Alfonso Roman Reyes
Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2022
Partes del expediente
- Alfonso Roman Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio que remite el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se advierte que lo dirigió al juicio de amparo en que se actúa, sin embargo, de su contenido se desprende que en realidad corresponde al diverso amparo 892/2022-V, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, previa copia que se deje en autos, dese vista con el oficio de cuenta en el citado expediente para acordar lo que en derecho corresponda. Estado Ahora, vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido del cinco al once de octubre último, el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ DE PLANO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de la Directora de la Unidad de Gestión Judicial Número DIEZ ubicada en el reclusorio Oriente, Licenciada Yessica Ortiz Flores y otras autoridades, regístrese con el número de juicio de amparo 882/2022-V y genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis No OrdenAutoridad ResponsableActo Reclamado1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Agencia Investigadora de Ministerio Público, Agencia Especializada en la Atención de Personas Adultas Mayores, Víctimas de Violencia Familiar (AEAM) Unidad de Investigación DOS Sin Detenido dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado Juan Carlos Domínguez Recillas a. La omisión de citar al quejoso a comparecer en la carpeta de investigación***********. b. La solicitud de audiencia inicial para formular imputación de treinta de agosto de dos mil veintidós. c. La omisión de dar contestación a la solicitud de doce de septiembre del dos mil veintidós, realizada por el justiciable. 2 Directora de la Unidad de Gestión Judicial Número DIEZ ubicada en el reclusorio Oriente, Licenciada Yessica Ortiz Flores d. Auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se señaló el ocho de septiembre siguiente, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial sin detenido. 3 Jueza de la Ciudad de México en Materia Penal para el Sistema Procesal Acusatorio, en funciones de Jueza Encargada del Trámite, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial DIEZ, Licenciada Adriana López Gutiérrez e. El auto de uno de septiembre de dos mil dos, por el que se citó a audiencia de ocho de septiembre del año en curso, al aquí quejoso 4 Notificador adscrito a la Central de Notificaciones de la Unidad de Gestión Judicial DIEZ, Licenciado Julio Rosas Sánchez f. La omisión de notificar personalmente al quejoso el auto de treinta y uno de agosto y uno de septiembre últimos. 5 Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Control número DIEZ, Luz Elena López Padilla g. La omisión de verificar durante el desarrollo de la audiencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, respecto a que se haya recabado la entrevista del quejoso en la carpeta de investigación de origen y, que éste haya sido notificado de los autos de treinta y uno de agosto y uno de septiembre últimos. No pasa desapercibido que el justiciable precisó otros actos en su escrito inicial, mismos que señalo como 1.d., 2.b., 2.c., 3.b., 3.c., 3.d., 4.b., 5.a., 5.b., 5.c.; sin embargo, dichas manifestaciones entrañan calificativos tendentes a combatir los actos reclamados, por lo que en todo caso deben tomarse únicamente como conceptos de violación de los actos que se precisan en el cuadro que anteceden. Improcedencia Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Desechamiento respecto de la autoridad señalada con el número 1 y los actos atribuidos a ésta. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°., fracción II, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, contra la siguiente autoridad: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Agencia Investigadora de Ministerio Público, Agencia Especializada en la Atención de Personas Adultas Mayores, Víctimas de Violencia Familiar (AEAM) Unidad de Investigación DOS Sin Detenido dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado Juan Carlos Domínguez Recillas. Lo anterior es así, ya que los artículos 61, fracción XXIII y 5o., fracción II de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". En ese sentido, es posible sostener la improcedencia por alguna causa diversa de las previstas en las primeras veintidós fracciones de dicho precepto, es decir cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia; caso en el cual deberán expresarse los fundamentos y motivos que sostengan la improcedencia del juicio de amparo. Entonces, este juzgador estima que la autoridad citada en párrafos que anteceden no tiene el carácter de responsable, de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, este último numeral interpretado, contrario sensu. Del referido numeral se infiere que debe tenerse como responsable en una controversia como la que se analiza, a la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado y, en efecto, la intervención de la referida autoridad, en la emisión del acto reclamado, no es propiamente la de decisión o ejecución. Lo anterior es así, ya que una vez que la representación social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación, la característica procesal del Ministerio Público cambia de autoridad a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, tal y como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que en la especie ya aconteció, pues de lo expuesto bajo protesta de decir verdad por el justiciable en el escrito inicial que se atiende, se desprende que la carpeta de investigación ***********, dio origen a la carpeta judicial ***********, ello al haberse ejercido acción penal y solicitar la audiencia de imputación por parte del mencionado Agente del Ministerio Público, en contra del aquí justiciable. En consecuencia, al ser parte, no puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional.". Así como la diversa Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia.". Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la presente demanda de amparo respecto de la autoridad 1 y en consecuencia por los actos que se le atribuyen a esta (a., b. y c.) por notoriamente improcedente. Desechamiento por lo que hace a la responsable 2 y el acto que esta se le reclama (d.) En otro orden de ideas, se estima actualizada la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado d. atribuido a la Directora de la Unidad de Gestión Judicial Número DIEZ ubicada en el reclusorio Oriente, Licenciada Yessica Ortiz Flores. Ello, pues se trata de actos intermédiales emitidos por un auxiliar administrativo de la justicia que no constituyen aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; al no ser definitivos y estar supeditados a la potestad jurisdiccional que en su momento conozca de ellos; como se constata a continuación. El amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable. Al efecto, debe partirse que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos, así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. Ahora bien, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Lo anterior, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Así, el procedimiento se compone de tres etapas y la primera de ellas tiene, a su vez, dos fases; esas etapas y fases están encadenadas de manera sucesiva, lo que significa que el procedimiento terminará si en alguna de sus fases o etapas ocurre una circunstancia que impide continuarlo. En ese orden de ideas, el ejercicio de la acción ocurre cuando se conduce al imputado ante la autoridad judicial; y, por último, que el procedimiento adquiere la calidad de proceso con la audiencia inicial (ubicada hacia el final de la fase de investigación inicial pero condicionada a que antes se ejerza dicha acción penal). En esa tesitura, el punto central para determinar si los actos reclamados encuadran en la hipótesis de procedencia deriva de las consecuencias que pudieran generar, para establecer si se produce afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, concretamente, al de acceso a una tutela judicial efectiva por autoridad competente. Pues bien, el acto reclamado d. fue emitido por la Directora de la Unidad de Gestión Judicial Número DIEZ ubicada en el reclusorio Oriente, Licenciada Yessica Ortiz Flores (2), que únicamente una de sus funciones es apoyar administrativamente y auxiliar a los órganos jurisdiccionales, para que estos desempeñen su función libremente de cualquier trámite administrativo y así dar una mayor atención a la función jurisdiccional. Conforme a ello, puede válidamente sostenerse que la Directora, tiene como objetivo administrar la gestión de procesos relativos al despacho judicial, logística y apoyo administrativo, para el seguimiento de los asuntos que se llevan en los órgano jurisdiccional, además, de supervisar el apoyo a la función jurisdiccional relativo a la emisión de las resoluciones que deben constar por escrito, por lo que tiene a cargo la coordinación, supervisión e integración de todas las resoluciones que emiten los jueces de control; esto es, en suma, se trata de un auxiliar administrativo de la justicia que adolece de facultad decisoria en temas jurisdiccionales. En ese sentido, al ser auxiliar administrativo, previo al inicio de dicha audiencia inicial, así como de cualquier otra incidencia; es decir, que no tienen consecuencias vinculantes en relación con temas jurisdiccionales por sobre la potestad de dicho juzgador; por lo que sus efectos no son definitivos o de imposible reparación, al encontrarse sujetos a lo que en su oportunidad se haga valer y determine un juez de control en torno a ese tema competencial, pues será hasta ese momento cuando, en su caso, se produzca la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Tal afirmación, encuentra sustento en las razones -interpretadas a contrario sensu- que informa la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo.". Así, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que el acto reclamado no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues aluden cuestiones meramente procesales no definitorias, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, y que no afectan de manera actual y directa derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución General de la República, pues como ya se dijo, se encuentran supeditados a lo que en su oportunidad se haga valer y determine la autoridad jurisdiccional, en torno a ese tema competencial. