Alfredo Antonio Avalos Abrahantes

Expediente 1118/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1118/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Antonio Avalos Abrahantes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco en funciones de Juez, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado respecto del juicio de amparo 1118/2022 promovido por **********, en favor de *********** contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco y otras. Por lo anterior, se ordena el archivo del cuadernillo para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso c) del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental; hecho que deberá realizar una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco cinco de julio de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 875/2020-V-1, promovido por María Elena Zentella Cantón, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET); tramítese por duplicado el incidente de suspensión. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 136 párrafo primero, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, como lo dispone la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las diez horas con cinco minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia incidental. ACTOS RECLAMADOS. b) "La omisión de proporcionarme prestaciones médicas en relación a tales padecimientos en términos de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicada el 1 de agosto de 1984. c) La omisión de otorgarme una pensión de invalidez o vejez en términos de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicada el 1 de agosto de 1984." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO AL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL INCISO B). Atendiendo al acto materia de la presente suspensión, se estima oportuno destacar en primer término que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución. En ese sentido, el derecho a la salud, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Federal, no solo se constriñe a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, pues ello desconocería la propia naturaleza humana y la dignidad de las personas; sino que va más allá, pues no solo comprende su estado físico, sino aspectos internos y externos, como el buen estado mental y emocional del individuo; de ahí que la salud es, en realidad, la obtención de un determinado bienestar general, que se integra necesariamente por el estado físico, mental, emocional y social del sujeto. Cabe puntualizar que, respecto al tema del derecho a la salud consignado en el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Máximo Tribunal Constitucional del País, ha sostenido que este no debe entenderse como un derecho a estar sano, entrañando libertades y derechos, entre las libertades del ser humano figura el derecho a controlar la salud y el cuerpo, el criterio señalado se encuentra contenido en la tesis 1a. LXV/2008, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la salud, es una obligación inicialmente a cargo del Estado y sus organismos, pero también es una responsabilidad social, puesto que para el alcance de este derecho es necesaria la participación de diversos sectores, de allí que, la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los particulares. A lo anterior tiene aplicación la tesis plenaria P.J. 136/2008, consultable en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, de rubro y texto: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". En consecuencia, las obligaciones en materia de salud, no solo atañen al sector público sino también al privado, y en específico a todos los particulares que se dedican a los servicios de salud, pues son ellos quienes en colaboración con la autoridad pública auxilian a prestar servicios de salud de calidad lo que se traduce en un efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Federal.

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