Alfredo Ameca Rodríguez
Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alfredo Ameca Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1007/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 153 a 162), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos las constancias de notificación de las autoridades responsables foráneas 1. Secretario de Marina, residente en la Ciudad de México, 2. Gobernador del Estado de Veracruz y 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada -sobreseimiento- no las afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós y ocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 116 y 117 y 144 a 148 respectivamente, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 153 a 162), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos las constancias de notificación de las autoridades responsables foráneas 1. Secretario de Marina, residente en la Ciudad de México, 2. Gobernador del Estado de Veracruz y 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada -sobreseimiento- no las afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós y ocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 116 y 117 y 144 a 148 respectivamente, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y, certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que integran el presente asunto y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales en copia simple ofrecidas en el presente juicio por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y su ampliación, así como las ofrecidas por la autoridad 4. Comandante de la Tercera Región Naval, y 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ambos con sede en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos. Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la Fiscal de la Federación de la adscripción no presentó el pedimento, se concluye este período de la audiencia constitucional. En seguida, el Juez dicta la resolución: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1007/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de octubre de dos mil veintidós, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Alfredo Ameca Rodríguez y otros solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos que atribuyó al 1. Secretario de Marina con sede en Ciudad de México y otras autoridades, los cuales se precisarán en párrafos posteriores (fojas 9 a 34). SEGUNDO. Previo el desahogo de prevención formulada por este Juzgado, se proveyó sobre la admisión de la demanda en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, dado que se advirtió que aun cuando el acto reclamado por todos los quejosos es el mismo, los promoventes de amparo no tienen relación entre sí, y sus circunstancias no necesariamente son idénticas, mediante aplicación a contrario sensu de los artículos 76 y 77 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y a efecto de facilitar el manejo y resolución de las cuestiones planteadas, evitando el pronunciamiento de fallos complicados o confusos, en el mismo auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se decretó la separación del asunto en diversos juicios (uno por cada quejoso) indicándose que el presente expediente continuaría su trámite únicamente por lo que hace a la impetrante de garantías Alfredo Ameca Rodríguez (foja 63 a 69). Debido a lo anterior, en auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó: admitir la demanda de amparo por lo que hace al citado quejoso, requerir a las responsables su informe justificado, dar la intervención que le compete a la persona Fiscal de la Federación y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 76 a 80). TERCERO. Debido a que la autoridad responsable 4. Comandante de la Tercera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su respectivo informe justificado, informó sobre la posible participación de diversa autoridad en los actos que se reclaman, mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz (fojas 114 a 115). Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el quejoso Alfredo Ameca Rodríguez señaló como autoridad responsable al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por lo que, previo el desahogo de prevención formulada por este Juzgado, en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda y se pidió su informe justificado a dicha autoridad (fojas 121 a 124, 128 a 131). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 91, 88, 95, 102, 92, 135, 85 y expediente electrónico con auto de doce de diciembre de dos mil veintidós) la constancia de notificación al Ministerio Público adscrito a este juzgado de la demanda y su ampliación (foja 84 y 140) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con punto cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos a autoridades administrativas, que se dice tendentes a despojar de su fuente de trabajo a la parte quejosa, impugnables en amparo indirecto; la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, y actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y, por territorio, atento a que los actos aquí reclamados conllevan ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades 1. Secretario de Marina, con sede en Ciudad de México.; 2. Gobernador del Estado de Veracruz, 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, 4. Comandante de la Tercera Región Naval, 5. Presidente Municipal de Veracruz, 6. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, todos con sede en Veracruz, Veracruz, 8. Delegado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXIII Conurbación Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz: El desalojo de su centro de trabajo que durante más de treinta años han estado desarrollando en la plancha del Malecón y Comodoro Azueta en Veracruz. Por otra parte, del 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, reclamó: La orden dirigida al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz, a efecto que brindara seguridad y acompañamiento a personal de la mencionada dirección en la macro plaza del malecón de Veracruz, Veracruz, para mantener dicho espacio sin presencia de comercios irregulares de acuerdo con las Atribuciones del H. Ayuntamiento. Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método, se analizará si conforme a las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de acto. El acto reclamado consistente en el desalojo del centro de trabajo de la quejosa debe tenerse por no cierto. En principio porque las autoridades responsables 1. Secretario de Marina, con sede en Ciudad de México, 2. Gobernador del Estado de Veracruz, 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, 4. Comandante de la Tercera Región Naval, 5. Presidente Municipal de Veracruz, 5. Presidente Municipal de Veracruz, 6. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, todos con sede en Veracruz, Veracruz, 8. Delegado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXIII Conurbación Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, al rendir sus informes justificados (fojas 91, 88, 95, 102, 92, 135 85 por lo que hace a las autoridades 2, 3, 4, 5, 6 y 8, respectivamente, así como archivo digital correspondiente al doce de diciembre de dos mil veintidós por lo que hace a la autoridad 1.) negaron el acto reclamado, sin que la quejosa aportara medio de convicción alguno para desvirtuar dicha negativa. Por otra parte, si bien es cierto el 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado aceptó que emitió oficio dirigido al 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, para el efecto que designara personal a su cargo para que el cinco de octubre de dos mil veintidós, acompañara y brindara seguridad a personal de dicha dirección, también es verdad que dicho funcionario no aceptó que en la referida fecha se hubiera realizado desalojo de persona alguna de la Macro plaza del Malecón de Veracruz. Tanto es así, que las diversas autoridades 4. Comandante de la Tercera Región Naval, y 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ambas con sede en Veracruz, Veracruz, negaron haber participado en acciones de desalojo de comerciantes, e indicaron que con motivo de la solicitud del citado 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, proporcionaron seguridad a personal de la referida dirección en las labores de inspección que realizan, pero no se removió a comerciantes del lugar, puesto que los mismos ya se habían retirado con anterioridad. Sin que la quejosa haya aportado medio de convicción que apunte a la realización del operativo de desalojo que constituye el acto reclamado y al que hizo referencia en su capítulo de hechos, en el que incluso afirmó que ella y otros vendedores fueron llevados a las oficinas de la Policía Municipal, puesto que tales hechos no se encuentran acreditados. Por ende, como la parte quejosa no aportó elementos de convicción idóneos alguno que desvirtuara dichas negativas, pues corresponde a ésta acreditar la existencia del acto que les atribuye, con apoyo el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que al acto y autoridades señaladas en el segundo párrafo de este apartado se refiere. CUARTO. Certeza de acto. Es cierto el acto reclamado al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, consistente en la orden dirigida al 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, de prestar auxilio y seguridad al personal de dicha dirección para el desarrollo de sus funciones y mantener la macroplaza del Malecón sin presencia de comercio irregular. Lo anterior, dado que en su correspondiente informe justificado (fojas 147 y 148) la citada autoridad reconoció la existencia de dicho. Asimismo, se cuenta con copia certificada del mencionado oficio remitida por el 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz (foja 143) en la que se aprecia la citada instrucción. Dicha documental tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, por haber sido expedidos por el ente prestador del servicio público de agua. De allí, que se tenga por cierto el aludido acto. QUINTO. Procedencia. Por ser las causas de improcedencia de análisis preferente al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En criterio de este juzgador se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque se considera que no se encuentra demostrado que los actos reclamados afecten el interés jurídico del quejoso, el cual resulta indispensable para la procedencia de este juicio, como se demostrará a continuación. MARCO NORMATIVO El citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" El contenido del transcrito numeral, arroja que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia, el cual en el presente caso, guarda estrecha relación con artículo 107, fracción I Constitucional, ya que los citados dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)" Así, de las disposiciones antes señaladas, se desprende que en primer término para que se acredite el interés jurídico del quejoso en casos como el presente, debe establecerse la afectación real al derecho subjetivo del quejoso o en su caso, un derecho legítimo, ya sea individual o colectivo que le afecte de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico que deviene en una transgresión a su esfera jurídica (artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo). Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, cuyos rubro, texto y datos de localización son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. SUBSUNCIÓN. Así, si el interés jurídico consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión, en términos de lo señalado en el apartado anterior, la parte que promueve el juicio de amparo debe demostrar que es titular del derecho de uso conculcado por el acto de autoridad. Relacionado con lo anterior, el oficio DC/753/10/2022, signado por el 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, y dirigido al 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, señala en la parte medular, que se le solicita lo siguiente: "(.) ÚNICO.