Alfonso Torres Larrañaga

Expediente 823/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
823/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Torres Larrañaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho provisto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio J-V-666/2020 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que se le tuvo rindiendo su informe justificado que le fue solicitado, al que adjuntó copias certificadas de las principales constancias del expediente 5A-966/2018; asimismo, la citada responsable hizo del conocimiento de esta autoridad federal, que el aquí quejoso promovió amparo indirecto que se encuentra en trámite en este órgano jurisdiccional con el número 715/2020. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del presente sumario Constitucional. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En efecto, como se mencionó en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas..." De la interpretación de esa disposición se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso llegue a prosperar, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, con posible contradicción y, además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis. La doctrina procesal define a la litispendencia como un litigio que está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. La figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1.- Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio, y 2.- Aun cuando ya se haya dictado sentencia en un primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria. Además, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos, identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios, esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo, son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Así, del contenido de dicha disposición y de la interpretación que se ha dado a la misma se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: I) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; II) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, y III) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Asimismo, sirve de apoyo la tesis número I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo número 823/2020-III, se advierte que Alfonso Torres Larrañaga, en su escrito de demanda de amparo reclamó el siguiente acto y autoridad: ".III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo; con domicilio en la Avenida Lázaro Cárdenas número 950 de la Colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La dilación en el desahogo de la audiencia incidental sobre competencia en el juicio ordinario laboral con expediente número 5A-966/2018, con el quebrantamiento de la obligación a su cargo de agotar cabalmente el procedimiento y la omisión de continuar las etapas ulteriores del proceso laboral." En este contexto, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, es un hecho notorio para este juzgado federal que Alfonso Torres Larrañaga presentó el veintiséis de octubre de dos mil veinte, demanda de amparo la cual mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se registró con el número de expediente 715/2020-V y se admitió a trámite la misma, cabe destacar, que en dicho asunto la parte solicitante de amparo, señaló como autoridades y actos reclamados los siguientes: ".III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo; con domicilio en la Avenida Lázaro Cárdenas número 950 de la Colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La dilación en el desahogo de la audiencia incidental sobre competencia en el juicio ordinario laboral con expediente número 5A-966/2018, con el quebrantamiento de la obligación a su cargo de agotar cabalmente el procedimiento y la omisión de continuar las etapas ulteriores del proceso laboral." Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 963, tomo XXIII, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo quejoso.- .... - Mismas autoridades responsable.- Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. - Mismo acto reclamado.- La dilación en el desahogo de la audiencia incidental sobre competencia en el juicio ordinario laboral con expediente número 5A-966/2018, con el quebrantamiento de la obligación a su cargo de agotar cabalmente el procedimiento y la omisión de continuar las etapas ulteriores del proceso laboral. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 715/2020-V, se admitió el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por lo que se solicitó el informe justificado correspondiente y se señaló el día y la hora para llevar a cabo la audiencia Constitucional; habida cuenta de que dicho sumario Constitucional al día de hoy se encuentra en trámite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último aún esté en trámite. En consecuencia, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es, el quejoso ya había presentado una demanda a su favor, por la misma autoridad y el propio acto reclamado; demanda que se admitió por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual quejoso, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 715/2020-V, se encuentra en trámite; y respecto del cual necesariamente existirá pronunciamiento al respecto; por tanto, este órgano de control Constitucional procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, editada en la página 226, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 215942, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De igual manera, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 57, Tomo XVI, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 239124, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO.- No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte solicitante de amparo, puesto que con el juicio Constitucional número 715/2020-V en que se actúa, el aquí quejoso conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad que hizo valer a través de la diversa demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con el libelo Constitucional que dio origen al presente juicio de amparo y el acto que por esta vía se reclama es igual que el reclamado en la ulterior, puesto que la primera se encuentra pendiente de celebrar la audiencia Constitucional; por lo que aún puede ser materia de estudio el acto de autoridad que ahí se reclama. Por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (trece horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha diez de febrero dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio J-V-666/2020 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que se le tuvo rindiendo su informe justificado que le fue solicitado, al que adjuntó copias certificadas de las principales constancias del expediente 5A-966/2018; asimismo, la citada responsable hizo del conocimiento de esta autoridad federal, que el aquí quejoso promovió amparo indirecto que se encuentra en trámite en este órgano jurisdiccional con el número 715/2020. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del presente sumario Constitucional. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En efecto, como se mencionó en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas..." De la interpretación de esa disposición se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso llegue a prosperar, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, con posible contradicción y, además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis. La doctrina procesal define a la litispendencia como un litigio que está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. La figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1.- Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio, y 2.- Aun cuando ya se haya dictado sentencia en un primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria. Además, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos, identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios, esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo, son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Así, del contenido de dicha disposición y de la interpretación que se ha dado a la misma se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: I) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; II) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, y III) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Asimismo, sirve de apoyo la tesis número I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo número 823/2020-III, se advierte que Alfonso Torres Larrañaga, en su escrito de demanda de amparo reclamó el siguiente acto y autoridad: ".III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo; con domicilio en la Avenida Lázaro Cárdenas número 950 de la Colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La dilación en el desahogo de la audiencia incidental sobre competencia en el juicio ordinario laboral con expediente número 5A-966/2018, con el quebrantamiento de la obligación a su cargo de agotar cabalmente el procedimiento y la omisión de continuar las etapas ulteriores del proceso laboral." En este contexto, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, es un hecho notorio para este juzgado federal que Alfonso Torres Larrañaga presentó el veintiséis de octubre de dos mil veinte, demanda de amparo la cual mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se registró con el número de expediente 715/2020-V y se admitió a trámite la misma, cabe destacar, que en dicho asunto la parte solicitante de amparo, señaló como autoridades y actos reclamados los siguientes: ".III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo; con domicilio en la Avenida Lázaro Cárdenas número 950 de la Colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La dilación en el desahogo de la audiencia incidental sobre competencia en el juicio ordinario laboral con expediente número 5A-966/2018, con el quebrantamiento de la obligación a su cargo de agotar cabalmente el procedimiento y la omisión de continuar las etapas ulteriores del proceso laboral." Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 963, tomo XXIII, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo quejoso.- .... - Mismas autoridades responsable.- Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. - Mismo acto reclamado.- La dilación en el desahogo de la audiencia incidental sobre competencia en el juicio ordinario laboral con expediente número 5A-966/2018, con el quebrantamiento de la obligación a su cargo de agotar cabalmente el procedimiento y la omisión de continuar las etapas ulteriores del proceso laboral. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 715/2020-V, se admitió el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por lo que se solicitó el informe justificado correspondiente y se señaló el día y la hora para llevar a cabo la audiencia Constitucional; habida cuenta de que dicho sumario Constitucional al día de hoy se encuentra en trámite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último aún esté en trámite. En consecuencia, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es, el quejoso ya había presentado una demanda a su favor, por la misma autoridad y el propio acto reclamado; demanda que se admitió por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual quejoso, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 715/2020-V, se encuentra en trámite; y respecto del cual necesariamente existirá pronunciamiento al respecto; por tanto, este órgano de control Constitucional procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, editada en la página 226, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 215942, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De igual manera, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 57, Tomo XVI, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 239124, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO.- No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte solicitante de amparo, puesto que con el juicio Constitucional número 715/2020-V en que se actúa, el aquí quejoso conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad que hizo valer a través de la diversa demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con el libelo Constitucional que dio origen al presente juicio de amparo y el acto que por esta vía se reclama es igual que el reclamado en la ulterior, puesto que la primera se encuentra pendiente de celebrar la audiencia Constitucional; por lo que aún puede ser materia de estudio el acto de autoridad que ahí se reclama. Por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (trece horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

