Alfredo Alejandro Baes Martínez
Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Alejandro Baes Martínez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Alfredo Alejandro Báez Martínez, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que se desechó la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huatulco y Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Costa, residente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, a través cual devuelve sin diligenciar el despacho número de orden 1113/2021 y origen 762/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le solicitó notificar al quejoso Alfredo Báez Martínez, el proveído de veintinueve de diciembre del año próximo pasado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la razón actuarial de diecisiete de enero del actual, suscrita por el actuario adscrito al Juzgado oficiante, se advierte que no fue posible notificar al citado quejoso el proveído de veintinueve de diciembre del año próximo pasado, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, notifíquese dicho proveído mediante lista de acuerdo. En consecuencia, al no existir en autos otro domicilio para realizar notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena que el proveído de veintinueve de diciembre del año próximo pasado, el presente, así como las subsecuentes personales que le correspondan en el presente asunto, háganse mediante lista de acuerdos. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva de cuenta, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese por lista al promovente el presente proveído, así como el diverso de veintinueve de diciembre del año próximo pasado I N S E R C I O N Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María Tonameca, Oaxaca y otras autoridades, que se hace consistir literalmente en: IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A).- La ilegal licencia de construcción que se pretende expedir, por parte de las autoridades responsables, en favor del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre una fracción de terreno de mi legitima posesión en la Localidad de San Agustinillo, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, predio que se encuentra ubicado en la Calle Principal de San Agustinillo o carretera federal 175, esquina con calle sin nombre, antes de llegar a las oficinas de la Representación Municipal de San Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca, y cuyas medidas y colindancias se describen en el Capítulo de Hechos. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 678/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley; y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De la interpretación integral de los artículos transcritos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, uno de los requisitos que debe acreditarse para que proceda el juicio de amparo, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía constitucional algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, lo que se traduce en que, con motivo de la aplicación de un acto de autoridad, se produzca una afectación real y actual a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del gobernado. Bajo esta óptica, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminente muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminente o futuro cuando los efectos aún no se inician. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, condicionan su promoción a que el acto reclamado perjudique real y actualmente a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar al juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, registro digital 325178, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." Por lo tanto, a efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, la parte peticionaria de amparo debe probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclama afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni la faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso, la parte quejosa manifiesta en el capítulo del acto reclamado de su escrito de demanda lo siguiente: UNICO. La ilegal licencia de construcción que se pretende expedir, por parte de las autoridades responsables, en favor del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre una fracción de terreno de mi legitima posesión en la Localidad de San Agustinillo, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, predio que se encuentra ubicado en la Calle Principal de San Agustinillo o carretera federal 175, esquina con calle sin nombre, antes de llegar a las oficinas de la Representación Municipal de San Agustinillo, Santa Maria Tonameca, Oaxaca, y cuyas medidas y colindancias se describen en el Capítulo de Hechos. Asimismo, en su capítulo de antecedentes manifiesta, lo siguiente: "ANTECEDENTES "SEGUNDO. Con fecha 20 de diciembre del presente año trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Santa María Tonameca, Oaxaca, se comunicaron con el hoy quejoso, quienes me manifestaron que se pretendía expedir una licencia de construcción sobre el terreno de mi legitima posesión, señalado en Primer Hecho, pero a nombre del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, ya que dicha persona estaba tratando de mostrar que era el dueño de dicho predio, pero con una constancia de posesión apócrifa del periodo de cuando fue el C. Hugo