- Su auxilio en el ámbito de su competencia teniendo a bien designar al personal necesario a su cargo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Comercio, toda vez que en el citado Reglamento se encuentran establecidas como zonas prohibidas para el ejercicio del comercio en vía pública en sus modalidades de ambulante y semifijo las comprendidas entre las siguientes calles de Montesinos a José Azueta y de Marina Mercante, Paseo Insurgentes Veracruzanos, Malecón Comodoro Manuel Azueta, Manuel Doblado, Francisco Hernández y Hernández, Boulevard Manuel Ávila Camacho hasta Ignacio Allende. (.)" Respecto a dicho acto reclamado antes precisado, la parte quejosa instó juicio de amparo de garantías contra la autoridad responsable, argumentando que con el acto reclamado se vulnera en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; ello debido a que el acto de autoridad es violatorio de garantías por carecer de la debida fundamentación y motivación. Sin embargo, como se adelantó, con los medios de prueba anteriormente enumerados, no fue acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, y por lo tanto, su legitimación para promover el juicio de amparo correspondiente. Lo anterior puesto que en el oficio reclamado, mediante el cual el 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, solicitó apoyo de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz para que proporcionara seguridad y acompañamiento policial al personal de la Dirección de Comercio al momento en que realizaban labores de vigilancia e inspección relacionados con el cumplimiento del Reglamento de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, respecto de comercio ambulante y semifijo en zonas específicas del puerto. Documento que por sí mismo no ocasiona perjuicio alguno a la quejosa puesto que de la lectura del mismo, como se advierte, se indica que las labores a realizarse se encuentran previstas en el citado reglamento y en acatamiento al mismo, por lo que dicha petición en sí misma no puede ser violatoria de los derechos de la quejosa, sino que ello, en todo caso, derivaría de la aplicación incorrecta de las citadas normas, lo que en el caso no se reclamó. Asimismo, aún en el caso que la impetrante de garantías considerara que las normas aplicadas en sí mismas resultan violatorias de garantías, entonces debieron señalarse las mismas como acto reclamado en la correspondiente demanda de garantías, lo que tampoco ocurrió. Con independencia de lo anterior, debe resaltarse que la quejosa Alfredo Ameca Rodríguez, no justificó siquiera que tuviera el derecho para ejercer actos de comercio en cualquiera de los espacios mencionados en el oficio reclamado. Se sostiene lo anterior, puesto que anexó al escrito con el que señaló el acto y autoridad sujetos a estudio, la siguiente documentación: 1). Copia simple de su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral (foja 127) 2). Copia de "ticket" de pago de ocho de julio de dos mil veintidós, en los que se aprecia la leyenda: "PERMISO TEMP. P/ VTA DE ARTESANÍAS POR JULIO DE 2022), ESTE PAGO NO CREA DERECHO POR OCUPACIÓN." (sic) "Dirección: COMODORO AZUETA CVER 083" (foja 126). 3) Copia fotostática del gafete a nombre de Alfredo Ameca Rodríguez, con la leyenda "ARTESANÍAS" aparentemente expedido por el Ayuntamiento de Veracruz (foja 125). Documentos con los que el amparista pretende acreditar su interés jurídico, sin embargo, de la lectura de los mismos, no se demuestra que el quejoso cuenta con la cédula de empadronamiento que le otorgue el derecho a ejercer un acto de comercio en el citado sitio, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular. Lo anterior con independencia que se haya exhibido copia de recibo de pago de derechos, debido a que el mismo fue exhibido en copia fotostática simple por lo que puede tener valor sólo como indicio, pero además, porque el mismo acredita pago a un mes anterior a aquel en que fue expedido el acto reclamado, esto es, octubre de dos mil veintidós, aunado que el propio recibos tienen la leyenda que precisa a los pagadores que los citados permisos son temporales, y no generan derecho de ocupación alguno. Circunstancia que no acredita el dicho del quejoso relativo a que el Ayuntamiento de Veracruz, ya no emitía permisos desde el mes de Agosto de dos mil veintidós, puesto que en todo caso, ello debió ser objeto de impugnación por parte del quejoso, ya que de no hacerlo, ni obtener autorización alguna, su actividad sería irregular. Por ende, se estima que la parte quejosa no demostró tener un derecho legítimamente tutelado por la ley relacionado con el oficio reclamado, pues, en primer lugar, no se justificó que dicha solicitud, por sí misma, resulte violatoria de garantías, pero además porque no se aportaron elementos de prueba que justifiquen, que el ejercicio de las facultades de la autoridad afectará derechos constituido en favor del quejoso con relación a la actividad de comerciante en la zona de Malecón de Veracruz, Veracruz, resulta inconcuso, que no acredita la afectación a su esfera jurídica con el acto que reclama en el presente juicio, al no encontrarse legitimado para promover la acción de amparo, por no demostrar contar con la posesión que tutela el artículo 14 constitucional. CONCLUSIÓN Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, procede sobreseer en el presente juicio de garantías por lo que hace al acto reclamado al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Alfredo Ameca Rodríguez, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando segundo, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, como se dispone en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de febrero del presente año, se ordenó dar vista a las partes por el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por el 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, ya que el citado proveído se notificó por lista de acuerdos el diecisiete del actual, surtió efectos el veinte siguiente, y transcurre del veintiuno de febrero al dos de marzo, según se desprende de la certificación con la que se me da cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe.
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