de Alfredo Cano Ramos, realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de ese juzgado, del que advirtió que el juicio de mérito, corresponde a este órgano jurisdiccional, enseguida se procede a proveer tal comunicación: Agréguese el oficio y anexos de la Directora General Jurídico de la actual Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por el que informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, al tenor de las constancias que adjunta a su comunicación oficial. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable Directora General Jurídico de la actual Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con sede en esta ciudad, por el que se remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el tres de marzo de dos mil dieciséis, en los autos del amparo en revisión A. R. 466/2015 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y un anexo. Acúsese recibo y agréguese el cuadernillo formado con motivo del recurso de revisión. Dése a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que la Superioridad resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO.- No es materia del presente recurso el resolutivo primero, que se rige por el considerando cuarto del fallo, con el que se sobreseyó en el juicio de amparo contra los actos reclamados del Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, consistentes en el ámbito de sus respectivas competencias, en la aprobación, promulgación, publicación y expedición de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, específicamente el artículo 65 bis, fracción III de ese ordenamiento, por falta de interés jurídico y por no tener la última de las mencionadas, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.---- SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.---TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ALFREDO CANO RAMOS, respecto del acto reclamado al Director de Concesiones y Permisos y Subsecretario de Transportes, ambos de la Secretaría de Infraestructura y de Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, consistente en el oficio IV.8.1.0062/2015 de veintisiete de marzo de dos mil quince, en términos del considerando octavo de la sentencia recurrida." Bajo ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Director de Concesiones y Permisos y Subsecretario de Transportes, ambos de la Secretaría de Infraestructura y de Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el término de tres días cumplan con la ejecutoria de mérito, en el entendido que la protección federal tiene los siguientes efectos: ".que las autoridades en el ámbito de sus competencias: - Dejen sin efectos la resolución constitutiva del acto reclamado, consistente en la parte conducente del oficio IV.8.1.0062/2015 de veintisiete de marzo de dos mil quince; y - En su lugar, dicte otra como en derecho corresponda, en la cual funde y motive su determinación en acatamiento al artículo 16 constitucional, esto es, exponga las razones y motivos para el dictado de la resolución, señalando con precisión sobre la solicitud realizada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil catorce." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Apercíbase a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será equivalente al monto vigente del salario mínimo en todo el país al momento de la entrada en vigor del referido decreto, esto es, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Y se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En ese orden de ideas, requiérasele a su superior jerárquico de las autoridades responsables Secretario de Infraestructura y de Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se harán acreedores a una multa de de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será equivalente al monto vigente del salario mínimo en todo el país al momento de la entrada en vigor del referido decreto, esto es, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ignacio Galván Zenteno, Secretario que autoriza. Doy fe.

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