Alfredo Aguilar Paz
Expediente 2371/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2371/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- Alfredo Aguilar Paz
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, y de una revisión realizada a las actuaciones que integran el presente sumario, se desprende que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 15) se señalaron las nueve horas con veinte minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve año para la celebración de la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, siendo lo correcto las nueve horas con veinte minutos del trece de diciembre del presente año; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, a efecto de informar a las partes sobre la fecha correcta, se regulariza el procedimiento en este juicio de garantías y se se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Lo anterior hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
***Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de treinta y uno de octubre del año en curso, relativo al recurso de revisión número 109/2019, de su índice, glósese el cuaderno de antecedentes relativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se CONFIRMA la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *, en contra de las autoridades y los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Se requiere cumplimiento. En esa tesitura se provee: con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: "Se dejen insubsistentes las diligencias de veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil catorce, por las que se llevó a cabo el emplazamiento a la parte demandada, aquí quejosa, así como todas las actuaciones posteriores y demás consecuencias que de ahí resulten. Lo anterior es así, en virtud de que los efectos de la protección constitucional otorgada en contra del emplazamiento que no se realizó con las formalidades legalmente establecidas, en vía de consecuencia, deben extenderse a los actos sucedidos con posterioridad a él. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 280, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia: Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal". De ahí que la concesión se hace extensiva a los demás actos, autoridades responsables y consecuencias jurídicas del emplazamiento, incluyendo el laudo, su notificación y lo actuado con posterioridad. Ahora bien, al haberse concedido la protección constitucional para los efectos antes indicados y al ser una obligación, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, especificar las medidas que las responsables deben tomar para asegurar su estricto y debido cumplimiento, es importante precisar que en el juicio laboral de origen se demandó tanto a la quejosa como a distintos codemandados. Razón por la cual, si bien los efectos protectores se les deben hacer extensivos, se aclara que dicha protección no implica el nuevo llamamiento a juicio de los diversos codemandados, sino, eventualmente, el dictado de un solo laudo que abarque a la totalidad de aquéllos, puesto que, por lo que ve a las actuaciones efectuadas en el juicio natural, relativas a tales personas jurídicas, deberán permanecer incólumes, hecha excepción del laudo que resolvió el juicio. Lo anterior es así, ya que, virtud a la reposición del procedimiento, jurídicamente no es posible la existencia de dos laudos firmes y ejecutables, es decir, uno por lo que ve a los codemandados que no acudieron al amparo, y otro para la quejosa, quien demostró la ilegalidad en su emplazamiento. Por ello, deben quedar firmes las determinaciones adoptadas respecto de las personas físicas y moral demandadas que no acudieron al juicio constitucional; pronunciamiento que deberá realizar la junta responsable al llevar a cabo cada una de las etapas procesales en las que corresponda su desahogo. Establecido lo anterior, se requiere a la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como el Actuario Notificador adscrito a ella, para que en el término de tres días legamente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumplan cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acrediten de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa al omiso equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Devolución cuadernos de pruebas. Por último, toda vez que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se ordenó formar un cuaderno de pruebas con las constancias que remitió el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, resulta innecesaria la retención de dichas constancias, por lo que devuélvanse al homólogo que las remitió. Notifíquese.
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