Alfonso Reyes Martínez
Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alfonso Reyes Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, contados a partir de la emisión de este acuerdo, el Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas que se formó con las constancias remitidas por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado ese mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa, Alfonso Reyes Martínez promovió juicio de amparo contra del acto que más adelante se precisará (fojas 1-7). SEGUNDO. Admisión. Por auto de once de marzo de dos mil veintiuno (fojas 16-22) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercero interesada Bertha Aguilera Carvajal misma que fue emplazada el cinco de abril de dos mil veintiuno (fojas 16-22 y 38-44). De autos se advierte que la tercero interesada Bertha Aguilera Carvajal no apersonó al presente juicio de garantías. Mediante proveído de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 31-33). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 51). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y,CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 1149/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que declaró improcedente la reclamación que hizo valer el allí demandado hoy quejoso, en contra de la medida provisional contenida en el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, confirmando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada consistente en el 15% (QUINCE POR CIENTO) para su cónyuge Bertha Aguilera Carvajal del sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado Alfonso Reyes Martínez como empleado de la Oficina Administrativa del Seguro Social con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 201-207 Tomo I cuaderno de pruebas) (resolución notificada por lista de acuerdos al quejoso, el propio veintiuno de febrero de dos mil veintiuno). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 31). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 201-207 del Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, son infundados. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y contenido disponen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Sirve de apoyo la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido se leen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente." PREMISAS SOBRE ALIMENTOS A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1149/2020, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se observan en el cuaderno de prueba relativo a este juicio de garantías. a).- Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, Bertha Aguilera Carvajal (en su calidad de cónyuge) demandó en la vía ordinaria civil a Alfonso Reyes Martínez, entre otras prestaciones, el pago de pensión alimenticia (fojas 1-29 Tomo I, cuaderno de pruebas). b).- En proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento del demandado (lo que se hizo el nueve de diciembre de dos mil veinte) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional a cargo del demandado por el 15% (QUINCE POR CIENTO) del sueldo y y demás prestaciones que perciba el demandado Alfonso Reyes Martínez, como empleado de la Oficina Administrativa del Seguro Social con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 30-32 y 46-52 del Tomo I cuaderno de pruebas). c).- El veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Alfonso Reyes Martínez, y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el doce de noviembre de dos mil veinte, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de la cónyuge del demandado Bertha Aguilera Carvajal; por lo que mediante acuerdo de esa misma fecha, se tuvo por interpuesto el citado recurso, con el que se dio vista a la demandante, al no desahogar la misma, mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se turnaron los autos para resolver (fojas 37, 53-197 y fojas 198 del Tomo I cuaderno de pruebas). d).- El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió: declarar improcedente la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado, confirmando la pensión provisional decretada por auto de inicio de doce de noviembre de dos mil veinte, a favor de su cónyuge Bertha Aguilera Carvajal consistente en el 15% (QUINCE POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado Alfonso Reyes Martínez como empleado de la Oficina Administrativa del Seguro Social con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 201-207) (resolución que constituye el acto reclamado). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que la juez responsable sustentó toralmente la improcedencia de la reducción de la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada, basada en las siguientes consideraciones: En el caso particular, no se trasgrede el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de la legislación civil local, pues se observa que el juzgador de origen al fijar de inicio la pensión alimenticia provisional, se basó en las manifestaciones externadas por la parte actora en su escrito de demanda, así como en las pruebas que ésta aportó, por ser los únicos datos con los que contaba hasta ese momento. Por otra parte, el demandado (aquí quejoso) al plantear la reclamación, omitió acreditar documentadamente que es insuficiente su capacidad económica