Alfredo Campos Galindo
Expediente 651/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alfredo Campos Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. CAUSA ESTADO EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el que se que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó tanto la suspensión provisional, así como la definitiva solicitadas, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE DISCOS COMPACTOS (FORMATO DVD) A AUTORIDAD RESPONSABLE. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, de cinco discos compactos en formato DVD que fueron anexados respectivamente a su informe previo y justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, infórmese al Secretario Encargado del Libro Auxiliar "B" de Control Interno Libro de Registro de Documentos y Objetos Varios correspondiente al registro de Juicios de Amparo, y dese de baja del mismo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POS LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, y del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, así como del contenido de los discos compactos -debidamente autorizados- que remitió como justificación de sus actos, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y que cuentan con la naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada sin necesidad de la celebración de una audiencia especial, se advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del artículo anteriormente transcrito, podemos advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión emitida en contra del aquí quejoso en la audiencia de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 804/2016. Consecuentemente, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control de Mexicali, Baja California (foja 31), se advierte que el siete de abril de dos mil dieciséis se cumplimentó dicha orden de captura y el doce del citado mes y año se vinculó a proceso al imputado -aquí quejoso- Alfredo Campos Galindo; por lo cual, resulta evidente que en el caso se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, dado que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas respecto del acto que aquí se combate, por no poderse decidir en el proceso respectivo sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, página 1287, Libro XV, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Décima Época, con el rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han quedado consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; por lo cual, lo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P. J/3, sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1600, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, con el rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas con diez minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante auto de diecisiete del mes y año en curso, se hizo del conocimiento a las partes de la designación del titular de este órgano jurisdiccional a cargo del Juez Ramón Hernández Cuevas, realizada mediante sesión ordinaria de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, y a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, y con el objetivo de no actualizar una posible violación procesal, dado que el día de hoy se notificó el referido proveído, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, como nueva fecha para su celebración.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta, por la cual se advierte que mediante oficio SEADS/095/2017, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, fue designado como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al Juez Ramón Hernández Cuevas; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."
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