Alfredo Camacho Trinidad
Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2020
Partes del expediente
- Gobernador del Estado de Chiapas
- Alfredo Camacho Trinidad
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; por lo que en su momento sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el artículo 21, Capítulo Octavo, inciso d), y 35, del Capítulo Décimo Tercero, todos del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: En ese sentido, este órgano de control constitucional mediante proveído de veintidós de octubre del mismo año, tuvo por recibido el oficio DPDU/AJ/270/2020, de trece de octubre del año actual, dirigido al Mercado Regional de los Altos, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Pedro Josué Calcáneo Argüelles, del cual se advirtió que la Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, introdujo diversos preceptos con los cuales a su consideración justificaba su competencia para efectos de atender la petición solicitada por la parte quejosa. Ello así, toda vez que introdujo los artículos 1°, 2 y 4 fracciones I y III del Reglamento de Construcciones del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como el 57 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Pública del Estado de Chiapas. Atento a ello, se desprende que atendió el tercer efecto para lo cual se concedió el amparo -introducir los preceptos legales que justificaran su competencia de la institución que representa para atender la solicitud del promovente de amparo-. Así, es evidente que se subsanaron las violaciones por cuya virtud se concedió el amparo, motivo por el cual debe concluirse que en términos del normativo 196 de la Ley de Amparo, EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDO.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Camacho Trinidad, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno, bajo el número de expediente 637/2020-II. Como cuestión preliminar para analizar la procedencia de la demanda, éste juzgado estima necesario precisar cuál es el acto reclamado, atendiendo a la verdadera causa de pedir del promovente. El quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: "4.- A C T O R E C L A M A D O: 1.- OFICIO CECCC/DG/DIRCC/0001014/2019, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 2.- ARCHIVO DE INVESTIGACION SSPC/UAI/AII/AI/0206/2020, RADICADO EN EL ÁREA DE INVESTIGACION INTERNA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. 3.- OFICIO NÚMERO SSPC/UAI/AII/TGZ/5407/2020, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SUSCRITO POR EL LIC. MANUEL ALBERTO MARTINEZ TRUJILLO, ENCARGADO DE LA MESA UNO DEL ÁREA DE INVESTIGACION INTERNA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. 4.- Oficio número SSPC/UAI/AII/TGZ/5407/2020, DE FECHA 22 DE OCTUBRE, DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR LIC. EDITH AYALA CORDERO, ENCARGADA DE LA INVESTIGACION, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. 5.- OFICIO NÚMERO SSPC/SUBSESPMS/DJ/ACA/TGZ/0938/2020, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, INSPECTOR GENERAL LIC BRODELI LÓPEZ PEÑATE, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, DE LA SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD." Por su parte, se obtiene de la narrativa de hechos -bajo protesta de decir verdad- así como de las constancias acompañadas, que el aquí quejoso Alfredo Camacho Trinidad, labora para la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el cargo de Policía Tercero adscrito al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Numero 14 "El Amate", en Cintalapa, Chiapas. Asimismo, que el treinta de octubre de dos mil veinte la Jefa de Recursos Humanos de su centro de trabajo le entregó el oficio SSPC/SUBSESPMS/DJ/ACA/TGZ/0938/2020, el cual tenía como mandato a su vez, hacerle llegar el diverso SSPC/UAI/AII/TGZ/5407/2020 de veintidós del mismo mes y año. Que en el oficio 5407/2020 indicado, le informaron que en virtud del diverso CECCC/DG/DIRCC/0001014/2019 que contiene su resultado No Aprobado respecto a las evaluaciones que le fueron aplicadas el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se hacía necesaria su comparecencia ante el Área de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, para lo cual le indicaron fecha y hora futuras. Que el objeto de la diligencia para la cual se le citaba, era en virtud del Archivo de Investigación SSPC/UAI/AII/0206/2020, iniciado en su contra por la probable actualización de una falta disciplinaria. Refiere el quejoso que se encuentra bajo temor de ser cesado de su cargo y despedido de su empleo con motivo a la investigación administrativa iniciada en su contra. Por ello acude ante esta instancia a reclamar tanto los oficios indicados como el procedimiento radicado como archivo de investigación. Cabe aclarar que los oficios que menciona, derivan del procedimiento instaurado administrativamente en el Área de Investigación Interna de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Ahora bien, los argumentos y conceptos de violación expuestos por el quejoso se encuentran encaminados a controvertir la posible baja en su cargo laboral, en virtud de la indagatoria ventilada en el expediente Archivo de Investigación SSPC/UAI/AII/0206/2020; ello por el temor que tiene de ser cesado en virtud del resultado No Aprobado respecto las evaluaciones que le fueron practicadas. Esto es, la afectación precisa de la que se duele el peticionario de amparo es la instauración/inicio del procedimiento denominado archivo de investigación. Así, atendiendo lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia constitucional, versa en: El Archivo de Investigación seguido en su