para hacer frente a sus necesidades alimentarias y a las de cónyuge y, como consecuencia, la Juez responsable resolvió declarar improcedente la reclamación interpuesta por el deudor alimentario (aquí quejoso) y confirmar la pensión alimenticia provisional. Lo que es acorde con la ya citada jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al respecto es posible afirmar, que en la reclamación, el demandado no probó que con la pensión alimenticia provisional fijada, su capacidad económica se viera afectada para poder enfrentar sus propias necesidades básicas de subsistencia. En consecuencia, la juez responsable estuvo en lo correcto en declararla improcedente, al no transgredirse el principio de proporcionalidad que en el Estado de Veracruz rige esa materia. En ese contexto, si en esa etapa del procedimiento, no se justificó lo anterior, es innegable que se torna improcedente la reducción de la pensión solicitada, como enseguida se verá. De la resolución reclamada se advierte que para declarar improcedente la reducción de la pensión inicial el juez consideró que el demandado tiene la capacidad económica para hacer frente a sus necesidades alimentarias y a las de su cónyuge. Tal consideración del acto reclamado es ajustada a derecho. Lo anterior se sostiene en la medida que se observa que el juez responsable tomó en cuenta dichos extremos y valoró las pruebas aportadas a esa etapa de la reclamación, como lo fueron, entre otros, de la parte actora: Copia certificada del acta de matrimonio 97, con fecha de registro el día treinta de noviembre de dos mil doce, expedida por la Encargada del Registro Civil de Lerdo de Tejada, Veracruz; Constancia médica expedida a favor de la actora por el Subdirector Médico dela Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte; Constancia de vigencia de derechos a nombre del señor Alfonso Reyes Martínez, expedida por el Seguro Mexicano del Seguro Social en copia simple; Solicitud de mastografía de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, signada a favor de la actora por el Instituto Mexicano del Seguro Social en copia simple; Nota de atención médica, signada a favor de la actora de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por el Instituto Mexicano del Seguro Social en copia simple; Copia simple de solicitud de citología cervical al Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de la actora, emitida en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete; Copia simple del recibo de pago de energía eléctrica del periodo agosto-octubre del año dos mil veinte, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a la actora; Copia simple del recibo de pago por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de julio de dos mil veinte, signado a favor de la actora por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; Legajo de copias simples de escrito de demanda signado por el señor Alfonso Reyes Martínez, el cual no contiene firma del signante (fojas 13-27 Tomo I cuaderno de pruebas) con las cuales la juez responsable sostuvo que quedó acreditado el parentesco existente de los partícipes, pruebas a las que les valor probatorio conforme a lo que disponen los artículos 235 fracciones II y III, 261 fracciones II y IV, 265, 266, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y por parte del demandado: Copia certificada del acta de divorcio 19, de diez de diciembre de dos mil veinte, expedida por el Encargado del Registro Civil de Lerdo de Tejada, Veracruz; Cuatro recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la señora Bertha Aguilera Carvajal, por concepto de pago de energía eléctrica; Cuatro recibos de pago del servicio de agua a nombre de la actora, expedidos por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; Un recibo de pago por concepto de cambio de propietario a nombre de la actora, expedido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; Formato de solicitud de baja temporal de servicio de agua, signado por el demandado, al Director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz; Cuatro recibos de pago del servicio de agua a nombre de Guadalupe Hernández Montalvo, expedidos por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, situada en Saltabarranca, Veracruz; Cuatro recibos de dinero por concepto de pago de renta de casa, signados a favor del demandado, sin que se aprecie el nombre de la persona que los expida; Legajo de copias simples derivadas del expediente número 1124/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Veracruz, Veracruz, del juicio sumario sobre divorcio incausado, promovido por Alfonso Reyes Martínez en contra de Bertha Aguilera Carvajal; Doce notas médicas certificadas por la Dirección Médica de la Unidad número cincuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Lerdo de Tejada, Veracruz, a nombre del demandado, donde constan diversos estudios que le han realizado debido a su estado de salud y Cinco fojas que contiene nueve placas fotográficas a color (fojas 64-197 Tomo I cuaderno de pruebas) pruebas a las que les valor probatorio conforme a lo que disponen los artículos 261 fracciones II y IV, 265, 266, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, Tocante a la necesidad de la acreedora alimentaria (cónyuge) la juez responsable, adujo que se trata de una mujer de