Alfonso Ramírez Sánchez
Expediente 65/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfonso Ramírez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por ------------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 18, fracción I, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL "Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. ." En virtud de lo anterior, se estima que el expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; con motivo de que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados al quejoso, con excepción de la demanda y el auto relativo al otorgamiento de la suspensión de plano, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 65/2021-II, formado con motivo de la demanda promovida por -----------------, por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito depositado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial, remitido al día siguiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado a este Juzgado Décimo, el veintidós de febrero del año en curso, ------------, promovió demanda de amparo en contra de los actos de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo concediéndose la suspensión de plano de los actos reclamados; asimismo, se ordenó la notificación a las autoridades responsables y a Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, constitucionales; 1°, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013; emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013, en virtud que se reclaman actos cuya ejecución tienen lugar en la jurisdicción que ejerce este juzgado. SEGUNDO. Por cuestión de método, se procede a precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por las responsables, los actos que reclama el quejoso, los hace consistir en: ? La orden para ser cambiado de su dormitorio 5-11, a una área denominada bunker en el centro carcelario donde se encuentra interno; y, ? La orden de torturado, intimidación o incomunicación, así como su ejecución. TERCERO. Las autoridades Directora, Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria y, Coordinador del Área de Trabajo Social, todos del Centro Penitenciario de Reinserción Social Tlalnepantla, Estado de México, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de torturado, intimidación o incomunicación del quejoso, así como su ejecución. También manifestaron que el quejoso, se encuentra ubicado en el Módulo de Medidas Especiales de Seguridad denominado Bunker, lugar destinado a personas con conductas especiales, consideradas como personas que ponen en riesgo la seguridad y estabilidad de la institución, así como la integridad de sus compañeros de celda y de la población penitenciaria en general; además de que dicho Módulo cuenta con cabinas telefónicas y el derecho a recibir visitas de su defensa pastoral de culto y familiar en los términos establecidos por ese centro carcelario, lo anterior en esmero a la contingencia sanitaria que se vive actualmente en el país, por lo que resulta evidente que no se encuentra incomunicado, torturado o intimidado como aduce el quejoso. Argumentos que se corroboran con la diligencia que le fue practicada al quejoso el veintidós de febrero de este año, por el Actuario de la adscripción, donde manifestó "q´ no e sufrido maltrato físico". En consecuencia, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que el quejoso probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. CUARTO. Las responsables Directora, Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria y, Coordinador del Área de Trabajo Social, todos del Centro Penitenciario de Reinserción Social Tlalnepantla, Estado de México, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden para ser cambiado el quejoso de su dormitorio 5-11, a una área denominada bunker en el centro carcelario donde se encuentra interno. Sin embargo, en su misiva señalaron que el cinco de noviembre de dos mil veinte, se reunió el Comité Técnico de Sanción Disciplinaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, a efecto de otorgar garantía de audiencia al quejoso ------------------, en relación al parte informativo que hace llevar el área de vigilancia respecto a la falta de disciplina; por lo que, le impusieron al quejoso mediante acta 494, una medida disciplinaria de aislamiento temporal por el término de quince días, como último recurso a partir del día cuatro de noviembre de dos mil veinte (fecha en que cometió la falta) al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, misma que debía cumplir aislado temporalmente de la población en general en una estancia destinada para ello y una vez terminada la sanción administrativa permanecería en una celda de observación (bunker), por un término no mayor de noventa días con la finalidad de resguardar su integridad física del quejoso, asimismo, ver su evolución y determinar su nueva ubicación previa valoración del Comité Técnico. Señalan que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, los integrantes del Comité Técnico, acordaron mediante acta para la ubicación de personas privadas de su libertad, con número CRIM/20/TLA/10/BUNK, que la persona con el arábigo 32 (quejoso), deberá permanecer tres meses más de observación en el bunker, a partir de esa data, por ello, deberá persistir en esa ubicación (hasta el cuatro de marzo de dos mil veintiuno), previa cesión del Comité que determine si permanece por más tiempo en esa área o será reubicado con el objetivo de que no vulnerar sus garantías individuales y sus derechos humanos, de ahí, que su actuación se encuentre regulada dentro de los artículos 5, 37, fracción I y III, 41, fracción II y III, de la Ley de Nacional de Ejecución Penal. Aducen, también que el quejoso fue sabedor del hecho que reclama, pues en el acta de sanción de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, manifestó: "no acepto el reporte por motivo q´ nunca fue sierto solo me bajaron de mi instancia y me mandaron a medidas especiales (sic)". De lo anterior, se desvirtúa la negativa referida por las responsables y se tiene por cierto el acto a ellas reclamado, consistente en la orden para ser cambiado el quejoso de su dormitorio 5-11, al área denominada bunker, de conformidad con el precepto 117, de la Ley de Amparo. Lo cual, se justifica con las documentales que ofrecieron en copia certificada como prueba las responsables y que obran en autos: acta número 494, del comité técnico de sanción disciplinaria de cinco de noviembre de dos mil veinte; oficio 3210/JEF/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte (acto de indisciplina del quejoso); formato de estudio médico psicofísico y de lesiones del quejoso de cuatro de noviembre de dos mil veinte; acta para ubicación de las personas privadas de la libertad número CRIM/20/TLA/182/SAN-1, de trece de noviembre de dos mil veinte; y, acta para ubicación de las personas privadas de la libertad número CRIM/20/TLA/10/BUNK, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Establecido lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de estudio preferente al fondo, se procede analizar las causales de improcedencia. En el caso, este Juzgado advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De lo antes transcrito, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Prevención que puntualiza la naturaleza del juicio de amparo, como un medio de control constitucional de carácter extraordinario; y que se identifica como principio de definitividad, que consiste en que previo a instar la acción constitucional, los quejosos debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Ahora bien, del citado numeral, se desprenden como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios, a saber: A). Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. B). Y cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, el inconforme señala como acto reclamado la orden para ser cambiado de su dormitorio 5-11, al área denominada bunker en el centro carcelario donde se encuentra interno. En ese sentido, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia señalada, es necesario verificar que se cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en la porción normativa transcrita. Así tenemos que, con relación a inciso A), se debe constatar: 1) que en la ley ordinaria se prevea un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa, en los términos reclamados por el quejoso, pueda ser impugnada; y, 2) que ese recurso o medio de defensa tenga potencial para suspender los efectos de dicho acto, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva o exija mayores requisitos que los que consigna para el otorgamiento de la suspensión provisional. Y en lo concerniente a la hipótesis señalada bajo el inciso B), se debe corroborar: 1) que la orden de traslado no carezca de fundamentación; 2) no implique una violación directa a la Constitución; y 3) el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para tales efectos, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 57/2018, precisó que la reforma constitucional a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor al día siguiente, así como la reforma que se publicó el diez de junio de dos mil once, de los artículos 18 y 1 constitucionales, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas, lo que a la postre representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario. En efecto, el conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, por lo que se adujo que para lograr esa transformación, era necesario reestructurar el sistema, circunscribiendo únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". En ese sentido, debía ser el Poder Judicial el que debía vigilar que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como se pronunció en la ejecutoria, con la finalidad de terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se debía organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 151/2011, del que derivó la jurisprudencia de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011", examinó la primera de las reformas, y concluyó que a partir de la misma, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que pudieran surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, debían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Asimismo, se estableció que cualquier controversia que se suscitara por parte de los sentenciados respecto de dichas cuestiones, su conocimiento y solución correspondería a los jueces; lo que implicó un verdadero cambio fundamental en cuanto a la vía a instar, porque pasó de la administrativa a la penal. Derivado de lo anterior, se propuso la creación de una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que transformara el sistema penitenciario y garantizara la protección de los derechos humanos de los internos. Ley que debía contemplar una delimitación de las funciones de las distintas autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y en el internamiento preventivo, estableciendo explícitamente que la imposición de las penas, su modificación y duración fueran competencia exclusiva de la autoridad judicial. Del contenido de su artículo 19, se apreciaba que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de dicha Ley, es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Conforme a su artículo Primero Transitorio, y los artículos 1 y 210, a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados con relación a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal, con las excepciones y reglas previstas en su Segundo Transitorio. Precisado lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su dispositivo 41, contempla las sanciones disciplinarias de los internos dentro del centro carcelario, numeral que dice: "Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: I. Amonestación en privado o en público; II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas instituciones; IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; VI. Restricción temporal de las horas de visita semanales. No se permitirá que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias, o la realización de actividades de custodia y vigilancia. Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo, deberán atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de los derechos humanos competente." En el caso, la parte quejosa reclamó la orden para ser cambiado de su dormitorio 5-11, al área denominada bunker en el centro carcelario donde se encuentra interno, atribuida a autoridades 9 "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley". 10 "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. (.)". administrativas. Congruente con las constancias del sumario, es dable inferir que se trata de cambio de dormitorio por una sanción administrativa con motivo de una conducta inapropiada dentro del penal donde se encuentra compurgando su pena de prisión. Aunado de que dicha medida fue con el objeto de mantener su integridad física y de los internos, así como, de la seguridad del orden dentro de dicho penal. Así, el cambio de dormitorio, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos donde esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Asimismo, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada del cambio de dormitorio, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el cambio de dormitorio dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama un cambio de dormitorio, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal11, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos de un cambio de dormitorio, que podrá ejercerse en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de un cambio de dormitorio, que se reclama a una autoridad administrativa, es procedente la controversia judicial, prevista en el artículo 117, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden citada. Consecuentemente, se debe verificar ahora si la parte quejosa estaba obligada a agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir a la instancia constitucional; que es el presupuesto que se fijó en el punto 2). Es decir, se debe determinar si dicho medio ordinario de defensa, es susceptible o no de suspender los efectos de la orden de cambio de dormitorio, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; porque lo que se busca evitar, es la restricción adicional al derecho fundamental de la libertad de la persona privada de ella. En ese sentido, lo que se debe corroborar, es si a través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de cambio de dormitorio emitido por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61, del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122, la Ley Nacional de Ejecución Penal12, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 11 "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: . II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; ." 