Castrejón Martínez, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tonameca, Oaxaca, cuando desde hace muchos años el dueño original, y quien fue de donde se deriva mi constancia de posesión, fue mi señor padre el C. ALFREDO BAEZ VEGA. TERCERA. Con dicha información me dirigí a las oficinas de la Regiduría de Obras Públicas, entrevistándome con el C. Regidor de Obras Públicas y al cuestionar respecto de que, si era cierto que había una solicitud de licencia de construcción a petición del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre un predio con las medidas y colindancias que ampara mi constancia de posesión, la cual le mostré, en la Localidad de San Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca, y que para mejor ubicación está sobre la Avenida Principal de San Agustinillo o carretera federal 175, esquina con calle sin nombre, antes de llegar a las oficinas de la Representación Municipal de San Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca; al contestarme me manifestó que efectivamente el C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, quien tiene su domicilio en domicilio conocido calle sin nombre, s/n, Localidad de Mazunte, Santa María Tonameca, Oaxaca, había solicitado un permiso de construcción sobre una fracción del predio que ampara el documento de posesión que le había mostrado, ya que según el mostraba un documento cuando el C. HUGO CASTREJON MARTINEZ fue Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de Santa María Tonameca, Oaxaca, y que según esta persona decía que tenía la posesión, a lo cual le manifesté que eso no era así, que quien tiene la posesión era el suscrito y que se había formalizado con la elaboración del documento respectivo en el año 2018, a lo cual me respondió el Regidor de Obras que iban a elaborar en unos diez días, la licencia de construcción porque estaban cobrando una buena cantidad de dinero por dicha licencia, y que si no lo hacia él podía hacerla tanto el Presidente Municipal, el Director de Obras Publicas o el Representante Municipal de San Agustinilla, Santa María Tonameca, Oaxaca, después de escuchar eso me retire de la oficina del Regidor de Obras Públicas, y que si ya no alcazaba el tiempo por el fin de año, iban a dejar el expediente para la próxima administración municipal para que le hagan la licencia de construcción." De lo anterior, se evidencia que el amparista sustenta su reclamo en la posible afectación de sus intereses, lo que se corrobora con las manifestaciones que realizó en su escrito de demanda, donde se advierte, que bajo protesta de decir verdad dijo que se "pretende" expedir una licencia de construcción, por parte de las autoridades responsables, en favor del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre una fracción de terreno de su legitima posesión, además de que tuvo conocimiento, que dicha licencia de construcción la iban a elaborar en unos diez días, lo que evidencia que los actos que aquí reclama resultan "futuros", por lo tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. En efecto, este juzgado atiende las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, cuyas expresiones constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el acto que por esta vía se combate no existe en el orden jurídico real y actual, dado que como el propio quejoso lo refiere, le "manifestaron que se pretendía expedir una licencia de construcción sobre el terreno de su legitima posesión", y que "iban a elaborar en unos diez días, la licencia de construcción" porque estaban cobrando una buena cantidad de dinero por dicha licencia, por lo que, de momento no se produce una afectación real a la esfera jurídica de la parte quejosa. Así pues, la parte quejosa no puede afirmar que los actos reclamados le irrogan algún perjuicio a su esfera de derechos, dado que de su propia narrativa de hechos se advierte que lo que se intenta es prevenir un acto futuro de realización incierta. Por tanto, es válido concluir que la hoy parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que ahora reclama, lo que en su caso acontecerá hasta en tanto se expida la licencia de construcción sobre algún terreno de su legitima posesión; de ahí que, será hasta entonces, cuando en todo caso, la parte quejosa se encuentre en condiciones de acudir a hacer valer la vulneración a sus derechos que ahora alega. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 138, registro digital 209001, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Igualmente resulta aplicable, la jurisprudencia 913 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Quinta Época, página 1031, cuyo registro digital es 1012346, que establece lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Atento a lo expuesto, como se adelantó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional; en consecuencia, con fundamento en las fracciones aludidas en el párrafo precedente, en relación con el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Alfredo Alejandro Baez Martínez. Sin que la determinación que aquí se adopta, se considere denegatoria de justicia, ya que precisamente a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; además, el desechamiento no entraña per se una violación al principio de tutela judicial efectiva, porque los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase como a su autorizado