Alfonso Téllez Alvarado

Expediente 559/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
559/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Partida Oriel García
  • Alfonso Téllez Alvarado
  • Miguel Ángel Partida Oriel García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 559/2019-I-A, y R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el treinta de abril de julio del año en curso, turnado el mismo día a este órgano de control constitucional; Miguel Ángel Partida Oriel García, Alfonso Téllez Alvarado y Jorge Trujillo Salinas; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto que se reclama tendría ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama del Titular de la Delegación Estatal en México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la omisión en dar respuesta a la solicitud de la devolución de los montos retenidos por concepto de pensión. Tercero. Dicha autoridad al rendir su informe justificado, fue omisa en referir si es cierto o no el acto que se le atribuye, sin embargo, de su lectura integral se advierte su existencia, por tanto, se tiene por cierto; certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó en complemento al mismo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, pues provienen de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cuarto. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de manera oficiosa, este juzgador advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En la especie, cabe enfatizar que los quejosos se duelen de la omisión del Titular de la Delegación Estatal en México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en dar respuesta a la solicitud de la devolución de los montos retenidos por concepto de pensión, respecto del periodo de enero de dos mil diecisiete a la fecha de presentación de la demanda de amparo, dando respuesta dicha autoridad el dos de mayo del año en curso, evidenciando que los efectos de la transgresión aducida por los quejosos indudablemente cesaron. En consecuencia, es claro que en el caso concreto se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, toda vez que este Juzgado Federal ha advertido su actualización; lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, en atención a los oficios SP/DPSH/MAMG/ 1502/2019, SP/DPSH/MAMG/1503/2019 y SP/DPSH/MAMG/ 1504/2019 que remitió la responsable en proveído de veintiocho de mayo del año en curso como complemento a su informe justificado, no es dable dar vista con ellos a los quejosos para la ampliación de su demanda de amparo; lo anterior, en virtud de existir un medio ordinario contra la respuesta de la responsable a la solicitud de los quejosos de mérito. Así, se advierte que los oficios con los cuales no se dio vista a los quejosos es un acto administrativo emanado de una entidad de la misma índole, la cual de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determina que es un organismo descentralizado de la administración pública federal; por ende, sus actuaciones son de naturaleza administrativa y se encuentran reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En ese sentido, contra el mencionado acto administrativo, la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado y que prevé para tal efecto, verbigracia, el juicio contencioso administrativo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la tesis de jurisprudencia J/259, consultable en la página 1654, Tomo XXIII, correspondiente al mes de Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 175974), que dispone: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será ¡ni procedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Al respecto, los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa disponen: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" De los dispositivos trascritos se advierte que contra los actos administrativos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal y como acontece con los oficios de la responsable, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo; así, en contra los oficios de la responsable, los quejosos previo a acudir al juicio biinstancial deben haber intentado el juicio contencioso administrativo, esto es, deben observar el principio de definitividad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 37, 61, fracción XXI, 62, 63 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 559/2019 I-A, promovido por Miguel Ángel Partida Oriel García, Alfonso Téllez Alvarado y Jorge Trujillo Salinas, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Aldo Alejandro Santana Jiménez, que da fe. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la oficiante las descritas en su misiva de cuenta, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil diecinueve. ADMISIÓN. Vista la demanda promovida por ****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 559/2019 I-A. INCIDENTE. No se tramita el incidente de suspensión por no haberse solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia de la demanda. AUDIENCIA. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253. NOTIFICACIÓN AUTORIDAD Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificara por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia **** DOMICILIO Como los quejosos señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito esto es en la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señalen algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec). REPRESENTANTE COMÚN De conformidad con el numeral 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Miguel Ángel Partida Oriel García, por así haberlo solicitado en el proemio de la demanda. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que adjuntan a su ocurso de demanda, conforme a su propia y especial naturaleza. AUTORIZADOS En relación a las personas que designan como autorizados; dígaseles que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. De la misma forma, conforme lo establecido por los numerales 30 y 31 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombre de usuario "JNLOPEZ". MEDIOS ELECTRÓNICOS Conforme a lo establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos; siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, con la salvedad de que la obtención de dicha información a través del empleo de dichas tecnologías y medios electrónicos, queda bajo su más estricta responsabilidad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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