contra radicado bajo el número de proceso SSPC/UAI/AII/0206/2020. Es aplicable, la tesis que adelante se trascribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asentado lo anterior, cabe precisar lo que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del órgano de control constitucional de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5º fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en razón que las actuaciones generadas dentro del archivo de investigación SSPC/UAI/AII/0206/2020, no causan alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. El citado artículo 5º de la Ley de Amparo en esencia se refiere a que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Este precepto, adminiculado con el diverso 61 fracción XII, reflejan la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclame un acto que no afecte de forma real y actual la esfera de derechos de quien se ostenta como quejoso. Por tanto, tratándose de un acto que no tenga como consecuencia provocar una alteración negativa en el estatus jurídico del promovente, resulta improcedente el juicio de amparo. El acto que en esta instancia se reclama, como se dijo, constituye el archivo de investigación SSPC/UAI/AII/0206/2020, seguido contra el aquí quejoso para indagar su posible falta en los requisitos de permanencia de los miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dicho procedimiento indagatorio deriva de las facultades reconocidas hacia el Órgano Prosecutor de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tal proceso se encuentra previsto por los artículos 52, 53, 55 y 56 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a saber: "Artículo 52.- La etapa de investigación inicia por la queja, denuncia o cualquier otro medio de información, mediante el cual se informe al Órgano Prosecutor de un hecho que considere como falta disciplinaria, a lo que se avocará a la integración del Archivo de Investigación, conteniendo su acuerdo de radicación por lo menos los siguientes datos: I. Fecha con la que se inicia. II. Número de archivo de investigación. III. El nombre del o los agente comisores, en caso de que se cuente con ellos. IV. La falta disciplinaria que presumiblemente se cometió, con independencia de las que resultan en el proceso de investigación. V. Los fundamentos legales que transgreden de acuerdo a la normatividad. VI. El Área de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría, tendrá un tiempo máximo de hasta por dos años en la integración de sus investigaciones para aquellas faltas graves, y hasta un año más en la integración de aquéllas faltas muy graves, debiéndose emitir la determinación correspondiente. VII. Cuando exista denuncia y tenga conocimiento de la comisión de una falta disciplinaria deberá actuar de oficio. Si derivado de las investigaciones realizadas no se obtienen datos, antecedentes o elementos suficientes que permitan acreditar la falta disciplinaria y la probable responsabilidad del integrante, el Área de Investigación Interna podrá determinar el archivo temporal hasta allegarse de nuevos elementos de prueba que permitan resolver conforme a derecho el archivo de investigación, debiendo sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 44 del presente Reglamento. Artículo 53.- El Órgano Prosecutor deberá proceder a recabar la información y documentación relacionada con los hechos materia de la falta, con la facultad de requerir a los titulares de cualquier área de la Secretaría, todos los datos que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, podrá practicar dentro y fuera de sus oficinas, todas y cuantas diligencias sean necesarias para la obtención de pruebas, auxiliándose para ello del personal bajo su mando. (.) Artículo 55.- Cuando el Órgano Prosecutor finalice las diligencias tendientes a la recopilación de datos o medios de prueba, para la integración del Archivo de Investigación, deberá determinar, si se acreditan o no las faltas disciplinarias. Artículo 56.- Si como resultado de la investigación se desprende que no existen suficientes elementos para tener por acreditada la existencia de una falta disciplinaria, el Órgano Prosecutor remitirá el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, a fin de que este autorice el archivo definitivo de la investigación. Si de la información obtenida a juicio del Órgano Prosecutor, se desprenden suficientes elementos para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaria, remitirá mediante oficio el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, para que inicie el Procedimiento Disciplinario Adversarial en contra del o de los integrantes que hayan incurrido en la comisión de una falta." De los preceptos insertos se desprende que el Archivo de Investigación que nos ocupa consiste básicamente en que una vez impuesto el Órgano Prosecutor de la posible falta cometida por un elemento de la institución, radicará el expediente e iniciará el proceso de indagatorias. Respecto de las faltas graves contará con un plazo de hasta de dos años y por las muy graves de hasta un año más para allegarse de todos los elementos necesarios y poder resolver el archivo de investigación. En caso de no obtener datos suficientes para acreditar la falta disciplinaria y la participación del sujeto investigado, se podrá decretar un archivo temporal hasta que se encuentren nuevos elementos. Una vez concluida la investigación, el órgano prosecutor deberá emitir una resolución, la cual será en dos sentidos, según el caso: Si no existieron elementos suficientes para comprobar la falta disciplinaria, se deberá remitir el expediente de investigación al Vocal Técnico de la Comisión de