Alfredo Antonio García Castillo
Expediente 816/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Alfredo Antonio García Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
...Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno...
- Juicio de Amparo Directo
Del estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se desprende que en sesión de tres del mes y año en curso, se resolvió el recurso de reclamación 19/2021, interpuesto por AAGC, en su carácter de Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el entonces Magistrado Presidente, en el amparo directo 816/2021, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de reclamación interpuesto contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio de amparo directo 816/2021, promovido por AAGC, en su carácter de Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, en contra de la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente 1180/2018". Consecuentemente, el proveído impugnado ha causado estado, y, por ende, queda firme; hágase del conocimiento de la autoridad responsable, así como las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, devuélvase el expediente 1180/2018-1 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, solicitándole acuse de recibo.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de reclamación contra el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, dictado por la Presidencia, en el expediente en que se actúa. Ahora bien, atento a su contenido, en términos de lo dispuesto en los artículos 104, 105 y 106, todos de la Ley de Amparo, así como del numeral 45, fracción II, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga al similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales de dieciocho de mayo de dos mil quince, previa copia certificada que se deje en autos del escrito de cuenta, remítase el mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, a fin de que se recepcione y registre como un ingreso de recurso de reclamación.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio TJA-Tlax-P1- 210/2021, signado por la Magistrada Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por AAGC, en su carácter de Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, contra la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente 1180/2018, en la cual declaró la nulidad absoluta del acto administrativo, consistente en la conclusión del servicio policial de forma injustificada de JMCP, como policía adscrito a dicha dirección, por tanto condenó al pago de indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, prima vacacional, salarios devengados y no pagados, inscripción y alta ante Pensiones Civiles del Estado, pago de aportaciones de seguridad social y absolvió del pago de vacaciones y prima de antigüedad; certificación relativa a la presentación de la misma, escrito de presentación, copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento, así como el expediente de mérito; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que quien promueve este juicio constitucional, es el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, que con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsista el acto administrativo consistente en resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, donde se declaró la nulidad absoluta del acto administrativo, consistente en la conclusión del servicio policial de forma injustificada de JMCP, como policía adscrito a dicha dirección; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del expediente de origen, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 171/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 467, tomo XXIII, enero de 2006, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ello en virtud de que, si bien la misma se integró conforme a la ley anterior, continúa en vigor al no oponerse a la ley vigente, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que menciona; en la inteligencia de que si acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, se les tendrá como autorizadas en los términos amplios a que hace alusión la porción normativa en cita. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por AAGC, en su carácter de Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, contra la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente 1180/2018.
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