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso resulta improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Por lo que es procedente el desechamiento relativo a la autoridad responsable 2. Desechamiento respecto de la autoridad señalada con el número 3 y el acto e. En otro orden de ideas, se advierte la improcedencia del juicio, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XII, respecto al auto de uno de septiembre de dos mil dos, por el que se citó a audiencia inicial de ocho de septiembre del año en curso, al aquí quejoso (acto e.) en el que se desprende que el justiciable se duele de la orden de citación emitida por la Jueza de la Ciudad de México en Materia Penal para el Sistema Procesal Acusatorio, en funciones de Jueza Encargada del Trámite, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial DIEZ, Licenciada Adriana López Gutiérrez, preceptos que prevén: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5o. de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por la quejosa, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso que nos ocupa,***************, se duele de la citación de la Juez Encargada del Trámite adscrita a la Unidad de Gestión Judicial DIEZ, Licenciada Adriana López Gutiérrez; no obstante, se actualiza la causal de improcedencia descrita, toda vez que el acto no le ocasiona un perjuicio, lo cual podría suceder hasta en tanto, el órgano jurisdiccional a quien le corresponda conocer de esa carpeta de investigación, determine si es procedente girar o no una orden de aprehensión por los hechos que se investigan. Para comprender tal afirmación, en primer término es importante puntualizar que el artículo 21 de la Constitución Federal, establece en lo conducente, que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando, de lo que se sigue que la autoridad ministerial en la investigación de los delitos cuenta con diversas atribuciones en la fase indagatoria, que le impone la facultad de realizar las diligencias necesarias y suficientes que tengan como consecuencia acreditar el delito y la probable intervención de los indiciados en su comisión, dentro de las cuales se incluye la de emitir citatorios, órdenes de comparecencia, localización, búsqueda y presentación, de quien tenga tal carácter, así como de testigo o denunciante, para que se pronuncie en torno a los hechos presumiblemente ilícitos. En efecto, debe destacarse que la orden de citación es una diligencia necesaria tendente a esclarecer posibles hechos delictuosos realizada por el agente del Ministerio Público en investigación de un delito y de los probables responsables, el cual no afecta derechos sustantivos de los sujetos involucrados en las mismas en su calidad de inculpados o imputados, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades de investigación conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular de la parte quejosa al de la sociedad. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia, del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En este contexto, se toma en cuenta que el objeto del citatorio reclamado, es para que la parte quejosa se presente ante la responsable para la práctica de una diligencia de investigación. Conforme a lo expuesto, se llega a la conclusión de que está plenamente demostrado que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia citada, porque aun cuando el citatorio formalmente subsiste, no afecta en la esfera jurídica del justiciable. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por lo que hace a la responsable 3 y acto e., por notoriamente improcedente. Desechamiento respecto a la responsable 4 y 5, así como de los actos que a ellas se atribuyen (f. y g.) En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia de manera notoria e indudable prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. El ordinal 61, fracción XXI, del citado ordenamiento, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". De una interpretación sistemática de la norma legal de marras, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos, a saber: por revocación y por sustitución procesal. Este segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Así, en términos generales, un acto cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia, tal situación es aplicable al caso en estudio. En esa tesitura, la omisión de notificar personalmente al quejoso el auto de treinta y uno de agosto, así como el de uno de septiembre últimos (acto f.), fue sustituida con motivo del señalamiento de la nueva fecha para el desarrollo de la audiencia inicial, esto es las doce horas, del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, relativa a la carpeta judicial ***************. En este sentido, las notificaciones realizadas por el notificador adscrito a la Central de Notificaciones de la Unidad de Gestión Judicial DIEZ, Licenciado Julio Rosas Sánchez (4.) que reclama la parte quejosa han cesado, así como la omisión de la Jueza responsable (5.) respecto a verificar durante el desarrollo de la audiencia inicial de ocho de septiembre último, que el quejoso haya sido notificado de los autos de treinta y uno de agosto y uno de septiembre últimos (g.), al haber sido diferida la misma, y con ello haber operado una sustitución procesal, pues se emitió un nuevo acto y con ello una nueva notificación misma que el promovente bajo protesta de decir verdad, ha referido tener conocimiento, por lo que elimina toda afectación que éstos produjeron con su existencia; máxime que la audiencia fijada para el ocho de septiembre de la presente anualidad, no se llevó a cabo. De ahí que con fundamento en el citado numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por notoriamente improcedente respecto a los actos señalados como f. y g.. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado a los profesionistas que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Así como a las diversas personas con las facultades que establece el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de la Materia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al Actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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