Honor de la Secretaría para que éste autorice el archivo definitivo del proceso preliminar de indagación; o, Si se logró obtener con las pruebas y datos recabados, que existe cometida la falta, se determinará lo conducente y se remitirá el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión para que se dé inicio al Procedimiento Disciplinario Adversarial. El Procedimiento Disciplinario Adversarial, conforme lo regulan los numerales 57 a 60 del reglamento indicado, inicia con la presentación formal del Archivo de Investigación, posteriormente se citará a una audiencia en que comparecerá el investigador (Agente Comisor), su defensor, el Órgano Prosecutor, el Vocal Técnico y la Comisión de Honor integrada. Audiencia de juicio en la que se recibirán las pruebas y alegatos y la Comisión en Pleno deliberará el fallo definitivo, el cual, en caso de resultar acreditada la falta disciplinaria, podría culminar con la aplicación de una sanción de las que se encuentran en el catálogo previsto por la ley. De lo anterior se desprende la facultad de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de poder hacer del conocimiento a la Comisión de Honor la falta que ha cometido uno de los integrantes y así, dar inicio al procedimiento disciplinario adversarial, en el cual la Comisión en Pleno determinará, previo juicio, si se acreditan los extremos planteados y en todo caso aplicar una sanción. La facultad exclusiva para la investigación administrativa contra los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas es del Órgano Prosecutor, el cual resulta ser el Área de Investigación Interna de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Órgano quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, únicamente el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la comisión de una falta disciplinaria, para así someterlo a consideración del órgano diverso quien se encargará de dilucidar el juicio. Bajo lo expuesto, se obtiene que la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos o conductas que pudieran constituir faltas disciplinarias, es un proceso preliminar a la instancia de juicio, pues en esta etapa de investigación únicamente se busca allegarse de los elementos que pudieren con asomo verificar que se ha cometido una falta, y a partir de ello, en caso de así estimarse, someter a consideración de la Comisión los datos obtenidos para que sea dicho órgano quien estime sobre su procedencia o no. Razón por la cual, no resulta factible considerar que el archivo de investigación reclamado, genera una afectación real y actual a la esfera de derechos del quejoso, debido a que no se emite actuación alguna que le provoque menoscabo o perjuicio en su persona, puesto que, como reiteradamente se dijo, únicamente es una etapa de investigación, por lo que las determinaciones que se emitan a efecto de allegarse de información, no son violatorias de derechos. Máxime como quedó precisado, el archivo de investigación tiene como única finalidad allegar elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de una falta, lo que necesariamente implica que esta fase indagación sea distinta al inicio del Procedimiento Disciplinario Adversarial. De tal forma que las actuaciones generadas en el archivo de investigación SSPC/UAI/AII/0206/2020, al constituir actos con fines indagatorios previos al juicio formal, no le generan al quejoso una afectación actual y real como servidor público. Sino que el inicio y conclusión del procedimiento Procedimiento Disciplinario Adversarial, es lo que, en todo caso, causaría perjuicio al promovente en su esfera jurídica. Por lo anterior, es que en la especie se patentiza de forma clara e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5º fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Alfredo Camacho Trinidad, ello con fundamento en el artículo 113, del propio ordenamiento. Sin que en el presente caso se actualice una excepción para la procedencia del juicio de amparo, al no existir vulneración directa a los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decretara la suspensión de sus labores mientras se lleva a cabo la investigación, puesto que en la especie no acontece de esa forma. Sustenta la presente determinación, el criterio jurisprudencial XV.4o. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable bajo registro digital 2019368, del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Solamente se permitirá el acceso a las partes a este Juzgado, previa cita. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrarán el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y desahogar comparecencias o requerimientos. Asimismo, se ponen a disposición de las partes los teléfonos (961) 6170378 y (961) 6170207, extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:15 a 14:15 horas-; así como el correo electrónico ariatna.ochoa.sanchez@correo.cjf.gob.mx, que corresponde a la secretaria encargada del presente asunto, para solicitar información al respecto. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La Oficina de Correspondencia Común (OCC), recibirá promociones de término relacionadas con el presente asunto, fuera del horario de funciones de la OPC, hasta las 20:00 horas. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, "en línea"; y habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Asimismo, en términos del artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, se solicita a los actuarios adscritos: Deberán privilegiar la entrega de oficios vía correo electrónico, solicitando el acuse respectivo. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma.
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