Alfredo Antonio Mendoza San Jose
Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 58 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alfredo Antonio Mendoza San Jose
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, así como la segunda certificación de cuenta, se advierte que el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a ************************, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, exhibiendo el billete de depósito número *****************, expedido por Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fue otorgada; asimismo, se tuvo por constituida la garantía y, por ende, satisfecho el requisito que le fue impuesto, para que surtiera efectos la suspensión provisional a favor del quejoso *********************, pronunciada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, con base en el artículo 136 de la Ley de Amparo, hágase el conocimiento de la parte quejosa que podrá solicitar la entrega del billete de depósito exhibido como garantía, dentro del término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que, en caso de no hacerlo, prescribirá en favor del Erario Federal. Sirve de apoyo, en lo que interesa la tesis III.4º.C.38 C (10ª), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1745, del Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009639, que establece: "PRESCRIPCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA SI NO SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES AL TÉRMINO DE SEIS MESES PREVISTO POR EL DIVERSO 129 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE LA PARTE TERCERO PERJUDICADA TRAMITE EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. No obstante que el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada no restringe el derecho del quejoso para solicitar la devolución del billete de depósito que exhibió dentro del incidente de suspensión, una vez transcurrido el lapso de seis meses que dicha norma otorga a la parte tercera perjudicada para promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, sin que éste se tramitara, lo objetivamente incuestionable es que el citado dispositivo legal debe interpretarse de manera armónica con el 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que, al respecto, establece que los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive, los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del fisco federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. Con base en lo anterior, se concluye que si no se solicita la devolución del referido valor dentro de los dos años siguientes al término de seis meses previsto por el primer numeral citado, prescribe en favor del fisco federal.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte QUEJOSA el presente acuerdo, y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal de los autos se provee, en razón de que ha transcurrido el plazo concedido a fin de que las respectivas partes manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. En la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo a la parte quejosa. Seguidamente, inconforme con el fallo constitucional, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, el tercero interesado Ezequiel de Jesús Mendoza García, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de mérito, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito. Luego, en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal de Alzada confirmó en su primer punto resolutivo la sentencia impugnada y, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo de la justicia federal al quejoso Alfredo Antonio Mendoza San José, para que el Juez Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México, cumpliera con los siguientes efectos: ".Únicamente por cuanto hace al quejoso Alfredo Antonio Mendoza San José, deje insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 454/2020, por el delito de robo agravado; Con plenitud de jurisdicción, es decir, sin que ello implique negar la orden de aprehensión, o bien devolver la averiguación previa en términos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, emita otra, en la que funde y motive su decisión de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Federal, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en uno diverso (bajo su más estricta responsabilidad), pero purgando los vicios formales de los que adolecía la anterior." En ese orden de ideas, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo enviada por el referido Tribunal Colegiado y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado por este juzgado de distrito con folio 12566, la Directora General de Amparo de la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, remitió el acuse de recibo del oficio FGE/CGJ/DGA/122/2023, dirigido al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual le informó que existe imposibilidad de aprehender al quejoso, derivado de la ejecución de orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en su contra, por el Juez Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México, hasta en tanto la responsable de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficios recibidos el veinte de julio de dos mil veintitrés, con folios 12967 y 13007 el Juez Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México, informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 454/20 y, con plenitud de jurisdicción, atendiendo a lo señalado en la ejecutoria de amparo, emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Alfredo Antonio Mendoza San José, pero de manera fundada y motivada. Tales constancias fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por lo que se consideran documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. II. Determinación. Bajo esas premisas, resulta evidente que se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó a Alfredo Antonio Mendoza San José, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Manifestaciones. Se tienen por vistas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en las que refiere que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que considera que la nueva orden de aprehensión no se encuentra debidamente motivada y fundamentada, además de que carece de análisis en las probanzas ofrecidas. No obstante a lo anterior, de la orden de aprehensión de mérito, se advierte que en la página cincuenta y uno, se encuentran explicados en qué consisten cada uno de los elementos del cuerpo del delito que se imputan a Alfredo Antonio Mendoza San José, así como con cuáles medios se acredita cada uno de ellos, además de exponer los razonamientos jurídicos correspondientes. Por tanto, dígase a la parte quejosa que, en caso de encontrarse en desacuerdo con el sentido de dicha determinación por la forma en que fueron apreciados los elementos de fondo que la sustentan, tal cuestión tendrá que hacerla valer en la vía que estime conveniente, en atención a que se trata de un acto de autoridad distinto al reclamado en esta instancia constitucional, lo cual ya no es materia de la ejecutoria de amparo y, por ende, esta Juzgadora no puede analizar cuestiones ajenas a la misma. IV. Archivo y devolución de documentos En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que, de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. 5. Así también, en caso de haberse formado anexo por separado con las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. 