Alfonso Toribio Vega
Expediente 214/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- Coordinador del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Ciudad de México.
- Alfonso Toribio Vega
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe concerniente a la suspensión de plano rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos, el cual no amerita pronunciamiento alguno toda vez que en proveído de trece del mes y año en curso, se tuvo por recibido diverso comunicado con idéntico contenido y se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 17453/2019, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal aceptó la competencia declinada por este órgano judicial; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Igualmente, se tiene por recibido el informe concerniente a la suspensión de plano rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, mismo que se ordena remitir al órgano jurisdiccional señalado en el párrafo que antecede, previa copia certificada que se deje en este cuaderno para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se advierte que este asunto se encuentra debidamente integrado, por lo que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que no se considera de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario, envíese el presente asunto al archivo como concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, dado que el presente expediente se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto primero, inciso XX del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y que no existen documentos originales agregados al mismo, con apoyo en lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido a partir del catorce de septiembre de dos mil diecinueve, previo el cumplimiento de los requisitos que prevé el punto vigésimo cuarto del propio acuerdo general. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por **********, a través del cual comparecen ante este órgano de control constitucional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí mencionan; en consecuencia, regístrese la misma bajo el número 214/2019-III, en el libro de gobierno respectivo. Aquí, ha de precisarse que, en virtud de que la demanda de garantías que nos ocupa es promovida por cuatro quejosos, en términos del dispositivo 13 de la ley de la materia, este tribunal designa como representante común a José Luis Ríos Plata; de ahí que, las notificaciones que ameriten notificarse de manera personal, deberán entenderse únicamente con éste. Ahora bien, cabe precisar que la parte quejosa señala una gran cantidad de autoridades responsables; sin embargo, es de tenerse únicamente con ese carácter a las siguientes: 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en el estado de Jalisco. 2. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social. 3. Director General de Ejecución de Sanciones. 4. Coordinador General de Centros Federales. Estas últimas con sede en la Ciudad de México. En el entendido de que en lo que toca al resto, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, no se advierte dato o argumento alguno para tener con ese carácter a la totalidad de los directores generales de los Centros Federales de Readaptación Social del país, con excepción al en que se encuentra recluido, para acreditar aunque sea de forma indiciaria una razón por la que considere que alguna de ellas tenga participación en el acto reclamado; por tanto, atendiendo a los principios de expeditez, prontitud y prosecución judicial, este tribunal, como garante del procedimiento determina tener únicamente como autoridades responsables a las antes precisadas. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se advierta la participación de una diversa o, en su caso, que las partes proporcionen dato que evidencie la intervención de alguna que no estuviere señalada como responsable, lo que, en su oportunidad, se proveerá lo conducente. Encuentra apoyo lo anterior en la tesis I.6o.P.81 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1705 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Abril de 2017, Materia Común, Décima Época, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO. SI ÉSTE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PENITENCIARIAS FEDERALES Y LOCALES Y JUECES DE EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI RESULTA LÓGICO Y PERTINENTE EMPLAZAR A TODAS ESAS AUTORIDADES AL JUICIO." Ahora bien, una vez analizada la demanda con que se da cuenta, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en una orden de traslado de los quejosos de un centro de reclusión a otro, en cuya hipótesis, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo y en ese sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de las personas en otro centro penitenciario. De lo que se puede apreciar, la situación anterior encuadraría en la segunda hipótesis de las que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; sin embargo, de la lectura de la demanda no se advierte que el acto reclamado pudiera tener ejecución en esta ciudad, si se parte de la base de que de las autoridades señaladas como responsables no se encuentra alguna perteneciente a un centro de reclusión con residencia en esta localidad. Además, todas las autoridades señaladas como responsables corresponden al ámbito federal, lo que presupone el traslado de los quejosos a un Centro Federal de Readaptación Social; por tanto, ante el único dato objetivo que se tiene hasta el momento, es que los peticionarios de amparo están privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", en el estado de