Alfredo Cabrera Rosales
Expediente 225/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alfredo Cabrera Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Agréguese a los autos con el oficio de la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual acus Arecibo del oficio por el que se le notificó el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés; y, se le devolvió duplicado de la causa penal ********************de su índice que remitió como apoyo a su informe justificado. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue recibido vía correo institucional. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTAL En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, el cuaderno auxiliar que se formó con el duplicado de la causa penal ********************de su índice; y, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues ya que pone fin al juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, así como a la diversa tercera interesada; y, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés; ya que la parte quejosa no compareció a recoger los edictos ordenados en autos, y, tampoco comprobó haberlos entregado para su publicación a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada Francisca Tapia Valencia. Sobreseimiento En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. No es inadvertido para el suscrito Juez de Distrito el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ni tampoco, la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. De aquí que se estima que en el caso tales precedentes no son aplicables, pues la parte quejosa abandonó la carga procesal, pues ni siquiera compareció a recoger los edictos. Máxime que obra en autos la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la queja 119/2023, interpuesta por el quejoso en contra del auto de dos de junio pasado, por el cual ordena emplazar por edictos a Francisca Tapia Valencia, parte interesada, a costa del referido quejoso; en la que se declaró infundado dicho recurso, pues dicho emplazamiento por edictos (a costa del quejoso) fue legal, amén de que en dicho proveído, con total claridad y precisión, indicó cómo y dónde deberían publicarse los edictos y se concedió el término de veinte días para recogerlos, con el apercibimiento respectivo, en caso de ser omiso, como en el caso sucede. Audiencia constitucional En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente físico El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues pone fin al juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercera interesada; y, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A A PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés; ya que la parte quejosa no compareció a recoger los edictos ordenados en autos, y, tampoco comprobó haberlos entregado para su publicación a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada Francisca Tapia Valencia. Sobreseimiento En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. No es inadvertido para el suscrito Juez de Distrito el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ni tampoco, la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. De aquí que se estima que en el caso tales precedentes no son aplicables, pues la parte quejosa abandonó la carga procesal, pues ni siquiera compareció a recoger los edictos. Máxime que obra en autos la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la queja 119/2023, interpuesta por el quejoso en contra del auto de dos de junio pasado, por el cual ordena emplazar por edictos a Francisca Tapia Valencia, parte interesada, a costa del referido quejoso; en la que se declaró infundado dicho recurso, pues dicho emplazamiento por edictos (a costa del quejoso) fue legal, amén de que en dicho proveído, con total claridad y precisión, indicó cómo y dónde deberían publicarse los edictos y se concedió el término de veinte días para recogerlos, con el apercibimiento respectivo, en caso de ser omiso, como en el caso sucede. Audiencia constitucional En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente físico El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues pone fin al juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercera interesada; y, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito.
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