Alfonso Zamorano Chino

Expediente 1453/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1453/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Alfonso Zamorano Chino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del diez de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Devolución de documento(s). Por otra parte, vista la integración del presente juicio de amparo del que se advierte que en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se remitieron copias certificadas del procedimiento administrativo, que contiene el estudio técnico 172/2018 así como la determinación jurídico administrativa 305/2018; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias al Secretario de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en virtud de la conclusión del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha Alfonso Zamorano Chino, no dio cumplimiento a lo ordenado en auto del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pues no exhibió las copias necesarias para emplazar a los terceros interesados. En consecuencia, se observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 108, fracción II, 110 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 108, fracción II, 110 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De los preceptos indicados se desprende lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; [.]" De lo transcrito se advierte que uno de los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto es el nombre y el domicilio del tercero interesado; asimismo, para estar en posibilidad de emplazar a dicha parte procesal es necesario que la parte quejosa exhiba las copias necesarias para correr traslado, por lo que la falta de las mismas se traduce en una irregularidad de la demanda de amparo. En el caso concreto, con su escrito inicial de demanda, el quejoso solo exhibió nueve copias de su demanda para correr traslado a las partes, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: (6) Para las autoridades responsables. Para el Ministerio Público adscrito al Juzgado. Le restaban (2) copias para correr traslado a los terceros interesados. Ahora bien, en el auto de admisión del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se reservó proveer sobre los terceros interesados hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables. Así, el trece de agosto de dos mil diecinueve al recibir los informes justificados, se indicó que les revestía el carácter de terceros interesados a Jaime Eder Rodríguez Flores, Jair Rodríguez Flores, Lizbeth Rodríguez Flores, Berto Gaspar Cortés, Manuel Miguel Gaspar Cortés, Marcelo Peñafort Pérez, Mario Peñafort Pérez y Natalio Pérez Cazalez, lo cual se pudo advertir de las constancias remitidas por las autoridades responsables. Teniendo dicha información, se requirió a la autoridad responsable que señalara el domicilio de los terceros interesados, a lo cual dio cumplimiento en proveído del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y en el mismo se solicitó al quejoso para que exhibiera las copias necesarias a fin de realizar el emplazamiento de los terceros interesados. Dicho auto fue notificado a la parte quejosa el treinta de agosto de dos mil diecinueve por medio de lista -toda vez que ese fue el medio que señaló en su demanda para que se le practicaran las notificaciones-, sin que hubiese desahogado tal requerimiento, es decir, la parte quejosa no exhibió las copias necesarias para correr traslado a las partes. Ahora, respecto al tema que nos ocupa, se recuerda que los artículos 108, 110 y 114 de la ley de la materia prevén en su conjunto los requisitos de admisibilidad que debe contener la demanda de amparo, entre los que se encuentra el relativo a exhibir las copias necesarias para emplazar a los terceros interesados. Además, de manera específica, el requisito previsto en los artículos 110, y 114 fracción V, de la ley de la materia, relativos a la exhibición de las copias necesarias para correr traslado a las partes, no resulta un requisito desmedido o carente de razonabilidad, ya que tiende a dar audiencia a la parte tercera interesada, que es una de las partes que deben intervenir en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables al caso, en lo conducente, los siguientes criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, el tercero perjudicado es parte en el juicio de garantías y, por tanto, está legitimado para acudir a él y ser oído. Por otro lado, el artículo 91, fracción IV, de la Ley citada establece que el órgano revisor debe revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando aparezca que indebidamente no tuvo la oportunidad de ser oída alguna de las partes que conforme a la ley tenga derecho a intervenir en el juicio. En ese sentido, se concluye que si el tribunal que conoce de la revisión advierte la existencia de un tercero perjudicado a quien no se le ha oído en juicio por no habérsele reconocido ese carácter, debe revocar la sentencia combatida y ordenar la reposición del procedimiento para que sea emplazado a juicio, pues de lo contrario se estarían violando las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Ello, independientemente de que no se hubiera señalado tercero perjudicado o que ante dicha omisión la autoridad que conoce del amparo requiera al quejoso para que manifieste si es su deseo señalarlo y éste exprese su negativa, en tanto que la autoridad mencionada debe realizar los actos necesarios para que el tercero perjudicado sea oído en juicio." (Jurisprudencia 16/2009, página 560, tomo XXIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2009). "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." (Jurisprudencia 4/2014, página 729, tomo