Alfredo Barrera Cabrera

Expediente 898/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
898/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
04/11/2015

Partes del expediente

  • Alfredo Barrera Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA "7" VISTA A CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERA' EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SIN QUE ALFREDO BARRERA CABRERA, HUBIERA RECURRIDO EL ACUERDO DICTADO EL DIC OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE: EN CONSECUENCIA, CORI APOYA EN EL ARTÍCULO 356. TRACCIÓN II. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIO A LA LEY DE AMPARO. SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN, HA QUEDADO FIRME PARA TODAS LAS ELECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES: POR LA QUE, HÁGANSE TAS ANATA DONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. EN TALES CONDICIONES Y EN VISTA DEL CONTENIDA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL O DE TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTA VIGÉSIMO PRIMERO, TRACCIÓN 1, DEL ACUERDA GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LAS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. RELATIVA A LA TRANSFERENCIA. DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LAS JUZGADAS DE DISTRITO. SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNO VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AT QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRA DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE' SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CORI LA DISPUESTO EN EL APARTADA VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  2. Incidental

    MESA "7" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NOVIEMBRE CUATRO DE DOS MIL QUINCE. VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SIN QUE ALFREDO BARRERA CABRERA, HUBIERA RECURRIDO EL ACUERDO DICTADO EL DÍA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE; EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN, HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. EN TALES CONDICIONES Y EN VISTA DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL O DE TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  3. Principal