12 "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto". El segundo párrafo, del artículo 124 de la propia Ley de ejecución13 que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el cambio de dormitorio; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. Incluso, establece que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de cambio de dormitorio; se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios.14 También, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción IV15, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de medidas de seguridad de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de una medida de seguridad (cambio de dormitorio) atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. De igual forma, la suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial, se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental, objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos, tendrá efecto hasta que se resuelva en definitiva. En términos de lo antes señalado, fundadamente se colige que la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de cambio de dormitorio, emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. Resta por corroborar, que no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad, identificadas bajo el inciso B); es decir, que la orden de cambio de dormitorio, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia, están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente 13 "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia". 14 "Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados". 15 "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: . IV. Medidas de seguridad; (.)". procedimiento. Esto es, el cambio de dormitorio, fue una determinación decretada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como una medida de seguridad concretamente en el artículo 37, fracción I y III, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama; y, el traslado a módulos especiales para su observación. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena dicha sanción, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, el cambio de dormitorio, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute la orden reclamada, de personas privadas de su libertad, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos, con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del cambio de dormitorio, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de cambio de dormitorio. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del cambio de dormitorio, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de cambio de celda, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Al haberse demostrado que en torno a la orden de cambio de celda, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de cambio de dormitorio, ordenado por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 37, fracción I y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 46/2020, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. Entonces, queda en evidencia que el acto combatido en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la orden de cambio de dormitorio. Por ello, el cambio de dormitorio, que se reclama en la especie, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en esta vía biinstancial, toda vez que debió agotar el multicitado procedimiento judicial específico que regula su internamiento; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese cambio de dormitorio. Bajo esa óptica, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, debido a que no fue observado el principio de definitividad, con fundamento en la fracción XX, del artículo 61, en correlación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado. Cabe señalar que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, este Juzgado se encuentra impedido para entrar al estudio y análisis del fondo de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación16, que señala: 16 Jurisprudencia que obra a fojas 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995. "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ------------, por propio derecho, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora, Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria y, Coordinador del Área de Trabajo Social, todos del Centro Penitenciario de Reinserción Social Tlalnepantla, Estado de México; mediante el cual, rinde informe justificado y remite constancias en apoyo al mismo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado por parte de la autoridad oficiante, asimismo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y dese cuenta en la audiencia constitucional. De conformidad con el ordinal 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que anexa a su informe la responsable, sin perjuicio de dar nueva cuenta con las mismas en la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando su número telefónico y correo electrónico, a saber, 5553108305 y c.p.r.s.barrientos@hotmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Notifíquese; personalmente al quejoso en el centro donde se encuentra recluido, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora, Jefe de Custodia Penitenciaria y, Coordinador del Área de Trabajo Social, todos adscritos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual, rinden su informe relativo a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en los presentes autos, asimismo, proporcionan un correo electrónico y un número telefónico y exhiben diversas documentales. En mérito de lo anterior, téngase por rendido el informe de la suspensión de plano de las autoridades responsables y con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surtan los efectos legales conducentes, de lo cual se toma conocimiento. Adicionalmente, se tiene a las autoridades oficiantes proporcionando un número telefónico y correo electrónico, a saber, 5553108305 y c.p.r.s.barrientos@hotmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Finalmente, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales exhibidas, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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