Alfonso Salinas Robles
Expediente 913/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alfonso Salinas Robles
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de diecisiete de octubre del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el uno de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.YNJR/asvv
- Principal
Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Alfonso Salinas Robles, nueve copias de la misma y un anexo; fórmese expediente y regístrese con el número 913/2022, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente señala como actos reclamados de las autoridades, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, Juez Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz: Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. Así, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (..)" De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona que estará legitimada para instar la acción constitucional. Nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo - noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que se localiza en la página mil setenta y ocho, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del rubro y contenido literal siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". En este tenor, la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, los jueces constitucionales sólo son aptos para conocer de aquellas que puedan calificarse como actualizadoras del interés legítimo o del interés jurídico, y no otras. Los jueces de amparo sólo pueden resolver sobre aquellas afectaciones que sean jurídicamente relevantes, es decir, actuales, reales y cualificados. El interés legítimo, como se ha establecido, permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, noción asociada clásicamente al interés jurídico; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Respecto al interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), determinó lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: - La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. - La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual, aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. - Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto de actos de los que no es destinataria, debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el requisito de parte agraviada obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Ahora, se itera, en el caso concreto el impetrante promueve a la presente vía constitucional a combatir la sesión extraordinaria, así como su acta, celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós y el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz en dicha sesión, publicado el tres de octubre del año en curso, en el número extraordinario 392 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que ordena el traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz. Dicho impetrante aduce acudir al presente juicio, dado que el traslado del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la aludida ciudad, afecta esencialmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, puesto que no existe la posibilidad de tener acceso a los expedientes en trámite, vía electrónica o digital; por lo que, el traslado del mencionado órgano, limita a los veracruzanos a tener un órgano jurisdiccional cercano a su domicilio para acceder a la justicia, ya que para consultar los asuntos que se encuentren en trámite en dicho juzgado, tendrá que trasladarse a otro municipio, con el inminente pago de peaje y gasolina o en su caso, transporte urbano, así como el inherente peligro que implica el viaje en carretera, sin considerar la pérdida de tiempo que implica. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, este juzgador advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo de la parte quejosa para acceder a esta instancia extraordinaria, habida cuenta que no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los actos materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda se observa que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz" solo determinó el cambio de domicilio de dichos juzgados con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz. De ahí que el reclamo no le causa un agravio personal y directo. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal, como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, o el acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso o litigante en varios. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio de los juzgados; no obstante, los asuntos radicados ante los aludidos órganos jurisdiccionales continuarán con su trámite de manera normal, por lo que se seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento de la parte promovente del amparo se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio de los juzgados en cuestión. Sin que sea dable exigir a través del amparo, a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general, puesto que tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. Además, de los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad, se observa que su reclamo consistente en la falta de medios tecnológicos que le permitan el fácil acceso a los juicios que se tramitan en los juzgados que cambiarán de sede, precisamente lo combate como consecuencia del cambio de domicilio del órgano jurisdiccional en cita, no como una situación independiente que se haya generado a partir de gestiones y/o solicitudes específicas de su parte ante las autoridades que señala como responsables. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado de Veracruz, respecto a que la impartición de justicia sea de forma expedita, en términos del artículo 17 Constitucional; pues los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, el beneficio que obtendría la parte promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Lo anterior, dado que, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte impetrante se ubique en un supuesto especificó que le pueda afectar el traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, sino que, su reclamo lo hace de forma genérica, alegando una afectación por no tener cerca un órgano jurisdiccional para acudir a dirimir sus controversias jurídicas, ya que para consultar los asuntos que se encuentren en trámite en dichos juzgados tendrían que trasladarse a otro municipio, con el inminente pago de peaje y gasolina o en su caso, transporte urbano, así como el inherente peligro que implica el viaje en carretera, sin considerar la pérdida de tiempo que implica. Así es, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tiene el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En este contexto se estima conveniente destacar que si bien el solicitante de la protección federal alude que es parte demandada en el expediente 1167/2019 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, el cual será trasladado a la ciudad de Cardel, Veracruz, tal circunstancia no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto; no se les priva a las partes para ejercer, en su oportunidad, sus derechos procesales y el de defensa. La consecuencia de que no sea examinado a través del juicio de amparo indirecto es que se continúe con la secuela procesal del juicio civil, hasta que el juez del fuero común dicte una sentencia definitiva de fondo, lo cual no afecta materialmente de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional, ya que la tramitación de un juicio no causa afectaciones de esa naturaleza. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del impetrante, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. En mérito de lo expuesto, se puede válidamente concluir que si bien la parte promovente señala en su demanda diversos actos reclamados, identificados con los incisos del A) al I), el motivo de su dolencia deriva fundamentalmente de las consecuencias del cambio de sede de los juzgados del fuero común multicitados; de manera que sus alegaciones en cuanto a la afectación a su derecho de acceso a la justicia, a la falta de medios electrónicos que le permitan fácil consulta y trámite de los asuntos judiciales, la restricción al ejercicio profesional de la abogacía y la negativa a reasignar los juicios a los restantes juzgados de la localidad, son el resultado del ya referido cambio de residencia. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá a la parte quejosa en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues éste está condicionado a que la parte solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación de los actos que se reclaman. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales - mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona a la parte quejosa, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento. En ese orden de ideas, si como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda origen del presente juicio de amparo, por ese motivo, se ajusta al supuesto jurídico expresamente contemplado para esos casos, que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, con el diverso 5º, fracción I, ibídem. Lo anterior, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios. Jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Registro 2005717, Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la Jurisprudencia número 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Registro 2005917, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser combatido en la vía constitucional por la parte promovente, por los motivos expuestos en esta determinación, conforme con lo establecido 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022, de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. Asunto que constituye un hecho notorio para el que suscribe, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consultable en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se estima pertinente señalar el contenido de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, con registro digital 2017123, que señala: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto García Castellanos, por haber acreditado estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar el usuario "Alberto74", para que pueda ingresar y consultar, vía internet, el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 17 DE OCTUBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Alfonso Salinas Robles, nueve copias de la misma y un anexo; fórmese expediente y regístrese con el número 913/2022, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente señala como actos reclamados de las autoridades, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, Juez Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz: Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. Así, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (..)" De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona que estará legitimada para instar la acción constitucional. Nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo - noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que se localiza en la página mil setenta y ocho, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del rubro y contenido literal siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". En este tenor, la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, los jueces constitucionales sólo son aptos para conocer de aquellas que puedan calificarse como actualizadoras del interés legítimo o del interés jurídico, y no otras. Los jueces de amparo sólo pueden resolver sobre aquellas afectaciones que sean jurídicamente relevantes, es decir, actuales, reales y cualificados. El interés legítimo, como se ha establecido, permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, noción asociada clásicamente al interés jurídico; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Respecto al interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), determinó lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: - La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. - La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual, aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. - Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto de actos de los que no es destinataria, debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el requisito de parte agraviada obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Ahora, se itera, en el caso concreto el impetrante promueve a la presente vía constitucional a combatir la sesión extraordinaria, así como su acta, celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós y el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz en dicha sesión, publicado el tres de octubre del año en curso, en el número extraordinario 392 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que ordena el traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz. Dicho impetrante aduce acudir al presente juicio, dado que el traslado del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la aludida ciudad, afecta esencialmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, puesto que no existe la posibilidad de tener acceso a los expedientes en trámite, vía electrónica o digital; por lo que, el traslado del mencionado órgano, limita a los veracruzanos a tener un órgano jurisdiccional cercano a su domicilio para acceder a la justicia, ya que para consultar los asuntos que se encuentren en trámite en dicho juzgado, tendrá que trasladarse a otro municipio, con el inminente pago de peaje y gasolina o en su caso, transporte urbano, así como el inherente peligro que implica el viaje en carretera, sin considerar la pérdida de tiempo que implica. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, este juzgador advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo de la parte quejosa para acceder a esta instancia extraordinaria, habida cuenta que no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los actos materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda se observa que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz" solo determinó el cambio de domicilio de dichos juzgados con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz. De ahí que el reclamo no le causa un agravio personal y directo. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal, como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, o el acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso o litigante en varios. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio de los juzgados; no obstante, los asuntos radicados ante los aludidos órganos jurisdiccionales continuarán con su trámite de manera normal, por lo que se seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento de la parte promovente del amparo se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio de los juzgados en cuestión. Sin que sea dable exigir a través del amparo, a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general, puesto que tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. Además, de los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad, se observa que su reclamo consistente en la falta de medios tecnológicos que le permitan el fácil acceso a los juicios que se tramitan en los juzgados que cambiarán de sede, precisamente lo combate como consecuencia del cambio de domicilio del órgano jurisdiccional en cita, no como una situación independiente que se haya generado a partir de gestiones y/o solicitudes específicas de su parte ante las autoridades que señala como responsables. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado de Veracruz, respecto a que la impartición de justicia sea de forma expedita, en términos del artículo 17 Constitucional; pues los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, el beneficio que obtendría la parte promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Lo anterior, dado que, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte impetrante se ubique en un supuesto especificó que le pueda afectar el traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, sino que, su reclamo lo hace de forma genérica, alegando una afectación por no tener cerca un órgano jurisdiccional para acudir a dirimir sus controversias jurídicas, ya que para consultar los asuntos que se encuentren en trámite en dichos juzgados tendrían que trasladarse a otro municipio, con el inminente pago de peaje y gasolina o en su caso, transporte urbano, así como el inherente peligro que implica el viaje en carretera, sin considerar la pérdida de tiempo que implica. Así es, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tiene el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En este contexto se estima conveniente destacar que si bien el solicitante de la protección federal alude que es parte demandada en el expediente 1167/2019 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, el cual será trasladado a la ciudad de Cardel, Veracruz, tal circunstancia no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto; no se les priva a las partes para ejercer, en su oportunidad, sus derechos procesales y el de defensa. La consecuencia de que no sea examinado a través del juicio de amparo indirecto es que se continúe con la secuela procesal del juicio civil, hasta que el juez del fuero común dicte una sentencia definitiva de fondo, lo cual no afecta materialmente de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional, ya que la tramitación de un juicio no causa afectaciones de esa naturaleza. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del impetrante, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. En mérito de lo expuesto, se puede válidamente concluir que si bien la parte promovente señala en su demanda diversos actos reclamados, identificados con los incisos del A) al I), el motivo de su dolencia deriva fundamentalmente de las consecuencias del cambio de sede de los juzgados del fuero común multicitados; de manera que sus alegaciones en cuanto a la afectación a su derecho de acceso a la justicia, a la falta de medios electrónicos que le permitan fácil consulta y trámite de los asuntos judiciales, la restricción al ejercicio profesional de la abogacía y la negativa a reasignar los juicios a los restantes juzgados de la localidad, son el resultado del ya referido cambio de residencia. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá a la parte quejosa en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues éste está condicionado a que la parte solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación de los actos que se reclaman. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales - mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona a la parte quejosa, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento. En ese orden de ideas, si como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda origen del presente juicio de amparo, por ese motivo, se ajusta al supuesto jurídico expresamente contemplado para esos casos, que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, con el diverso 5º, fracción I, ibídem. Lo anterior, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios. Jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Registro 2005717, Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la Jurisprudencia número 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Registro 2005917, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser combatido en la vía constitucional por la parte promovente, por los motivos expuestos en esta determinación, conforme con lo establecido 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022, de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. Asunto que constituye un hecho notorio para el que suscribe, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consultable en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se estima pertinente señalar el contenido de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, con registro digital 2017123, que señala: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto García Castellanos, por haber acreditado estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar el usuario "Alberto74", para que pueda ingresar y consultar, vía internet, el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.
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