Alfredo Álvarez Gutiérrez
Expediente 98/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Sección 155 del Sindicato Único de Electricistas de la república Mexicana y Otros.
- Alfredo Álvarez Gutiérrez
- Sección 155 del Sindicato Único de Electricistas de la república Mexicana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir el auto de que se trata. Notifíquese
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Actuario de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que remite copia certificada de las constancias del expediente laboral ******* Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la omisión en dar cumplimiento a lo que establece el referido artículo para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, relativo al expediente laboral ******** En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Actuario de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 276/2016, de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, deberá señalarse día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, el acuerdo correspondiente, se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, se llevó a cabo lo establecido por el referido numeral, no obstante que se haya suspendido la misma, toda vez que la parte demandada en el juicio laboral formuló llamamiento de tercero interesado a juicio. De igual forma se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se difirió la audiencia de continuación de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, al no encontrarse debidamente notificado el tercero llamado a juicio, por lo que, la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, señaló las once horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia tercero llamado a juicio, y a continuación la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, por parte de la autoridad responsable, en el juicio laboral ******** ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de abril de dos mil diecisiete. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente; por oficio a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase".
- Principal
CON TESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA SECCIÓN 155 DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Actuario de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que remite copia certificada de las constancias del expediente laboral 276/2016. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la omisión en dar cumplimiento a lo que establece el referido artículo para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, relativo al expediente laboral 276/2016. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)": El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Actuario de la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 276/2016, de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, deberá señalarse día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, el acuerdo correspondiente, se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, se llevó a cabo lo establecido por el referido numeral, no obstante que se haya suspendido la misma, toda vez que la parte demandada en el juicio laboral formuló llamamiento de tercero interesado a juicio. De igual forma se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se difirió la audiencia de continuación de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, al no encontrarse debidamente notificado el tercero llamado a juicio, por lo que, la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, señaló las once horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia tercero llamado a juicio, y a continuación la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, por parte de la autoridad responsable, en el juicio laboral 276/2016, ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. . Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de abril de dos mil diecisiete. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente; por oficio a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza y da fe, licenciada Elda Karen Carral Chávez, a quien faculta a firmar el oficio que se expide, quien además certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. ..
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de marzo de dos mil diecisiete de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de la Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omisa al rendir su informe justificado no obstante haber sido notificada del proveído por el cual se le requirió dicho informe, tal como se advierte en la constancia de notificación (fojas 17-18); en ese sentido dado que el acto reclamado en este sumario constitucional, lo constituye la omisión de notificar a las partes la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del juicio laboral de origen. Luego entonces, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, requiérase a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Cuarenta y Nueve de la Federal de la Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente proveído, remita copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio laboral 276/2016 de su índice, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto; con el apercibimiento que, de no desahogar el presente requerimiento, se hará acreedora a una multa por el equivalente a la suma de cien unidades de medida y de actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
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