  4. Principal

    ...Visto el estado guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que con motivo de la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se suspendieron las labores ordinarias en los órganos del Poder Judicial de la Federación por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; motivo por el cual, quedó suspendido el trámite del presente expediente, por lo cual no fue posible la celebración de la audiencia de ley en el mismo. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia, se ordenó restablecer la actividad judicial en los términos ahí precisados, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó restablecer la actividad judicial en los términos ahí precisados; por tanto, con apoyo en el artículo 2 del referido acuerdo plenario, se ordena levantar la suspensión del procedimiento del presente asunto, esto es, los términos y plazos en el expediente en que se actúa y continuar con el trámite del mismo. En la inteligencia de que los plazos y términos no se reinician, sino continúan en su curso, los cuáles se computarán a partir de los días transcurridos antes de la suspensión del procedimiento. De igual forma, se señalan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia Constitucional en el presente asunto. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En ese sentido, el presente acuerdo se ordena notificarlo a las partes por medio de lista, ya que no existe ningún precepto legal de la Ley de Amparo que imponga el deber al juzgador de comunicar personalmente el nuevo día y hora que se fija para que tenga verificativo la audiencia de ley. Lo anterior, en razón a que el procedimiento se suspendió y reanudó en cumplimiento y en concordancia a lo que se ordenó por la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como los Acuerdos Generales 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, y la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte, acuerdos cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin que correspondiera a una decisión emanada del quehacer jurisdiccional derivada del planteamiento de la problemática surgida entre las partes. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 página 143, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN DE LA. NO EXISTE OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo". También se cita la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Volumen 139-144, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA. Ni el artículo 219, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo en que se señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional cuando ésta ha sido diferida de oficio en atención a que la parte tercera perjudicada no había sido emplazada, de tal manera que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado, por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; por consiguiente, no se deja en estado de indefensión al quejoso por no notificársele personalmente dicho acuerdo". Además, el anterior criterio que se adopta no es por voluntad caprichosa de quien resuelve, sino en términos de los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, así como con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, cuenta habida que este órgano jurisdiccional no soslaya que se debe cumplir con la finalidad que persiguió el Consejo de la Judicatura Federal en los diversos acuerdos generales y circulares mencionadas párrafos precedentes, a efecto de velar por la salud de las personas -actuarios y justiciables- que pudieran interactuar al momento de llevar a cabo una notificación personal. Aunado a que considerarlo de otro modo, retrasaría seriamente la impartición de justicia, con transgresión del contenido del artículo 17 Constitucional, pues implicaría hacer JORGE FRANCISCO BAÑALES CAMBEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.95 26/01/23 10:09:41 notificaciones personales en todos los asuntos de este juzgado, que como ya se vio, resulta innecesario, dada la publicidad que específicamente se le dio a la reanudación de las labores que quedó puesta de relieve en la CIRCULAR SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación con el citado Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia. Máxime, que el presente asunto no se suspendió por más de seis meses, en términos del artículo 309, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, téngase por recibido el oficio J-V-666/2020 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias certificadas de las principales constancias del expediente 5A-966/2018, mismas que se tienen como pruebas de la citada autoridad, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se le tiene informando que el quejoso Alfonso Torres Larrañaga promovió el diverso juicio de amparo 715/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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