de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su ocurso. Por otra parte, dado que el domicilio que citó el quejoso para oír notificaciones se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, por única ocasión por tratarse de un asunto que se encuentra en el supuesto del artículo 27, fracción I, inciso c); con fundamento en los artículos 298, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Mixto del Distrito Judicial de Santa Cruz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notifique personalmente al quejoso Alfredo Alejandro Baez Martínez, el presente proveído que con copia autorizada se anexa, quien tiene su domicilio en calle Acatlán, número 101, sección F, bahía de Santa Cruz, Santa María Huatulco, Oaxaca, número , sección 1-A, San Pedro Pochutla, Oaxaca; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María Tonameca, Oaxaca y otras autoridades, que se hace consistir literalmente en: IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A).- La ilegal licencia de construcción que se pretende expedir, por parte de las autoridades responsables, en favor del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre una fracción de terreno de mi legitima posesión en la Localidad de San Agustinillo, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, predio que se encuentra ubicado en la Calle Principal de San Agustinillo o carretera federal 175, esquina con calle sin nombre, antes de llegar a las oficinas de la Representación Municipal de San Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca, y cuyas medidas y colindancias se describen en el Capítulo de Hechos. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 678/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley; y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De la interpretación integral de los artículos transcritos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, uno de los requisitos que debe acreditarse para que proceda el juicio de amparo, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía constitucional algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, lo que se traduce en que, con motivo de la aplicación de un acto de autoridad, se produzca una afectación real y actual a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del gobernado. Bajo esta óptica, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminente muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminente o futuro cuando los efectos aún no se inician. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, condicionan su promoción a que el acto reclamado perjudique real y actualmente a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar al juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, registro digital 325178, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." Por lo tanto, a efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, la parte peticionaria de amparo debe probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclama afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni la faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso, la parte quejosa manifiesta en el capítulo del acto reclamado de su escrito de demanda lo siguiente: UNICO. La ilegal licencia de construcción que se pretende expedir, por parte de las autoridades responsables, en favor del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre una fracción de terreno de mi legitima posesión en la Localidad de San Agustinillo, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, predio que se encuentra ubicado en la Calle Principal de San Agustinillo o carretera federal 175, esquina con calle sin nombre, antes de llegar a las oficinas de la Representación Municipal de San Agustinillo, Santa Maria Tonameca, Oaxaca, y cuyas medidas y colindancias se describen en el Capítulo de Hechos. Asimismo, en su capítulo de antecedentes manifiesta, lo siguiente: "ANTECEDENTES "SEGUNDO. Con fecha 20 de diciembre del presente año trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Santa María Tonameca, Oaxaca, se comunicaron con el hoy quejoso, quienes me manifestaron que se pretendía expedir una licencia de construcción sobre el terreno de mi legitima posesión, señalado en Primer Hecho, pero a nombre del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, ya que dicha persona estaba tratando de mostrar que era el dueño de dicho predio, pero con una constancia de posesión apócrifa del periodo de cuando fue el C. Hugo Castrejón Martínez, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tonameca, Oaxaca, cuando desde hace muchos años el dueño original, y quien fue de donde se deriva mi constancia de posesión, fue mi señor padre el C. ALFREDO BAEZ VEGA. TERCERA. Con dicha información me dirigí a las oficinas de la Regiduría de Obras Públicas, entrevistándome con el C. Regidor de Obras Públicas y al cuestionar respecto de que, si era cierto que había una solicitud de licencia de construcción a petición del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre un predio con las medidas y colindancias que ampara mi constancia de posesión, la cual le mostré, en la Localidad de San Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca, y que para mejor ubicación está sobre la Avenida Principal de San Agustinillo o carretera federal 175, esquina con calle sin nombre, antes de llegar a las