I, libro 5, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2014). Máxime que los artículos 114, fracción V y el 110 de la Ley de Amparo prevén la posibilidad de que cuando el quejoso no cumple en su escrito de demanda con algunos de los requisitos previstos en el diverso 108 de esa misma legislación, se le prevendrá a fin de que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias encontradas, lo que patentiza que tal requerimiento no obstaculiza el acceso a la justicia constitucional. Entonces, ante la omisión en comento, no puede estimarse que el promovente haya dado cumplimiento con su obligación de realizar las gestiones necesarias para el emplazamiento de la parte tercera interesada, pues no exhibió las copias necesarias para correr traslado, lo cual como se dijo es preponderante para integrar debidamente la litis constitucional. Lo anterior, implica que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, lo cual imposibilita al suscrito para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, al no poder llamar al juicio de amparo a los terceros interesados, por la falta de copias de la parte quejosa, pues aunque sobran dos copias de las exhibidas con su escrito inicial de demanda, le faltan seis para la totalidad de los terceros. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis: "TERCER PERJUDICADO, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE SU DOMICILIO (SOBRESEIMIENTO). Si el quejoso no cumplió con la prevención que se le hizo para que señalara el domicilio del tercer perjudicado y exhibiera la copia respectiva para el traslado, debe estimarse que aunque la demanda ya se hubiera admitido, el Juez de Distrito estaba imposibilitado para fallar el juicio de garantías, sin la concurrencia de una de las partes en el mismo y sin estar satisfecho uno de los requisitos de la demanda; por lo que cabe considerar que en la especie existen motivos fundados para sobreseer, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción III, 73, fracción XVIII, y 116, fracción II, de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo tanto, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Se levanta reserva de prueba pericial de vialidad terrestre. Ahora bien, por lo que se refiere a la prueba pericial en materia de vialidad terrestre reservada en auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, en atención a lo señalados en los párrafos precedentes, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas del trece de septiembre de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual da cumplimento al requerimiento efectuado en proveído del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, y remite copias certificadas del procedimiento administrativo, que contiene el estudio técnico ***, así como de la determinación jurídico administrativa ***, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le conminó. Formación de anexo. Finalmente, visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el anexo 1 para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. ? Copias. Agréguese a los autos el escrito del quejoso, mediante el cual solicita copias certificadas de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y a su vez designa a *** para que a su nombre las reciba. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona que las reciba; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. ? Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio de la Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual informa los domicilios de los terceros interesados en el presente expediente y al efecto señala su domicilio, en atención al requerimiento de trece de agosto de dos mil diecinueve, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. ? Requiere copias al quejoso. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable remitió el listado de los concesionarios a los que les reviste el carácter de terceros, así como sus domicilios, se advierte que son ocho. Por lo tanto, cabe señalar que los artículos 110 y 114 fracción V, de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De los arábigos transcritos se desprende que la parte quejosa debe de exhibir las copias necesarias de su demanda de amparo, para cada una de las partes, de lo contrario el órgano jurisdiccional las requerirá. En consecuencia se previene a la parte quejosa para que en el término de cinco días exhiba ocho copias de su escrito de demanda, así como de los anexos que adjuntó a la misma, las cuales se distribuirán para los terceros interesados. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el presente requerimiento -exhibir copias suficientes para las partes-, el juicio de amparo podrá sobreseerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 en relación con el diverso 114, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el siguiente criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." (Época: Décima Época, Registro: 2014198, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 8/2017 (10a.),Página: 5) ? Requerimiento de constancias. Por otra parte, tomando en consideración que al rendir los informes las autoridades responsables no remitieron la totalidad de las constancias que integran el expediente que culminó con la determinación jurídico administrativa ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Secretario de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días computados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que justifiquen los actos reclamados, apercibido que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil días de salario vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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