cuarenta y siete años, quien solicita de alimentos bajo el argumento de haberse dedicado preponderantemente al hogar, durante el tiempo que duró su matrimonio, por tanto goza de la presunción de necesitar alimentos, siendo un hecho notorio que tiene las necesidades alimentarias de comida, vestido, habitación, asistencia médica en casos de enfermedad, concluyendo la resolutora que en este momento procesal, no se encuentra acreditado que cuente con fuente de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias. Además, cabe señalar, que la valoración que se realizó resulta substancialmente correcta, en tanto que el porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional se ajusta al citado principio de proporcionalidad, previsto por el precepto 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz por lo que hace a la acreedora alimentaria. Por otra parte, en cuanto a la capacidad económica del deudor alimentario, la Juez de origen, estableció que puede hacer frente a sus necesidades alimentarias y a la de su cónyuge actora en el juicio civil, ya que se trata del quince por ciento de los ingresos que percibe el demandado (aquí quejoso) como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, argumento con el que la juez responsable concluye que el demandado se encuentra en posibilidad de cumplir con la obligación alimentaria que se le reclama. Sin que obste la circunstancia de que el demandado (aquí quejoso) haya argumentado en su escrito de reclamación que resulta procedente reducir la medida provisional o cancelarla en virtud de que acreditó que se encuentra divorciado de la actora, lo cual acreditó con la Copia certificada del acta de divorcio 19, de diez de diciembre de dos mil veinte, expedida por el Encargado del Registro Civil de Lerdo de Tejada, Veracruz; sin embargo, como bien lo sostiene la juez responsable, la actora compareció ante ese juzgado a formular demanda el nueve de noviembre de dos mil veinte, fecha anterior a la que fue levantada el acta de divorcio, por lo que el matrimonio se encontraba vigente y por ende justificado el parentesco entre ésta y el demandado así como la presunción a su favor de necesitar alimentos. En ese mismo sentido, como bien lo consideró la juez responsable, que de autos no se encuentra justificado que la actora tenga establecido un negocio de comida y antojitos, ni que cuente con medios para subsistir por cuenta propia, aunado a que de acuerdo con lo establecido en el artículo 242 bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cónyuge dedicado preponderantemente al hogar goza de la presunción de necesitar alimentos, y de conformidad con los hechos relativos por la actora (aquí tercero interesada) se actualiza en el particular, circunstancia que será motivo de análisis en la sentencia de fondo que se dicte en su momento. Por otra parte, por lo que hace al argumento del demandado en el sentido de que él es quien paga los servicios del domicilio conyugal relativos a la energía eléctrica y al agua potable, lo cual debe tomar en cuenta la juez responsable para reducir el monto de la medida cautelar; como bien lo puntualizó la juez responsable, con las documentales si bien el demandado Alfonso Reyes Martínez justifica haber efectuado el pago de la energía eléctrica del domicilio conyugal, mismo que es bimestral y que varía desde doscientos ochenta y cinco pesos hasta trescientos ochenta y seis pesos, cantidades que a criterio de la juez de origen, no resultan exorbitantes tomando en cuenta que dicho pago se efectúa cada dos meses, lo cual resulta insuficiente para reducir la medida provisional reclamada, toda vez que el remanente que le queda de sus ingresos al demandado (aquí quejoso) una vez aplicado el descuento del quince por ciento de la medida provisional, es el ochenta y cinco por ciento, lo que considera ser suficiente para sufragar tales gastos así como para cubrir los gastos por concepto de agua potable que ya no eroga, pues confiesa que ha dado de baja ese servicio por no habitar ninguno de los cónyuges, lo cual se acredita con las documentales aportadas por el mismo. Finalmente, la juez responsable aduce que el demandado justifica que se ha encontrado en tratamiento médico debido a padecimientos en su salud con las Doce notas médicas certificadas por la Dirección Médica de la Unidad número cincuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Lerdo de Tejada, Veracruz, a nombre del demandado, donde constan diversos estudios y tratamientos a los que se ha sometido, los cuales son proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a cuyo derecho goza el demandado Alfonso Reyes Martínez al ser derecho habiente, sin dejar de observar que ha tenido la necesidad de trasladarse a la ciudad de Veracruz, para recibir atención médica, lo cual le genera gastos, sin que ello implique como lo consideró la resolutora de origen, que la medida provisional sea desproporcionada, ya que se trata del quince por ciento de sus ingresos, restándole el ochenta y cinco por ciento, que se considera suficiente para cubrir ésta y otras necesidades. Por tanto, con base en esas circunstancias acreditadas en autos, que la juez responsable apreció correctamente, se puede concluir que es ajustado a derecho declarar improcedente la reclamación que hizo valer el allí demandado hoy