Alfredo Antonio Díaz Díaz
Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
Partes del expediente
- Alfredo Antonio Díaz Díaz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que trascurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para impugnar el acuerdo dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin haberse ejercido ese derecho. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado firme para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en este juicio; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, se deja de acordar lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vistos; el oficio de cuenta suscrito por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado y anexa documental en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y su anexo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de cuenta, en donde la autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida la documental que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, la cual se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, constancia la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. Sentado lo anterior, como cuestión preliminar es necesario puntualizar que en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado procede a realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual se analiza en su integridad, la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Acorde a lo anterior, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: - La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente J/O/526/2019, de su índice. Así pues, en ese orden de ideas, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. De la causal antes invocada, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, la parte quejosa hace valer como acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente J/O/526/2019, de su índice. De ahí que, al haberse dictado el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en el expediente J/O/526/2019, en el cual, la responsable señala fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, es inconcuso que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. Dicha situación se equipará a la restitución al peticionario de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En esa tesitura, con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que haya ha lugar a requerir la constancia de notificación del auto en cuestión, pues este juzgado notificara a la parte quejosa la resolución alcanzada, aunado a que la falta de notificación no fue reclamada en autos. Apoya a lo anterior por las razones que expone, la tesis 3a. LII/94, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Octubre de 1994, con registro 206576, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. LA NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON ELLA, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACION FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y se actúa de conformidad con el artículo 111 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." (Énfasis añadido) Por otro lado, visto el resultado alcanzado, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por conducto de su apoderado legal Porfirio Gutiérrez Fiallo, en tal virtud, téngase por reconocida la personería en términos del artículo 11, de la Ley de Amparo, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 611/2022-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por +++, por conducto de su apoderado legal +++. III. Autoridad responsable. - Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. IV. Acto reclamado. - La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente 526/2019, de su índice. V. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado, no obstante a que en la parte final refiera que se pida el informe previo, sin embargo, no realizó el capítulo de suspensión relativo en la demanda. VI. Audiencia. Se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VII. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VIII. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. IX. Intervención del Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. X. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XI. Pruebas. Sin que se provea al respecto en virtud de que la parte quejosa no las ofreció. XII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XIII. Domicilio, autorizados, expediente y notificaciones electrónicos. Atento a lo peticionado, se tiene a Alfonso Farrera Gutiérrez, Lorena Hernández Alcaraz, Saúl Jonatan Gómez González, Johana Maricel Gutiérrez Caballero, Karla Itzel Gutiérrez Caballero, Guadalupe Fernández López, Rocío del Carmen Perez Clemente, Diana Cristal Estudillo Galeana, Roger Osmarni Mondragón Bacilio y Luis David Mendoza Cal y Mayor, como autorizados en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones. Atento a lo peticionado por dicha parte procesal, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario "Porfirio25", para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario "Porfirio25"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Cabe destacar que no se soslaya el hecho de que la quejosa señala como domicilio físico para efecto de oír y recibir notificaciones, sin embargo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deben de privilegiarse los medios electrónicos. Por otro lado, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el correo electrónico, es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. XIV. Terceros Interesados. Se reserva proveer al respecto hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. XV. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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