oficinas de la Representación Municipal de San Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca; al contestarme me manifestó que efectivamente el C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, quien tiene su domicilio en domicilio conocido calle sin nombre, s/n, Localidad de Mazunte, Santa María Tonameca, Oaxaca, había solicitado un permiso de construcción sobre una fracción del predio que ampara el documento de posesión que le había mostrado, ya que según el mostraba un documento cuando el C. HUGO CASTREJON MARTINEZ fue Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de Santa María Tonameca, Oaxaca, y que según esta persona decía que tenía la posesión, a lo cual le manifesté que eso no era así, que quien tiene la posesión era el suscrito y que se había formalizado con la elaboración del documento respectivo en el año 2018, a lo cual me respondió el Regidor de Obras que iban a elaborar en unos diez días, la licencia de construcción porque estaban cobrando una buena cantidad de dinero por dicha licencia, y que si no lo hacia él podía hacerla tanto el Presidente Municipal, el Director de Obras Publicas o el Representante Municipal de San Agustinilla, Santa María Tonameca, Oaxaca, después de escuchar eso me retire de la oficina del Regidor de Obras Públicas, y que si ya no alcazaba el tiempo por el fin de año, iban a dejar el expediente para la próxima administración municipal para que le hagan la licencia de construcción." De lo anterior, se evidencia que el amparista sustenta su reclamo en la posible afectación de sus intereses, lo que se corrobora con las manifestaciones que realizó en su escrito de demanda, donde se advierte, que bajo protesta de decir verdad dijo que se "pretende" expedir una licencia de construcción, por parte de las autoridades responsables, en favor del C. MICHEL DE JESÚS ÁLVAREZ ZARAGOZA, sobre una fracción de terreno de su legitima posesión, además de que tuvo conocimiento, que dicha licencia de construcción la iban a elaborar en unos diez días, lo que evidencia que los actos que aquí reclama resultan "futuros", por lo tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. En efecto, este juzgado atiende las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, cuyas expresiones constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el acto que por esta vía se combate no existe en el orden jurídico real y actual, dado que como el propio quejoso lo refiere, le "manifestaron que se pretendía expedir una licencia de construcción sobre el terreno de su legitima posesión", y que "iban a elaborar en unos diez días, la licencia de construcción" porque estaban cobrando una buena cantidad de dinero por dicha licencia, por lo que, de momento no se produce una afectación real a la esfera jurídica de la parte quejosa. Así pues, la parte quejosa no puede afirmar que los actos reclamados le irrogan algún perjuicio a su esfera de derechos, dado que de su propia narrativa de hechos se advierte que lo que se intenta es prevenir un acto futuro de realización incierta. Por tanto, es válido concluir que la hoy parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que ahora reclama, lo que en su caso acontecerá hasta en tanto se expida la licencia de construcción sobre algún terreno de su legitima posesión; de ahí que, será hasta entonces, cuando en todo caso, la parte quejosa se encuentre en condiciones de acudir a hacer valer la vulneración a sus derechos que ahora alega. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 138, registro digital 209001, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Igualmente resulta aplicable, la jurisprudencia 913 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Quinta Época, página 1031, cuyo registro digital es 1012346, que establece lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Atento a lo expuesto, como se adelantó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional; en consecuencia, con fundamento en las fracciones aludidas en el párrafo precedente, en relación con el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Alfredo Alejandro Baez Martínez. Sin que la determinación que aquí se adopta, se considere denegatoria de justicia, ya que precisamente a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; además, el desechamiento no entraña per se una violación al principio de tutela judicial efectiva, porque los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase como a su autorizado de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su ocurso. Por otra parte, dado que el domicilio que citó el quejoso para oír notificaciones se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, por única ocasión por tratarse de un asunto que se encuentra en el supuesto del artículo 27, fracción I, inciso c); con fundamento en los artículos 298, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Mixto del Distrito Judicial de Santa Cruz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notifique personalmente al quejoso Alfredo Alejandro Baez Martínez, el presente proveído que con copia autorizada se anexa, quien tiene su domicilio en calle Acatlán, número 101, sección F, bahía de Santa Cruz, Santa María Huatulco, Oaxaca, número , sección 1-A, San Pedro Pochutla, Oaxaca; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.
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