Alfredo Calderon Martínez

Expediente 1528/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1528/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Calderon Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa se imponga de las constancias en autos, toda vez que fue notificada vía exhorto el día seis de octubre de dos mil veintitrés de las mismas. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y en su lugar se señalan las once horas del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Escrito. Por último, se recibe el escrito de la autorizada del quejoso, a través del cual realiza manifestaciones en vía de alegatos, mismo que se ordena agregar a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Alegatos. Ahora bien, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional que se celebre. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica al quejoso. Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el diecinueve de abril del año en curso, turnado a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, el mismo día, Claudia Salazar Juárez solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE COAHUILA (.). OFICIALIA SEGUNDA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN (.). E INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.)". SEGUNDO. Trámite del incidente. Mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por Claudia Salazar González, por los motivos ahí expuestos. Inconforme con dicha determinación promovió la quejosa el recurso de queja, correspondiendo conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. Seguido que fue su trámite el recurso de queja, la superioridad lo declaró fundado por lo que, revocó el auto recurrido. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó el juicio de amparo con el número 617/2023-IIB se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: i. En el caso, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, consistentes en que no se lleve a cabo el proceso de designación de beneficiaria del procedimiento de pensión por cesantía en edad avanzada. De esta forma, el pronunciamiento de la medida cautelar atenderá exclusivamente a tal solicitud. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, página 98, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su respectivo informe previo negó categóricamente el acto reclamado que se le atribuye, sin que exista medio de prueba alguno aportado por la parte quejosa que desvirtúe dicha negativa. Tiene apoyo la anterior consideración en la Tesis de la Octava Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: I Segunda Parte -1, visible en la página trescientos cincuenta y seis, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." CUARTO. Se presume certeza de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados por la parte quejosa a la autoridad responsable Oficialía Segunda del Registro Civil, con sede en esta ciudad, toda vez que fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de habérsele requerido, conforme a la constancia de notificación que obra agregada en autos. Atento a lo anterior, no hay duda de que en este incidente quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la suspensión respectiva. QUINTO. Suspensión improcedente. Es improcedente la suspensión en los términos solicitados. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: --- I. Que la solicite el quejoso; y --- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. --- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Dicho numeral establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La parte quejosa precisó en su escrito inicial de demanda, que los actos reclamados medularmente consisten en la negativa de incorporarla como derechohabiente a las prestaciones que tiene derecho como beneficiaria de su esposo, como consecuencia de un error en el año de nacimiento que aparece en su acta. Ahora, es importante destacar que en el juicio de amparo indirecto, cuyo objeto es establecer un control inmediato de los actos que realizan las autoridades o que tratan de realizar, se plantea un problema conexo que se sustancia en un expediente por cuerda separada y es el de la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal. En virtud de la medida cautelar, los actos que se reclaman quedan en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución, de esta manera, la suspensión se estima como un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los gobernados. Así, la autoridad de amparo, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, así como antes de recibir alguna prueba y de saber de modo cierto si existe una violación constitucional; tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales, desde luego, en resolución provisional y en definitiva mediante un procedimiento sumario que se reduce a una audiencia en la que se oye al quejoso, a las autoridades responsables y al Ministerio Público. Conforme al precepto anteriormente reproducido, la suspensión a petición de parte, está sujeta a determinados requisitos establecidos en la ley, que son de dos clases: requisitos de procedencia y requisitos de efectividad. Los primeros, están constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el agraviado o quejoso debe llenar para que surta sus efectos la suspensión otorgada. La procedencia