Jalisco, sin algún antecedente que permita concluir a qué centro de reclusión serán trasladados, lo que implica que el acto reclamado podría ejecutarse en un distrito judicial diverso al de esta ciudad, debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, que en el particular es el estado de Jalisco, que en todo caso será donde empezará a ejecutarse el acto reclamado. En ese contexto, conforme a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo 37 en cita, se advierte que en el caso concreto es la ejecución material del acto reprochado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, ya que si se trata de un acto que requiere ejecución material, entonces, se atenderá a la primera parte de dicho artículo dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable ejecutora, por lo que, en el caso, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, dada la naturaleza del acto reclamado, que como ya se dijo, consiste en una orden de traslado aún no ejecutada. Es aplicable en lo substancial el criterio 1.60.P.55 P (10a.), sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2382, libro 10, septiembre de 2014, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Además, es de resaltarse que si bien en este municipio se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social número Tres "Noreste", también es cierto que de conformidad con el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós siguiente, dicho centro penitenciario no se encuentra en funcionamiento y, por ende, no tiene población penitenciaria. Por otra parte, con el criterio aquí sostenido no se controvierte la jurisprudencia 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO."; pues de su contenido se desprende que se refiere a una hipótesis diversa al del presente asunto, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, -hipótesis prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo-; por ende, si se ha determinado que en el caso en concreto no se ha ejecutado el mismo y sus consecuencias, irrefutablemente, es inaplicable la jurisprudencia en cita. Por lo expuesto, al ser evidente que este juzgado no tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta, con apoyo en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia para conocer del presente juicio de garantías en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, residente en Zapopan, por lo que se ordena remitirle el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa ciudad, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En otro aspecto, con independencia de que se sostiene la incompetencia para conocer de la demanda en comento, con apoyo en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, dado que el impetrante pide suspensión contra la orden de traslado emitida por autoridades administrativas, presuntivamente sin intervención de órganos jurisdiccionales, se concede la suspensión de plano a los quejosos **********, para que no sean desplazados del lugar donde actualmente se encuentran (Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", en el estado de Jalisco), según se refiere en la demanda de amparo, a otro centro de reclusión. Es aplicable al caso el criterio sostenido en la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 510, tomo 205-216 sexta parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE PLANO, ALCANCES DE LA. TRASLADO DE REOS. Si en la demanda de garantías se reclama la extracción de los quejosos del lugar de su reclusión, en donde se encuentran a disposición del Juez de su causa, para trasladarlos a sitio diferente y en éste causarles molestias sin motivo legal, incomunicarlos y torturarlos para declarar en su contra, fue correcta la determinación del Juez de Amparo de suspender de plano los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y para evitar que éstos se realizaran, que también suspendiera de plano el traslado citado, pues de no haberlo hecho así, sería nugatorio y sin ningún efecto jurídico su mandato, por existir la posibilidad de que el mismo no fuera acatado y, por ende se actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo en vigor." La suspensión de plano concedida respecto al traslado que se reclama, no surtirá efectos si el acto reclamado fue emitido por autoridad jurisdiccional; pues de lo contrario, al ser emitida sólo por la autoridad administrativa, se está ante la presencia de un acto que afecta la libertad personal fuera de procedimiento, ante el cual, sí es procedente la medida cautelar. Por contener consideraciones aplicables al caso, se cita la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." En el mismo orden de ideas, la suspensión que hoy se concede no surte efectos en el supuesto de que la orden de desplazamiento obedezca a medidas de seguridad en las prisiones, en atención a lo que dispone la legislación procesal que sea aplicable o bien en lo relativo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su caso; esto es, que no se pueda garantizar la integridad de los aquí agraviados, dentro del centro donde permanecen. Supuestos estos últimos en los que quedará bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, salvaguardar en todo momento la integridad física de los quejosos. Finalmente, toda vez que los impetrantes **********, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización de los referidos agraviados, les notifique el presente acuerdo. Asimismo, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente a los quejosos mediante exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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