6. El cuaderno original del incidente de suspensión es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, fracción b), del referido Acuerdo General, pues se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. 7. El duplicado de ese cuaderno es destruible, toda vez que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción II inciso a) del Acuerdo en mención, y existe el original del cuaderno del incidente de suspensión, por lo que a juicio de este órgano de control constitucional no es de valor jurídico y carece de relevancia documental; por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. En razón de lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. V. Anotaciones Por otra parte, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VI. Del escrito registrado con folio 14714. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Juez Décimo Octavo en Materia Penal de Proceso Escrito y de Tutela de Derecho Humanos de la Ciudad de México, toda vez que mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la información contenida en el oficio de mérito y se acordó lo conducente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesado el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal de los autos se provee, en razón de que ha transcurrido el plazo concedido a fin de que las respectivas partes manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. En la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo a la parte quejosa. Seguidamente, inconforme con el fallo constitucional, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, el tercero interesado Ezequiel de Jesús Mendoza García, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de mérito, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito. Luego, en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal de Alzada confirmó en su primer punto resolutivo la sentencia impugnada y, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo de la justicia federal al quejoso Alfredo Antonio Mendoza San José, para que el Juez Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México, cumpliera con los siguientes efectos: ".Únicamente por cuanto hace al quejoso Alfredo Antonio Mendoza San José, deje insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 454/2020, por el delito de robo agravado; Con plenitud de jurisdicción, es decir, sin que ello implique negar la orden de aprehensión, o bien devolver la averiguación previa en términos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, emita otra, en la que funde y motive su decisión de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Federal, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en uno diverso (bajo su más estricta responsabilidad), pero purgando los vicios formales de los que adolecía la anterior." En ese orden de ideas, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo enviada por el referido Tribunal Colegiado y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado por este juzgado de distrito con folio 12566, la Directora General de Amparo de la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, remitió el acuse de recibo del oficio FGE/CGJ/DGA/122/2023, dirigido al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual le informó que existe imposibilidad de aprehender al quejoso, derivado de la ejecución de orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en su contra, por el Juez Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México, hasta en tanto la responsable de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficios recibidos el veinte de julio de dos mil veintitrés, con folios 12967 y 13007 el Juez Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México, informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 454/20 y, con plenitud de jurisdicción, atendiendo a lo señalado en la ejecutoria de amparo, emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Alfredo Antonio Mendoza San José, pero de manera fundada y motivada. Tales constancias fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por lo que se consideran documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. II. Determinación. Bajo esas premisas, resulta evidente que se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó a Alfredo Antonio Mendoza San José, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Manifestaciones. Se tienen por vistas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en las que refiere que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que considera que la nueva orden de aprehensión no se encuentra debidamente motivada y fundamentada, además de que carece de análisis en las probanzas ofrecidas. No obstante a lo anterior, de la orden de aprehensión de mérito, se advierte que en la página cincuenta y uno, se encuentran explicados en qué consisten cada uno de los elementos del cuerpo del delito que se imputan a Alfredo Antonio Mendoza San José, así como con cuáles medios se acredita cada uno de ellos, además de exponer los razonamientos jurídicos correspondientes. Por tanto, dígase a la parte quejosa que, en caso de encontrarse en desacuerdo con el sentido de dicha determinación por la forma en que fueron apreciados los elementos de fondo que la sustentan, tal cuestión tendrá que hacerla valer en la vía que estime conveniente, en atención a que se trata de un acto de autoridad distinto al reclamado en esta instancia constitucional, lo cual ya no es materia de la ejecutoria de amparo y, por ende, esta Juzgadora no puede analizar cuestiones ajenas a la misma. IV. Archivo y devolución de documentos En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que, de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. 5. Así también, en caso de haberse formado anexo por separado con las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. 6. El cuaderno original del incidente de suspensión es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, fracción b), del referido Acuerdo General, pues se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. 7. El duplicado de ese cuaderno es destruible, toda vez que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción II inciso a) del Acuerdo en mención, y existe el original del cuaderno del incidente de suspensión, por lo que a juicio de este órgano de control constitucional no es de valor jurídico y carece de relevancia documental; por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. En razón de lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. V. Anotaciones Por otra parte, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VI. Del escrito registrado con folio 14714. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Juez Décimo Octavo en Materia Penal de Proceso Escrito y de Tutela de Derecho Humanos de la Ciudad de México, toda vez que mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la información contenida en el oficio de mérito y se acordó lo conducente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio firmado por el Juez Décimo Octavo en Materia Penal de Proceso Escrito y de Tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México, toda vez que mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento informado por la autoridad responsable. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con la vista que le fue otorgada; atento a su contenido, se tienen por hechas dichas manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento en que este juzgado se pronunciarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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