de dicha suspensión se funda en tres condiciones concurrentes que son: a) que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar, sean ciertos; b) que la naturaleza de los mismos permita su paralización y, c) reuniéndose los dos extremos anteriores, se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. La suspensión opera frente a los actos que se reclamen, de tal manera que si éstos no existen, o si el quejoso no comprueba su existencia en la audiencia incidental a que se contrae el artículo 142 de la Ley de Amparo; es decir, no desvirtúa el informe previo negativo de las autoridades responsables, no existe materia sobre qué decretar la citada medida cautelar, por lo que procede negar dicha suspensión. No obstante lo anterior, aun cuando se haya demostrado la existencia de los actos de reclamo o en su caso las autoridades responsables hayan aceptado su existencia o bien se presuman ciertos, ello no es suficiente para conceder la medida suspensional sino que es menester que, conforme a su naturaleza, sean suspendibles; es decir, que no sean íntegramente negativos o no estén totalmente consumados, y reuniéndose los dos requisitos anteriores, que se cumplan las exigencias previstas en el multicitado artículo 128 de la Ley de Amparo. Conforme a la fracción I, del citado ordinal, el primer requisito consiste en que el agraviado pida la suspensión del acto reclamado; en la fracción II, se regula que con motivo de la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Los conceptos de orden público e interés social están íntimamente relacionados; el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, bien, le evite un trastorno o un mal público. Abundando, las disposiciones de orden público deben entenderse como aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitar algún trastorno o desventaja o para procurar la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Siendo pertinente precisar que los actos de autoridad en que la afectación del orden jurídico e interés social no se determina en una disposición, sino desde el estudio sistemático de la ley, o de la naturaleza misma del acto. Pues bien, ya que el acto reclamado en el presente incidente es de carácter omisivo, de manera que en ese tenor no es susceptible de ser suspendido a través de la presente medida cautelar, pues la parte quejosa se duele de la negativa de incorporarla como derechohabiente al seguro social y además solicita que no se lleve a cabo el proceso de designación de beneficiaria del procedimiento de pensión por cesantía en edad avanzada. Para efecto de la vía constitucional de amparo, lo que, desde luego, involucra el incidente de suspensión respectivo, el acto es omisivo o negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del gobernado; así, la negación se entiende pues, como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta, por lo cual es que en materia de amparo dicha negación se toma como rehusar. Entonces, los actos negativos son aquellos por los cuales la autoridad se rehúsa a acceder a la pretensión de los particulares. Desde luego, dentro de esos actos se manifiesta una conducta positiva de la autoridad, traducida en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado, que es lo que los diferencia de los actos prohibitivos, en los cuales la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos y, sin duda, de los omisivos, en los que la autoridad se abstiene de actuar u omite hacerlo. En suma, esta clase de actos se manifiestan con las conductas asumidas por las autoridades respectivas, esto es, cuando niegan o rehúsan lo solicitado por el gobernado, o en el caso de que prohíben algún acto, o bien, en la hipótesis de que se abstienen de proceder frente a la petición del particular. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "ACTOS NEGATIVOS. Debe entenderse por actos negativos, aquellos en que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVII. Página: 83.) "ACTOS NEGATIVOS. RESOLUCIONES QUE NO LO SON. Se entiende que es negativo el acto que se impugna, cuando consiste en una mera omisión o en una simple abstención; pero no es acto negativo, sino que tiene carácter positivo, una resolución expresa, aunque en ella se deniegue lo que solicita el promovente." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXXIII, Tercera Parte. Página: 9.) "ACTOS NEGATIVOS. CUANDO NO EXISTEN. Se habla de un acto propiamente negativo cuando se trata de una omisión, o sea de una mera abstención. No hay, por tanto, acto propiamente negativo, cuando la autoridad emite una resolución, aunque en la misma se niegue lo pedido por el particular." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXVII, Tercera Parte. Página: 9.) "ACTOS NEGATIVOS. La resolución que niega la tramitación de un recurso, desechándolo de plano por improcedente, no puede tener otro carácter que el de una resolución negativa." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVI. Página: 1083.) La suspensión es la determinación judicial mediante la cual se ordena detener temporalmente la realización del acto, en tanto que se resuelve la cuestión constitucional propuesta; por tanto, tal decisión tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la propia autoridad, y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen. Desde luego, la suspensión es una medida precautoria de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de amparo, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la propia conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, para lo cual hace cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo. En tal virtud, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, al igual que todas las medidas cautelares, produce efectos provisionales, porque está encaminada a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el pronunciamiento de una sentencia justa, congruente y eficaz, a su tiempo. Por lo anterior, no hay duda de que por su naturaleza jurídica, la suspensión en el juicio de amparo no es más que una medida cautelar, con efectos provisionales, que tiende exclusivamente a mantener viva la materia del juicio de amparo mientras se resuelve en definitiva, por lo cual, desde luego, esta providencia no es el medio jurídico idóneo para restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados con el acto de autoridad, básicamente, en razón de que esto es propio de la sentencia de fondo. Al respecto, son de invocarse las tesis sustentadas por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 11, Segunda Parte. Página: 45.) "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sus efectos consisten en mantener las cosas en el estado que guardan, en el momento en que se decreta, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación que se reclama, pues esto es efecto de la sentencia que concede el amparo, en cuanto al fondo." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: V. Página: 138.) Por tanto, en atención a la naturaleza propia del acto aquí reclamado, de índole omisivo, en el caso resulta improcedente otorgar la suspensión, dado que de lo contrario podría implicar restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados con el acto de autoridad, lo que es propio de la sentencia de fondo; así como porque al no requerir dichos actos de ejecución material alguna, por ende, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN CONTRA LOS. No hay disposición alguna en la Ley de Amparo que establezca la improcedencia de la suspensión cuando el acto reclamado tenga el carácter de negativo; los efectos de la suspensión son precisamente mantener las cosas en el estado en que se encontraban al dictarse la resolución en el incidente de suspensión en el amparo, y si esos efectos, no son restitutorios, procede que se conceda la suspensión, ya que según la jurisprudencia de la Corte referente a actos negativos; se niega la suspensión porque tiene efectos restitutorios, característicos y exclusivos de la sentencia de amparo." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: C. Página: 80.) "ACTOS NEGATIVOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LOS. Si conforme a la doctrina que rige en materia de suspensión, ésta no puede jamás producir el efecto propio de la sentencia de amparo, que es el de hacer que las cosas se restituyan al estado que guardaban con anterioridad al acto que se reputa violatorio de garantías, una vez demostrado que la naturaleza del mismo es negativa y que tiene el carácter de consumado, no cabe alegar que se surtan los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo ni que esta Suprema Corte haya establecido la procedencia de la suspensión para cuando la autoridad responsable no exprese la ley que estuviere aplicando en el acto reclamado, toda vez que por encima de ella, está la finalidad legal que debe regir a toda suspensión." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 2678.) "ACTOS NEGATIVOS. Si el tribunal responsable se niega a revocar la resolución anterior que a su vez negó la concesión de un término de prueba, dicha resolución es de índole netamente negativa y como tal, contra ella no cabe la suspensión." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CV. Página: 2748.) Asimismo, la tesis XXI.2o.11 K, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 214, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997, de registro 199059, cuyo rubro y contenido literalmente dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Consecuentemente, lo conducentes es negar la suspensión definitiva solicitada, por las razones expuestas en líneas precedentes. SEXTO. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la diversa autoridad responsable Dirección General del Registro Civil en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, no ha rendido el informe previo que le fue solicitado mediante oficio 36903 girado el veinte de septiembre del año en curso, mismo se remitió por correo certificado con acuse de recibo, por tanto se encuentra en proceso de notificación. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a la quejosa Claudia Salazar Juárez, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta determinación. SEGUNDO. En términos del considerando último de esta resolución, se difiere la audiencia incidental. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que fue reenviado el oficio dirigido a la autoridad responsable Director del Hospital General de Ceylán en Tlalnepantla, Estado de México, para que estén en aptitud de rendir su informe justificado. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

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