Alfredo Aragón Maldonado
Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Aragón Maldonado
Actuaciones
- Principal
"...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por *****************, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que promovió ****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 557/2022. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Estudio de la demanda de amparo. EL quejoso ****, promueve demanda de amparo, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, es necesario precisar que el artículo 113 de la ley de la materia, dispone que ésta se debe examinar y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama, lo siguiente: ".El acuerdo de fecha 29 de abril de 2022 emitido por el licenciado ****, titular de la Mesa Cuatro de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el cual se ordenó al propietario y/o encargado del encierro denominado "Grúas Morga" la entrega material de mi unidad de motor, misma que se encuentra en el encierro a mencionado bajo el inventario de vehículo de fecha 08 de julio de 2018, en el cual no se ordena la devolución LISA Y LLANA al encierro, sin exigencia de pago alguno. La exigencia del pago por parte del encierro denominado "GRÚAS MORGA", relativo al pago de traslado y pensión del vehículo de motor marca NISSAN, TIPO TSURU, COLOR GRIS, SERIE NÚMERO 3N1EB31S5YL164024, MOTOR GA16792877R, AÑO 2000, PLACAS DE CIRCULACIÓN SG-34205, DEL ESTADO DE PUEBLA, mimo que se sigue incrementando con el tiempo por lo que es un acto reclamado de ejecución continua, lo cual se desprende de la OMISIÓN de las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que no realizaron los actos de investigación correspondientes para que me fuera informada la recuperación de mi vehículo oportunamente. La omisión de la Fiscalía General del Estado en supervisar a las Fiscalías Locales en la correcta investigación de las carpetas de investigación que me generaron vulneraciones a mi esfera de derechos humanos irreparables y además la falta de un encierro oficial gratuito destinado para el resguardo de los vehículos de las víctimas." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otras autoridades. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del acto reclamado, resulta procedente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación armónica del artículo en mención, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, a través del Juez de Control. Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que, la negativa de devolución lisa y llana la unidad de motor sin exigencia de pago alguno, así como las omisiones de las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al tratarse de determinaciones en la fase de investigación, corresponde al Juez de Control determinar si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Por ello, se reitera que, a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se permitirá, en su caso, ordenar la devolución del vehículo de motor NISSAN, TIPO TSURU, COLOR GRIS, SERIE NÚMERO 3N1EB31S5YL164024, MOTOR GA16792877R, AÑO 2000, PLACAS DE CIRCULACIÓN SG-34205, DEL ESTADO DE PUEBLA, sin exigencia de pago alguno, así como las omisiones de las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en forma expedita y en breve término, es decir, en una sola audiencia y con citación de las partes; lo anterior, con independencia de que se trate de una técnica de investigación. Sirven de apoyo a contrario sensu, las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2018, cuyos rubros y textos refieren: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña, no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Elementos por los que el suscrito concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de la devolución lisa y llana la unidad de motor sin exigencia de pago alguno, así como las omisiones de las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Sin que pase desapercibido para el suscrito que (el primer acto reclamado) en el caso no se trate de una omisión del Agente del Ministerio Público de investigar, sin embargo, al tratarse de una determinación realizada en la etapa de investigación, ésta de igual manera puede ser impugnada ante el Juez de Control, como lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado a contario sensu. Así como el criterio X.1o.1 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo III, con registro digital 2023161, cuyo rubro y texto son: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." Sirve de apoyo la tesis III.2o.C.18 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1827, que es del tenor literal siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro 2005039, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Asimismo, se hace valer por las razones que se contienen en la misma, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que se comparte, de contenido: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo". Por las razones expuestas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo; asimismo, por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, por haber proporcionado el número de cédula profesional expedida a su favor, que la faculta a ejercer la profesión de licenciada en derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, a las demás personas que indica en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente.
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