Alfredo Aguiñaga Ballesteros

Expediente 901/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
901/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Aguiñaga Ballesteros

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE REZA; Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: Obran documentos originales. Se desechó de plano la demanda de amparo. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones de conformidad con la fracción II, artículo vigésimo primero. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recoger la documental que exhibió con su escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirá junto con el expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa atiende requerimientos. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Alfredo Aguiñaga Ballesteros, mediante el cual cumple con los requerimientos emitidos en auto de doce de noviembre del año en curso (fojas 13 y 14); en consecuencia, se provee: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio de cuenta, se desprende que el quejoso reclama la admisión y registro de la escritura pública número 66605, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, expedida ante la fe del licenciado Enrique Macías Chávez, Notario Público número 47, con jurisdicción en esta ciudad, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Víctor Manuel Macías Márquez (vendedor) y Sergio Guillen Campos (comprador), respecto del bien raíz identificado bajo el folio real R20*297828, ubicado en calle Quinta Los Nogales, número 102, del fraccionamiento Quinta Los Naranjos, de esta ciudad. III. Se desecha demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 5°, fracción I y 6° del mismo cuerpo de normas invocado, pues el acto combatido no genera en la esfera de derechos del aquí quejoso agravio personal y directo. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En términos de las disposiciones legales transcritas, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias". Lo anterior significa que solo el quejoso directamente afectado con alguna determinación o actuación de las autoridades responsables, es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o como su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8°, 15, y 16, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es factible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal actuación, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama la admisión y registro de la escritura pública número 66605, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, expedida ante la fe del licenciado Enrique Macías Chávez, Notario Público número 47, con jurisdicción en esta ciudad, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Víctor Manuel Macías Márquez (vendedor) y Sergio Guillen Campos (comprador), respecto del bien raíz identificado bajo el folio real R20*297828, ubicado en calle Quinta Los Nogales, número 102, del fraccionamiento Quinta Los Naranjos, de esta ciudad. A su vez, de la lectura integral a los referidos ocursos, se advierte lo siguiente: Luis Manuel Soria García, en su carácter de apoderado legal de "BBVA BANCOMER, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer", promovió juicio en la vía especial civil sumaria hipotecaria en contra del aquí quejoso, Alfredo Aguiñaga Ballesteros, reclamando entre otras prestaciones, la declaración judicial del vencimiento anticipado del contrato de apertura del crédito simple con interés y garantía hipotecaria, ante el juzgado de Partido Segundo Civil de esta ciudad, bajo el número C647/2013 y seguido el mismo por todos sus cauces legales, el cinco de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia condenatoria al quejoso, la cual fue confirmada el once de febrero de dos mil catorce, por el tribunal de alzada. En la etapa de ejecución de sentencia, el licenciado Luis Manuel Soria García, compareció como apoderado para pleitos y cobranzas del "Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte", en virtud de la cesión de derechos litigiosos en ejecución de sentencia que realizó la parte actora "BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer" a favor de "Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte", lo cual le fue notificado al ahora quejoso el trece de abril de dos mil dieciocho. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el remate en primera almoneda, en el que se adjudicó el bien inmueble ubicado en calle Quinta Los Nogales, número 102, del fraccionamiento Quinta Los Naranjos, de esta ciudad, a favor de Víctor Manuel Macías Márquez. Posteriormente, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso promovió juicio ordinario mercantil en el que demandó la nulidad del contrato de cesión de derechos de crédito en ejecución de sentencia, celebrado entre "BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer", como cedente, y "Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte", como cesionario, del que correspondió conocer al juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad, bajo el número M167/2018, quien ordenó inscribir dicha demanda en el Registro Público de la Propiedad. De la reseña anterior se obtiene que el aquí quejoso, Alfredo Aguiñaga Ballesteros perdió la titularidad del bien raíz ubicado en calle Quinta Los Nogales, número 102, del fraccionamiento Quinta Los Naranjos, de esta ciudad, con motivo de la sentencia condenatoria dictada en su contra, dentro del juicio civil hipotecario C647/2013, el cual fue adjudicado a favor de Víctor Manuel Macías Márquez, de lo que se colige que en modo alguno impacta en la esfera de derechos del peticionario del amparo el acto reclamado consistente en la admisión y registro de la escritura pública número 