Alfonso Zósimo Hernández Bautista
Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Zósimo Hernández Bautista
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, acusa recibo de la copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 453/2023 y el escrito de expresión de agravios que hizo valer la parte quejosa contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo que motivó este expediente. Así mismo, informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el quejoso Alfonso Zósimo Hernández Bautista, interpone recurso de queja contra el auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del ocurso de cuenta al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el acuerdo recurrido, enviar copias certificadas del auto impugnado y de todas las constancias relacionadas con esa determinación. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso, que las actuaciones practicadas se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta, por lo que se autoriza la vinculación del expediente electrónico de forma permanente para su relación; para lo anterior, instrúyase a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el quejoso Alfonso Zósimo Hernández Bautista, en alcance a su demanda de amparo, pide se le tenga señalando como tercero con interés al Juez de Control adscrito a Huajuapan de León, Oaxaca. Atento a lo anterior, dígasele que por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo por las razones que ahí se exponen, por lo que no ha lugar a proveer de conformidad su petición. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Ténganse por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por ******************, promovida contra actos de la Agente del Ministerio Público Lorena Ramírez Morán, adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 453/2023. Antecedentes. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se destaca lo siguiente: Que el promovente del amparo ***************, manifiesta que tiene el carácter de imputado dentro de la causa penal 182/2022 radicada en el Juzgado de Control de Huajuapan de León, Oaxaca, misma que se formó al haber sido judicializada la carpeta de investigación 21101/FMIX/SICAYOPAM/2022, por el delito de abuso sexual agravado en agravio de Abbyleeny González Ramírez, en la cual se encuentra pendiente que el Agente del Ministerio Público formule imputación. El veintiséis de diciembre del dos mi veintidós, el Juez de Control le dio vista con un escrito del asesor jurídico de la víctima, con el que solicitó el diferimiento de la audiencia de comunicación de la imputación programada para las diez horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, a fin de que el Agente del Ministerio Público realice diversos actos de investigación, en razón de que, hasta ese día, no se habían recabado esos datos de prueba y por ello no obraban en la mencionada carpeta. Al responder la vista el veintiocho de diciembre de ese año, el ahora quejoso manifestó su oposición para que la Agente del Ministerio Público realizara los actos de investigación solicitados por el asesor jurídico de la víctima; a lo cual el Juez de Control indicó que se le tenía oponiéndose a los actos de investigación, precisando que ello sería materia de análisis en la audiencia respectiva. Descrito lo anterior, se tiene que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Agente del Ministerio Público Lorena Ramírez Morán, Adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca. La orden emitida a las responsables ejecutoras para que realizaran actos de investigación y obtener datos de prueba para perfeccionar el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO dentro de la carpeta de investigación 21101/FMIX/SICAYOPAM/2022, iniciada en su contra, a pesar de ya haber sido judicializada, formándose la causa penal 182/2022, del índice del Juzgado de Control de Huajuapan de León, Oaxaca. Agente Estatal de Investigaciones Felipe Pacheco Flores, Adscrito a la Comandancia de Silacayoapam, Oaxaca, número de Identificación 747. El cumplimiento a lo ordenado y realizar actos de investigación, cuando los mismos ya se encuentran rendidos con su informe de actividades sin número de diez de enero de dos mil veintitrés. Perito en Lenguas Extranjeras Teresa Marlen López Ruiz, Adscrita al Instituto de Servicios Periciales del Estado de Oaxaca. El cumplimiento a lo ordenado y realizar dictamen de idioma inglés - español, cuando ya fue rendido el cinco de enero de dos mil veintitrés. Desechamiento. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados pues los mismos se traducen en la práctica de actos de investigación, que consisten en la orden emitida por el fiscal llevador de la carpeta de investigación 21101/FMIX/SICAYOPAM/2022, iniciada en su contra, a pesar de ya haber sido judicializada, formándose la causa penal 182/2022, del índice del Juzgado de Control de Huajuapan de León, Oaxaca. Los citados preceptos legales prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos indicados, se aprecia que el amparo indirecto resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de los impetrantes de amparo. Por su parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, se encuentran las de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. Por tanto, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, la práctica de actos de investigación para la integración de una carpeta no causa una afectación real y actual en su esfera jurídica, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano de la impetrante, lo que no se advierte en la especie. De lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Página 239, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947 del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que a la letra dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Como se precisó, en el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la orden emitida por el fiscal llevador de la carpeta de investigación 21101/FMIX/SICAYOPAM/2022 iniciada en su contra, a fin de que se realicen actos de investigación y obtener datos de prueba para perfeccionar el delito de abuso sexual agravado, cuando ésta ya había sido judicializada al Juzgado de Control de Huajuapan de León, Oaxaca, con sus actos de prueba y dado origen a la causa penal número 182/2022, a pesar de haberse opuesto a su realización. Sin embargo, como se expuso con anterioridad, la práctica de actos de investigación ordenada por el fiscal señalado como autoridad responsable ordenadora, no causa algún tipo de daño al quejoso; máxime que como él mismo lo señaló bajo protesta de decir verdad, si bien se le reconocieron sus derechos como imputado en la causa penal 182/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, designando a un defensor y proporcionando datos de prueba, aún se encuentra pendiente que la Representación Social formule imputación. Máxime que no se tiene conocimiento de cuáles son los actos de investigación que se han realizado en la mencionada carpeta de investigación, mismos que podrán o no tener trascendencia en la audiencia correspondiente, dentro de la multicitada causa penal; por tanto, se itera, la práctica de éstos, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En las relatadas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de que se trata, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, en concordancia con el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica y como sus autorizados con las amplias facultades establecidas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, con cédula profesional ********************, así como a ********************, con cédula profesional ********************; en cuanto al restante que menciona, téngasele únicamente para recibir notificaciones, toda vez que no acredite de forma fehaciente que se encuentre facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, estos serán utilizados únicamente como medios de contacto, en el caso de comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso de cualquier dispositivo electrónico para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto, siempre que se deje constancia de su recepción, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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