quejoso, en contra de la medida provisional contenida en el auto de radicación del citado juicio, confirmando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada consistente en el 15% (QUINCE POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado Alfonso Reyes Martínez como empleado de la Oficina Administrativa del Seguro Social con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Contestación a los conceptos de violación del quejoso El quejoso Alfonso Reyes Martínez, plantea que el juez responsable contravino lo dispuesto en los artículos 1, 4, 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 y 17 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 1, 5 y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tomando en consideración que la juez responsable no valoró correctamente el material probatorio ofrecido por el quejoso, así como que se encuentra divorciado y que los elementos de la pensión alimenticia y pensión compensatoria son totalmente diferentes. Contrariamente a lo argumentado por el quejoso, como se vio del análisis de la resolución reclamada, se evidenció que la juez responsable, para resolver la reclamación y declararla improcedente, tomó en cuenta las pruebas aportadas por la actora aquí tercero perjudicada, y desvirtuó las pruebas ofrecidas por el quejoso al interponer el recurso de reclamación al no considerarlas eficaces para la reducción de la pensión provisional decretada. Por otra parte, resulta infundado el argumento del quejoso de que la juez responsable no tomó en cuenta que se encuentra divorciado, lo cual acreditó con la Copia certificada del acta de divorcio 19, de diez de diciembre de dos mil veinte, expedida por el Encargado del Registro Civil de Lerdo de Tejada, Veracruz; sin embargo, como bien lo sostiene la juez responsable, la actora compareció ante ese juzgado a formular demanda el nueve de noviembre de dos mil veinte, fecha anterior a la que fue levantada el acta de divorcio, por lo que el matrimonio se encontraba vigente y por ende justificado el parentesco entre ésta y el demandado así como la presunción a su favor de necesitar alimentos. Finalmente, por lo que hace al argumento de que los elementos de la pensión alimenticia y pensión compensatoria son totalmente diferentes, lo anterior tomando en cuenta los argumentos planteados en su reclamación que la actora demanda pensión alimenticia como esposa, posteriormente compensatoria y solidaria y asistencial, sin saber cuál es la acción que plantea, pero que de ser compensatoria se debe tomar en cuenta que esta surge cuando exista un desequilibrio económico en uno de los cónyuges en relación del otro; de igual forma resulta infundado ya que se trata de un asunto que versa sobre la materia alimentaria en términos del artículo 210 último párrafo del Código de Procedimientos Civiles, para el Estado, máxime que el 2 ibídem, dispone que la acción procede en un juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con la clase de prestación que se exija al demandado con quien se encontraba unida en matrimonio al momento de presentación de la demanda, y si no bastara lo anterior la legislación sustantiva civil prevé los casos de procedencia del derecho alimentario entre cónyuges y ex cónyuges, como se puede apreciar en los numerales 233, 241, 242 bis, 242 ter, 252, 252 bis, 252 ter y demás relativos y aplicables, cuya procedencia en definitiva será motivo de la sentencia que en su momento sea dictada. De ahí que resultan infundados los conceptos de violación del quejoso. CONCLUSIÓN La resolución aquí reclamada resulta ajustada a derecho, dado que aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 73 a 79 de la Ley de Amparo, seRESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Alfonso Reyes Martínez, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por Bertha Aguilera Carvajal, parte tercero interesada en el presente asunto; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin mayor trámite, toda vez que el escrito de cuenta fue recibido ante la oficialía de partes de este juzgado el día de ayer a las doce horas con cincuenta y seis minutos y la audiencia constitucional fue celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno a las diez horas. En esas condiciones, toda vez que el juicio de amparo 149/2021, a la fecha se encuentra en estudio, se ordena formar cuaderno de antecedente y una vez que se dicte dicho fallo, agréguese a los autos del expediente original, sin necesidad de previo acuerdo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, por medio de cual devuelve diligenciado el despacho 144/2021/D/VI/AC (orden 250/2021) por medio del cual se le encomendó emplazar a Bertha Aguilera Carvajal en su carácter parte tercero interesada en el presente asunto. Al respecto, dese de baja la presente comunicación oficial en el libro de gobierno de comunicaciones de este Juzgado. En esas condiciones, téngase por legalmente emplazada a la aludida tercero interesada; asimismo, en virtud de que en el acto de la diligencia no señaló domicilio procesal, se hace le efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, por lo que las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publique en este órgano constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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