Alfonso Rapp Sánchez
Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfonso Rapp Sánchez
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este cuaderno es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, presentado por ***********, en calidad de apoderada de ********, tutora del directo quejoso *************, por el que desahoga en su totalidad las prevenciones formuladas en auto de nueve de mayo del año en curso. Por tanto, se provee en relación a la demanda de amparo presentada por *********, en calidad de apoderada de *** tutora del directo quejoso ****, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que exhibe, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Delegado de la Circunscripción Territorial del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actos reclamados De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: La discusión, aprobación y expedición de la Ley del Seguro Social; en específico el artículo 300 de dicha ley, con motivo del primer acto concreto de aplicación, consistente en la resolución de pensión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por viudez, decretada en favor de ****, derivada de las aportaciones de la extinta *****. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación de dicha norma general. De la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social: La resolución de pensión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por viudez, decretada en favor de ****, derivada de las aportaciones de la extinta ****. La omisión de hacer saber al interesado, en la propia resolución, el término que tenía para impugnarla. Del Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social: La aplicación de la citada resolución, omitiendo el pago retroactivo a favor del beneficiario de la pensión por viudez, desde el momento de fallecimiento de la extinta trabajadora. Del Delegado de la Circunscripción Territorial del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social: La aplicación de la citada resolución, omitiendo el pago retroactivo a favor del beneficiario de la pensión por viudez, desde el momento de fallecimiento de la extinta trabajadora. Improcedencia del juicio de amparo No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, respecto de acto de aplicación de la norma general reclamada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los casos de excepción que el propio precepto prevé. Asimismo, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, concreto, la apoderada del directo quejoso reclama, en esencia, la expedición y promulgación del artículo 300 de la Ley del Seguro Social, con motivo del primer acto concreto de aplicación, consistente en la resolución de pensión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por viudez, decretada en favor de ***, derivada de las aportaciones de la extinta ****; así como la ejecución de dicha resolución. Sin embargo, la demanda de amparo resulta evidentemente extemporánea, en virtud de que en su escrito de desahogo de prevención, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha resolución el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Luego, resulta evidente que la demanda de amparo se presentó en forma extemporánea, puesto que de la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma general reclamada a la fecha de la presentación de la demanda transcurrieron más de cinco años. Por tanto, se desecha la demanda de amparo respecto del acto de aplicación de la norma general reclamada, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito. En vía de consecuencia, se desecha la demanda de amparo respecto de la norma general reclamada, en virtud de que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento, con motivo de su aplicación concreta, el juez de distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y, en consecuencia, respecto de la norma impugnada. Por tanto, al haber resultado notoriamente improcedente el juicio de amparo respecto del acto de aplicación de la norma general reclamada, debe desecharse la demanda por dicho acto de aplicación y, en vía de consecuencia, por la citada norma. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" De igual forma, las tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro y contenido: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por Dulce Anabel Román Villanueva, quien se ostenta como apoderada de Irma Lorena Rapp Espinosa, en su carácter de tutora del directo quejoso Alfonso Rapp Sánchez, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del instrumento notarial que adjunta al efecto. Ahora bien, no se tienen por desahogas en su totalidad las prevenciones que se le formularon en auto de seis de marzo de la presente anualidad. Lo anterior, toda vez que, si bien desahoga los requerimientos consistentes en acreditar la personalidad con que se ostenta, señalar como autoridad responsable a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y exhibir la copia del escrito inicial de demanda; empero, es omisa en señalar el acto concreto de aplicación de la norma general que reclama y la fecha en que le fue notificado dicho acto. Por tanto, requiérasele nuevamente para que: Señale el acto concreto de aplicación de la norma general que reclama y la fecha en que le fue notificado. En específico, deberá indicar si señala como acto concreto de aplicación de la norma general reclamada, la resolución emitida por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de dicha resolución la parte quejosa. En el entendido de que queda subsistente el apercibimiento decretado en auto de nueve de mayo del año en curos, así como la vigencia del plazo concedido para desahogarlo, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Notifíquese: por lista la quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: se tienen por recibidos los autos originales del presente juicio de amparo, así como el testimonio de la resolución dictada en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, en los autos del amparo en revisión ******************** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la cual dicho órgano colegiado determinó: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la UNION AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de los actos y autoridades precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 370/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, y por las razones asentadas en la misma. Acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Intégrese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión hecho valer, así como los cuadernos incidentales. Ahora bien, en el fallo protector se concedió para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: Para que los Tesoreros Municipales responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: Desincorporen de la esfera de derechos de la quejosa, en el presente y en lo futuro, el artículo 161 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente, hasta en tanto dicha norma no sea reformada o abrogada. Devuelvan a la quejosa las cantidades que pagó por concepto de derecho de alumbrado público, debidamente actualizadas, de sus establecimientos ubicados en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez y Tepotzotlán, todos del Estado de México, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil veinte. En la inteligencia de que los citados efectos no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el término de tres días contados a partir del día siguiente a su notificación, cumplan con la sentencia de amparo. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe señalar que el presente asunto, no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; sin embargo, se concedió la protección constitucional y se negó la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables, así como al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; por lista a las diversas partes.
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