    MESA "7" EN PRINCIPIO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE MEDIANTE OFICIO CCJ/ST/50001/2015, EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE EN SESIÓN CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DICHA COMISIÓN TUVO A BIEN AUTORIZAR AL LICENCIADO ASDRÚBAL GONZÁLEZ RAMÍREZ, SECRETARIO DE ESTE JUZGADO, PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 43, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE EXPIDE SU SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES, QUIEN A PARTIR DE ESTA FECHA ESTARÁ A CARGO DEL ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. AHORA BIEN, VISTA LA RAZÓN LEVANTADA POR LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, ADRIANA RAMÍREZ BRAVO, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO AL TERCERO INTERESADO SERGIO BOCANEGRA GARCÍA, A FIN DE QUE SE PRESENTARA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADO DEL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE AL REFERIDO TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, OCTUBRE OCHO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que este juzgador de derechos fundamentales advierte que al momento de rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora en lo Civil, Unidad de Procesos Cinco de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señaló lo que a continuación se transcribe; "por lo que respecta al primero de los actos reclamados, es falso, en razón de que en fecha 24 de Agosto de 2015, el Agente del Ministerio Público que me antecedió en la titularidad de esta Unidad de Investigación número Cinco sin detenido, dependiente de la 74 Agencia Investigadora en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-81T3/771/12-01; como se advierte del Acuerdo de referencia y Factura que se adjuntan al presente como Anexos 1 y 2, respectivamente; determinación que le fue notificada al quejoso por la Responsable de esta Agencia, Licenciada Blanca Rosa Ham García, en fecha 22 de Septiembre de 2015, a través de la persona de nombre Sandra Alicia Jara López, como consta en la copia certificada de la Cédula de Notificación que se adjunta al presente como Anexo número 3. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado por el quejoso, señalado con el inciso b), en el Oficio número 6951 que se contesta, consistente en la abstención por parte de esta responsable para ejercer la acción penal correspondiente en contra del inculpado Sergio García Bocanegra, al respecto, informo a Usted que el suscrito se encuentra en imposibilidad material de emitir determinación alguna en la indagatoria que nos ocupa, toda vez que, al haberse emitido determinación de NO Ejercicio de la Acción Penal en la misma, fue remitida para su estudio, aprobación y en su caso, notificación de la citada determinación por parte de la Responsable de Agencia, superior jerárquico del suscrito." En ese tenor, de la transcripción anterior se advierte que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Representante Social titular de la Unidad de Investigación número Cinco sin detenido, dependiente de la 74 Agencia Investigadora en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01; asimismo, informó que el día veintidós de septiembre de dos mil quince notificó esa determinación a la parte agraviada, notificándole a Sandra Alicia Jara López en el domicilio señalado por el justiciable ALFREDO BARRERA CABRERA, información que acreditó la responsable con las copias certificadas que al efecto remitió, y que al ser copias certificadas se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 217, 197 y 202 del código supletorio a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito advierte que efectivamente de las constancias que remitió la autoridad responsable el veinticuatro de agosto de dos mil quince la autoridad responsable emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01 y el día veintidós de septiembre de dos mil quince, notificó esa determinación a la parte agraviada, notificándole a Sandra Alicia Jara López en el domicilio señalado por el justiciable ALFREDO BARRERA CABRERA; por lo que este juzgador considera que se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes, por lo que, ello deriva en que han cesado los efectos de los actos que por esta vía se impugnan, consistentes en; "a).- La abstención de determinar la averiguación previa número FCH/CUH-8/T3/771/12-2, b) La abstención de ejercitar la acción penal correspondiente en contra del presunto responsable en la averiguación previa antes detallada.", en contra del peticionario de garantías, así como su ejecución. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese tenor, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, todo ello, en atención al principio de potencialidad restitutiva, consagrado en el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora en lo Civil, Unidad de Procesos Cinco de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Representante Social titular de la Unidad de Investigación número Cinco sin detenido, dependiente de la 74 Agencia Investigadora en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01; asimismo, informó que el día veintidós de septiembre de dos mil quince notificó esa determinación a la parte agraviada, notificándole a Sandra Alicia Jara López en el domicilio señalado por el justiciable ALFREDO BARRERA CABRERA, por lo que se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, pues al haber emitido su determinación en relación a los actos reclamados del aquí doliente de garantías y notificarle esa determinación en el domicilio que señaló para tal efecto es evidente que los efectos de los actos reclamados han desaparecido en forma total, de tal manera que las cosas regresaron que tenían antes de la violación constitucional pues los actos reclamados ya no están surtiendo sus efectos. Por tanto, se puede deducir que en la especie, la omisión por parte del Agente del Ministerio Público de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora en lo Civil, Unidad de Procesos Cinco de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, fue consumada al momento de dictar el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01 omisión reclamada en el asunto que nos ocupa, por ello, se concluye que a la data el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos por parte de la autoridad responsable, pues el mismo sólo rige hasta el momento en que el Representante Social dictó el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01 y notificó dicho auto personalmente a Sandra Alicia Jara López en el domicilio que señaló la parte quejosa, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por ALFREDO BARRERA CABRERA, en contra de los actos que por esta vía se reclaman, consistentes en; "a).