Alfredo Alfonso Ballesteros Ramírez

Expediente 75/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
75/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Alfonso Ballesteros Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Durango, Durango, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia, establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívense los autos. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) d), f), i) y j) del artículo 21 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 75/2022, promovido por Alfredo Alfonso Ballesteros Ramírez contra una omisión de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, por considerarla violatoria de los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, Alfredo Alfonso Ballesteros Ramírez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por la omisión que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a).- LA TITULAR DE LA H. JUNTA ESPECIAL VEINTISIETE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, en representación de los Miembros que integran la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. R E C L A M O: La omisión de dictar la sentencia interlocutoria, esto en el juicio laboral 427/2012, del índice de la Responsable, lo anterior en términos de los artículos 763, 940, 968, 970 y 971 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto del veintiocho de enero de dos mil veintidós bajo el número 75/2022, en el que se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se otorgó intervención a la Fiscal de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango aceptó la omisión que le reclama el impetrante Alfredo Alfonso Ballesteros Ramírez, lo que se corrobora con las constancias que aportó como complemento de su informe con justificación, a las que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene que con posterioridad a la tramitación de este juicio de garantías dicho tribunal resolvió el incidente de liquidación dentro en el expediente laboral 427/2012, que es la omisión que se le atribuía. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". TERCERO. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser examinadas de oficio, en tanto señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El ordinal 61, fracción XXI, de la propia Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente legislación de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, que puede ser consultada bajo el registro IUS 196820, o bien en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el quejoso Alfredo Alfonso Ballesteros Ramírez reclama de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango la omisión de dictar resolución en el incidente de liquidación que derivó del expediente laboral 427/2012. Sin embargo, la Presidenta de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango al rendir su informe con justificación anexó copias certificadas de la resolución emitida el dieciocho de febrero de esta anualidad en el expediente laboral 427/2012, a las que ya se asignó valor convictivo pleno, en la que de sus puntos resolutivos se advierte lo siguiente: "PRIMERO. Se resuelve el incidente de liquidación y se cumplimenta el laudo de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en los términos establecidos en el mismo. SEGUNDO. Se condena a pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social actor, la cantidad de $4´687.298.43 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 43/100 M.N) por concepto de las prestaciones señaladas en la parte considerativa y calculadas al día dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dejándose a salvo los derechos de la demandada a deducir los impuestos correspondientes, en términos de la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE". De manera que el acto omisivo cesó en sus efectos desde el momento en que los integrantes de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango dictaron la resolución de liquidación dentro del expediente laboral 427/2012, de ahí que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, lo que sin duda actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, Ibídem. Resulta aplicable la tesis II. 1o.C.T. 217 K, visible en la página 313, del Tomo XIV Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Sin que pase inadvertido que el informe con justificación de la autoridad responsable no se puso a la vista de las partes por el término de ocho días como lo prevé el normativo 117 de la Ley de Amparo, sin embargo, la naturaleza del reclamo en este juicio biinstancial es un acto omisivo que desapareció con la emisión de la resolución de liquidación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por *****, contra la omisión que reclamó de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango. Notifíquese.

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