Alfred Edgardo Ávila Gómez

Expediente 2332/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2332/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Alfred Edgardo Ávila Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y por el Actuario de su adscripción, con un anexo que adjunta la primera responsable. Ahora bien, atento los informes y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la paralización del juicio laboral de origen, derivada de la falta de emisión del proveído relativo al ocurso de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el que solicitó se resolviera lo correspondiente a las pruebas pendientes de desahogo. Sentado lo anterior, es menester indicar, que en relación al citado acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la paralización del juicio laboral de origen, derivada de la falta de emisión del proveído relativo al ocurso de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el que solicitó se resolviera lo correspondiente a las pruebas pendientes de desahogo. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que la Presidenta de la Junta responsable, mediante acuerdo de dieciocho de noviembre cursante, ordenó dar vista a las partes por el término de dos días, para que formularan sus alegatos, de conformidad con la ley aplicable a la materia, mismo acuerdo que fue notificado por lista de estrados en la propia fecha; esto, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización reclamada, ya que es evidente que al haberse emitido el proveído de marras, con el que se dio impulso procesal al controvertido en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la Juez responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado de los autos y la certificación realizada en la cuenta que antecede, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, a las autoridades responsables Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario de su adscripción, para que rindan sus respectivos informes justificados. En consecuencia, no es posible celebrar la aludida audiencia en esta data; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, concretamente, el acuse de recibo de Raúl Yam Medina, autorizado de la parte quejosa, del oficio relativo al cumplimiento de sentencia de autos, CAS/DEREPSQ/5434/2020, de veinticuatro de abril de dos mil veinte, suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México; tal como fue ordenado mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso. En tal virtud, como solicitó la autoridad responsable, Subdirectora Ejecutivo de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México; remítasele, mediante oficio que al efecto se libre, el acuse de recibo de marras, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. "2022, Año de Ricardo Flores Magón" OFICIOS: 49231/2022 SUBDIRECTORA EJECUTIVO DE LO CONTENCIOSO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (AUTORIDAD RESPONSABLE). CIUDAD DE MÉXICO. En autos del Juicio de Amparo V.1274/2019, promovido por SAGRARIO PADILLA SUAREZ, contra actos de Usted, el día de hoy se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: "Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, concretamente, el acuse de recibo de Raúl Yam Medina, autorizado de la parte quejosa, del oficio relativo al cumplimiento de sentencia de autos, CAS/DEREPSQ/5434/2020, de veinticuatro de abril de dos mil veinte, suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México; tal como fue ordenado mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso. En tal virtud, como solicitó la autoridad responsable, Subdirectora Ejecutivo de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México; remítasele, mediante oficio que al efecto se libre, el acuse de recibo de marras, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe MÉRIDA, YUCATÁN, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. A T E N T A M E N T E Pablo Pérez Pacheco. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y por el Actuario de su adscripción, y anexo que acompaña la primera responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, de los citados informes justificados se advierte que las autoridades responsables manifestaron que el expediente laboral *******, al que hace referencia la parte quejosa en su demanda de amparo, corresponde al índice de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En mérito de lo anterior, con fundamento en el invocado numeral 117 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, por el término de quince días, contados a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que manifieste si desea llamar como autoridad responsable a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado y al Actuario de su adscripción; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, no se tendrá como autoridades responsables en este asunto a las antes nombradas y se resolverá conforme a las señaladas originalmente en la demanda de amparo. Orienta el criterio anterior, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa.

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