- La abstención de determinar la averiguación previa número FCH/CUH-8/T3/771/12-2, b) La abstención de ejercitar la acción penal correspondiente en contra del presunto responsable en la averiguación previa antes detallada.", por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA "7" VISTAS LAS DOS RAZONES LEVANTADAS POR LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, LUCILA ALARCÓN GALVÁN, DE LAS QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO AL QUEJOSO ALFREDO BARRERA CABRERA Y/O AUTORIZADOS, A FIN DE QUE SE PRESENTARAN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADOS DEL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE AL REFERIDO AGRAVIADO EL PROVEÍDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: " MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, OCTUBRE OCHO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que este juzgador de derechos fundamentales advierte que al momento de rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora en lo Civil, Unidad de Procesos Cinco de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señaló lo que a continuación se transcribe; "por lo que respecta al primero de los actos reclamados, es falso, en razón de que en fecha 24 de Agosto de 2015, el Agente del Ministerio Público que me antecedió en la titularidad de esta Unidad de Investigación número Cinco sin detenido, dependiente de la 74 Agencia Investigadora en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-81T3/771/12-01; como se advierte del Acuerdo de referencia y Factura que se adjuntan al presente como Anexos 1 y 2, respectivamente; determinación que le fue notificada al quejoso por la Responsable de esta Agencia, Licenciada Blanca Rosa Ham García, en fecha 22 de Septiembre de 2015, a través de la persona de nombre Sandra Alicia Jara López, como consta en la copia certificada de la Cédula de Notificación que se adjunta al presente como Anexo número 3. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado por el quejoso, señalado con el inciso b), en el Oficio número 6951 que se contesta, consistente en la abstención por parte de esta responsable para ejercer la acción penal correspondiente en contra del inculpado Sergio García Bocanegra, al respecto, informo a Usted que el suscrito se encuentra en imposibilidad material de emitir determinación alguna en la indagatoria que nos ocupa, toda vez que, al haberse emitido determinación de NO Ejercicio de la Acción Penal en la misma, fue remitida para su estudio, aprobación y en su caso, notificación de la citada determinación por parte de la Responsable de Agencia, superior jerárquico del suscrito." En ese tenor, de la transcripción anterior se advierte que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Representante Social titular de la Unidad de Investigación número Cinco sin detenido, dependiente de la 74 Agencia Investigadora en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01; asimismo, informó que el día veintidós de septiembre de dos mil quince notificó esa determinación a la parte agraviada, notificándole a Sandra Alicia Jara López en el domicilio señalado por el justiciable ALFREDO BARRERA CABRERA, información que acreditó la responsable con las copias certificadas que al efecto remitió, y que al ser copias certificadas se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 217, 197 y 202 del código supletorio a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito advierte que efectivamente de las constancias que remitió la autoridad responsable el veinticuatro de agosto de dos mil quince la autoridad responsable emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01 y el día veintidós de septiembre de dos mil quince, notificó esa determinación a la parte agraviada, notificándole a Sandra Alicia Jara López en el domicilio señalado por el justiciable ALFREDO BARRERA CABRERA; por lo que este juzgador considera que se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes, por lo que, ello deriva en que han cesado los efectos de los actos que por esta vía se impugnan, consistentes en; "a).- La abstención de determinar la averiguación previa número FCH/CUH-8/T3/771/12-2, b) La abstención de ejercitar la acción penal correspondiente en contra del presunto responsable en la averiguación previa antes detallada.", en contra del peticionario de garantías, así como su ejecución. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese tenor, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, todo ello, en atención al principio de potencialidad restitutiva, consagrado en el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora en lo Civil, Unidad de Procesos Cinco de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Representante Social titular de la Unidad de Investigación número Cinco sin detenido, dependiente de la 74 Agencia Investigadora en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, emitió Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01; asimismo, informó que el día veintidós de septiembre de dos mil quince notificó esa determinación a la parte agraviada, notificándole a Sandra Alicia Jara López en el domicilio señalado por el justiciable ALFREDO BARRERA CABRERA, por lo que se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, pues al haber emitido su determinación en relación a los actos reclamados del aquí doliente de garantías y notificarle esa determinación en el domicilio que señaló para tal efecto es evidente que los efectos de los actos reclamados han desaparecido en forma total, de tal manera que las cosas regresaron que tenían antes de la violación constitucional pues los actos reclamados ya no están surtiendo sus efectos. Por tanto, se puede deducir que en la especie, la omisión por parte del Agente del Ministerio Público de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora en lo Civil, Unidad de Procesos Cinco de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, fue consumada al momento de dictar el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01 omisión reclamada en el asunto que nos ocupa, por ello, se concluye que a la data el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos por parte de la autoridad responsable, pues el mismo sólo rige hasta el momento en que el Representante Social dictó el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria FCH/CUH-8/T3/771/12-01 y notificó dicho auto personalmente a Sandra Alicia Jara López en el domicilio que señaló la parte quejosa, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por ALFREDO BARRERA CABRERA, en contra de los actos que por esta vía se reclaman, consistentes en; "a).- La abstención de determinar la averiguación previa número FCH/CUH-8/T3/771/12-2, b) La abstención de ejercitar la acción penal correspondiente en contra del presunto responsable en la averiguación previa antes detallada.", por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

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