Alfonso Siriako Guillen Almaguer
Expediente 1132/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alfonso Siriako Guillen Almaguer
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1132/2022-II.. Puebla, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe testimonio de queja. Se agrega al expediente el oficio y anexos de cuenta, signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. A través de éste, remite testimonio de la ejecutoria emitida el uno de diciembre del año en curso, en el recurso de queja Q-195/2022, interpuesto por +++++++++++++++++++++, contra el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto." Además, devuelve la copia certificada del presente juicio que se remitió para la sustanciación del recurso. En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio adjunto al oficio de cuenta. Asimismo, se ordena acusar recibo a la superioridad (vía interconexión) respecto de los anexos recibidos. Anotaciones internas. Se instruye a las oficiales judiciales encargadas de los libros de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las Osorio anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese
- Principal
Puebla, Puebla, once de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, con firma electrónica (evidencia criptográfica) del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En éste, comunica el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, donde el magistrado presidente del citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por *, contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós por el cual se desechó la demanda de amparo; y acusa recibo de los anexos remitidos. Dicho recurso fue radicado con el número de expediente Q-195/2022 de su índice. Además, solicita que se ponga a su disposición para consulta la versión electrónica del presente expediente. Se toma el debido conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, y como lo solicita, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado, que proceda a hacer disponible el expediente electrónico relativo a este juicio, a fin de que pueda ser vinculado con el tribunal solicitante -con el recurso de queja Q-195/2022 de su índice- y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Se descarta informar esa vinculación al tribunal de alzada, porque así lo señaló en el oficio de cuenta.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, signado por el quejoso *, a través del cual interponen recurso de queja y formulan agravios contra el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda1. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios así como copia certificada de la totalidad del presente expediente, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copia de todo lo actuado en este juicio -como lo solicitó el quejoso-, y del escrito en el que obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal de alzada. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Indicación a la actuaria. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja en el que obran los agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por *, por derecho propio, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Poder Judicial del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se exhorta a las partes para que transiten a la sustanciación del juicio en la modalidad "en línea". Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: * En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 31/2022, respecto del recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso. En esa resolución se confirmó el diverso proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, donde se admitió a trámite el recurso de apelación hecho valer por la parte agraviada y la representación social en contra del auto de no vinculación a proceso emitido (a favor del hoy quejoso) en la causa penal *. Pero el reclamo formulado por el quejosa contra la determinación de marras, encuentra desde este momento una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene, para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona3. Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la decisión reclamada por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la decisión del magistrado señalado como responsable sólo da paso a realizar un escrutinio de la determinación de no vinculación a proceso emitida por el juez de origen dentro de la carpeta judicial *. Ello impide considerar que el acto reclamado en la demanda de amparo tenga las características de acto de imposible reparación, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, reflejan que el magistrado señalado como responsable, sin emitir una decisión de fondo -en ese momento-, únicamente dio luz verde a la sustanciación del recurso hecho valer por su contraparte. Por lo que al no haber decidido el fondo del asunto, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el acto reclamado, porque el magistrado responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso; esto podría haber ocurrido si, por ejemplo, en ese momento se hubiera revocado la resolución apelada. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso -como imputado-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. En dado caso, la afectación a sus derechos alegada se materializará -de manera probable- hasta que el magistrado resuelva el recurso de apelación planteado por la contraparte del imputado. Entonces, debe estimarse que la resolución del recurso de revocación combatida en la demanda, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite del toca de apelación y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente da paso a que el magistrado responsable revise la decisión del juzgador de primer grado, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que el quejoso pretende reclamar un proveído que generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Lo antes decidido encuentra sustento en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 131/99 de rubro y texto: *También tiene aplicación el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la jurisprudencia 182, de rubro y texto: *Es pertinente agregar que la decisión judicial que en realidad podría generar al quejoso una afectación de imposible reparación, lo sería la resolución que resuelva dicho recurso; y si la resolución fuera adversa a sus intereses, estará en condiciones de promover otro juicio de amparo con el planteamiento de que se ha materializado un acto de imposible reparación. Máxime que el legislador dispuso la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control, con el propósito de que un tribunal de alzada analice el fallo y con base en ello, resuelva confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial *. Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XXIII, del diverso 61, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó *, dado que el proveído que reclamó a la autoridad responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda ubicado en * , de la ciudad de Puebla, Puebla. Por otra parte, *, quedan autorizados sólo para efectos de oír y recibir notificaciones, pues respecto del primero no se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y por cuanto hace a los restantes así lo solicitó el quejoso. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 21/2022), se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 21/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, una vez que se reanuden las funciones ordinarias de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y diverso 21/2022 que lo reformó), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al promovente el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo.
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