Alfredo Adonai Chávez González

Expediente 832/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
832/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Adonai Chávez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa estado.... Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto de sobreseimiento dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81 y 86 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto.... Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. ...V

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, ALFREDO ADONAÍ CHÁVEZ GONZÁLEZ (Se tiene a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, rindiendo el informe justificado que se le solicitó. Constancias Como apoyo, remite copia certificada de constancias relativas al expediente de origen 1414/2018-4, que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. III. Señala correo electrónico y teléfono. En cuanto al correo electrónico que proporciona monica.sanchez@aguascalientes.qob.mx, así como el teléfono 449-277-3237, a través de los mismos se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporarán al expediente, previa certificación correspondiente. IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del informe justificado de cuenta, así como de las constancias remitidas, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicha disposición legal se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en virtud de que deja de producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de dar trámite al incidente de sustitución procesal que interpuso en escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 1414/2018-1. La autoridad responsable en su informe justificado, reconoció la existencia de ese acto; no obstante, precisó que en auto de veinticinco de octubre del año en curso, admitió a trámite a dicho incidente y para acreditarlo, remitió copia certificada de esa actuación. Documental que tiene eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En esas condiciones, resulta indudable que con tal actuar de la autoridad responsable, se satisfacen los requisitos -antes anotados-, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así porque respecto del primero, al dictar el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y admitir a trámite el incidente de sustitución patronal promovido por la parte actora en el juicio laboral 1414/2018-4, aquí quejosa, subsanó la omisión reclamada. En torno al segundo, con ese actuar se destruyeron todos los efectos de dicha omisión, restituyéndose a la quejosa en el uso y disfrute del derecho que estimó vulnerado. Finalmente, en lo concerniente al tercero, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, que el acto reclamado invadiera la esfera jurídica del gobernado, ya que obtuvo que la autoridad responsable admitiera a trámite el incidente de sustitución patronal que interpuso. Es importante destacar que a partir de una nueva reflexión en torno a los alcances de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo actual, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento. De ahí que sea dable establecer que con la emisión del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, quedó superada la omisión aquí reclamada relativa a la falta de pronunciamiento respecto del aludido incidente; con ello, se restituyó al quejoso en el disfrute del derecho que estimó vulnerado. Lo anterior en función a la etapa procesal en que se encontraba el juicio de origen. Es aplicable por su contenido la tesis aislada 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, publicada el trece de diciembre de dos mil trece en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo antes expuesto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, en términos de lo establecido por los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por unificación de criterios 2a./J. 10/2003 de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XVII, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." V. Se deja sin efectos audiencia. Con motivo del sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno...) V

  3. Principal

    Se tiene a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, rindiendo el informe justificado que se le solicitó. Constancias Como apoyo, remite copia certificada de constancias relativas al expediente de origen 1414/2018-4, que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. III. Señala correo electrónico y teléfono. En cuanto al correo electrónico que proporciona monica.sanchez@aguascalientes.qob.mx, así como el teléfono 449-277-3237, a través de los mismos se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporarán al expediente, previa certificación correspondiente. IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del informe justificado de cuenta, así como de las constancias remitidas, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicha disposición legal se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en virtud de que deja de producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de dar trámite al incidente de sustitución procesal que interpuso en escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 1414/2018-1. La autoridad responsable en su informe justificado, reconoció la existencia de ese acto; no obstante, precisó que en auto de veinticinco de octubre del año en curso, admitió a trámite a dicho incidente y para acreditarlo, remitió copia certificada de esa actuación. Documental que tiene eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En esas condiciones, resulta indudable que con tal actuar de la autoridad responsable, se satisfacen los requisitos -antes anotados-, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así porque respecto del primero, al dictar el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y admitir a trámite el incidente de sustitución patronal promovido por la parte actora en el juicio laboral 1414/2018-4, aquí quejosa, subsanó la omisión reclamada. En torno al segundo, con ese actuar se destruyeron todos los efectos de dicha omisión, restituyéndose a la quejosa en el uso y disfrute del derecho que estimó vulnerado. Finalmente, en lo concerniente al tercero, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, que el acto reclamado invadiera la esfera jurídica del gobernado, ya que obtuvo que la autoridad responsable admitiera a trámite el incidente de sustitución patronal que interpuso. Es importante destacar que a partir de una nueva reflexión en torno a los alcances de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo actual, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento. De ahí que sea dable establecer que con la emisión del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, quedó superada la omisión aquí reclamada relativa a la falta de pronunciamiento respecto del aludido incidente; con ello, se restituyó al quejoso en el disfrute del derecho que estimó vulnerado. Lo anterior en función a la etapa procesal en que se encontraba el juicio de origen. Es aplicable por su contenido la tesis aislada 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, publicada el trece de diciembre de dos mil trece en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo antes expuesto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, en términos de lo establecido por los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por unificación de criterios 2a./J. 10/2003 de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XVII, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." V. Se deja sin efectos audiencia. Con motivo del sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.... V

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta. Visto su contenido se tiene a la parte quejosa, cumpliendo con el requerimiento que se le formuló en proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno; para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio actual de los terceros interesados... y se encuentra imposibilitado de tener acceso a informes oficiales de diversas dependencias... En razón de que constituye un hecho notorio para este Juzgador que en el juicio de amparo 824/2020-V del índice de este Juzgado, dicha persona jurídica Gas Natural México, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quien acredite ser su representante legal, también figuró con el carácter de tercero interesado y fue localizado en... En obvio de mayores dilaciones procesales y previo a ordenar la búsqueda en diversas dependencias, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a efecto de que se constituya en el domicilio antes indicado y previo cercioramiento de que corresponde a Gas Natural México, sociedad anónima de capital variable, lo emplace al presente juicio, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de demanda y copia autorizada del auto que proveyó sobre su admisión, así como de la presente determinación, y le requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, las subsecuentes se le harán por medio de lista de estrados, aún las de carácter personal... En cuanto al emplazamiento de Sergio Alonso Plascencia Gutiérrez y a quien resulte responsable de la fuente de trabajo demandada en el juicio laboral de origen, provéase lo conducente a su emplazamiento, una vez que se reciba el informe justificado de la autoridad responsable... V

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