66605, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, expedida ante la fe del licenciado Enrique Macías Chávez, Notario Público número 47, con jurisdicción en esta ciudad, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Víctor Manuel Macías Márquez (vendedor) y Sergio Guillen Campos (comprador), respecto del bien raíz identificado bajo el folio real R20*297828, ubicado en calle Quinta Los Nogales, número 102, del fraccionamiento Quinta Los Naranjos, de esta ciudad, al ya haber salido de su esfera jurídica la propiedad del referido bien raíz; por tanto, el impetrante no resiente un perjuicio personal y directo que lo legitime a acudir en reclamo de la protección de la justicia federal, pues como quedó visto, el quejoso ya no es propietario del bien inmueble descrito, ni tiene adquirido algún derecho sobre el mismo. Además, el acto combatido no se encuentra en los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre del directo quejoso la demanda constitucional, a saber: cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para promover amparo, ni obra probanza alguna que acredite que el titular del bien inmueble que acude a defender el quejoso, sea menor de edad, o que se encuentre en la hipótesis que establece el artículo 16 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es claro que carece de legitimación para instar la presente queja constitucional por su propio derecho, al no ocasionar afectación o perjuicio el acto reclamado en su esfera de derechos, por no estar dirigido a su persona, ni afectar un bien raíz de su propiedad. En mérito de todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia en análisis; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Sin que modifiquen el sentido de esta determinación, las aseveraciones del impetrante, en el sentido de que se ocasionarán daños tanto a él como a terceras personas, de proceder la autoridad responsable a la admisión y registro de la escritura pública número 66605, al transgredir lo ordenado en la medida cautelar decretada por el juez Octavo Civil de Partido de esta ciudad, pues si bien es cierto que en el certificado de gravámenes que anexó a su demanda de amparo, se advierte que el referido juzgador ordenó la inscripción de la demanda interpuesta por el quejoso, en contra de "BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer" y "Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte", para efectos de darle publicidad, acertado es también que las anotaciones preventivas de demanda se originan por mandato judicial y tienen como finalidad que los terceros conozcan la existencia de un litigio, por lo que los terceros ajenos a la controversia deben estarse a sus resultas, siempre y cuando la demanda se haya anotado preventivamente, sin que ello implique la paralización o suspensión de transacciones respecto del bien raíz de que se trate, con su consecuente registro, por el mero trámite de un juicio del que se desconoce cómo será resuelto; a lo que se suma que en el juicio ordinario mercantil, cuya demanda se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, únicamente se reclamó la nulidad del contrato de cesión de derechos en ejecución de sentencia, encontrándose por tanto intocada la determinación de segundo grado que confirmó la sentencia condenatoria, con motivo de la cual el quejoso perdió la titularidad del bien raíz que acude a defender, sin que de dicho certificado de gravámenes se advierta que la parte quejosa tenga algún derecho adquirido sobre el multicitado bien inmueble, todo lo cual corrobora la actualización de la causal de improcedencia analizada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a doce de noviembre de dos mil diecinueve. Parte quejosa. Alfredo Aguiñaga Ballesteros. II. Autoridad responsable. Registrador Público suplente del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de León, Guanajuato. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 901/2019-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I y II, así como 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, se constriña a cumplir con lo siguiente: Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, toda vez que del certificado de gravámenes que anexó a su escrito de demanda, se advierte la existencia del juicio ordinario mercantil M167/2018, del índice del juzgado Octavo de lo Civil, de esta ciudad, dentro del que demandó a BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple y Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos de crédito en ejecución de sentencia, razón por la cual deberá además acotar si con motivo de la tramitación de dicho juicio perdió la propiedad del bien raíz identificado bajo el folio real R20*297828, ubicado en calle Quinta Los Nogales, número 102, del fraccionamiento Quinta Los Naranjos, de esta ciudad, caso en el cual, deberá relatar la totalidad de actuaciones verificadas en dicho contradictorio, o en el diverso en que haya perdido la titularidad de dicho bien raíz. Manifieste la trasgresión que le genera a su esfera de derechos la admisión y registro de la escritura pública número 66605, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado, toda vez que del certificado de gravámenes que anexa a su libelo constitucional, se advierte que el actual titular del bien inmueble que ampara, es diversa persona, a saber, Víctor Manuel Macías Márquez. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad; en tal virtud, se apercibe al promovente que de acreditarse, con las constancias que remita la autoridad responsable, que afirmó hechos falsos, se dará vista especial al fiscal de la Federación. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

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