Alfonso Rafael Morales Rosas

Expediente 404/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
404/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Alfonso Rafael Morales Rosas
  • Vicefiscal de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, seis de agosto de dos mil diecinueve. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de agosto de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictado en autos, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Autoridad informa. Téngase por recibido el oficio que remite el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de julio del año en curso, remite copia certificada de la resolución dictada el siete de julio del presente año, emitida dentro de la causa penal 89/2019 de su índice, donde se dictó auto de formal prisión, en contra del quejoso Alfonso Rafael Morales Rosas, por ser probable responsable de la comisión del delito de daños culposos, cometido en perjuicio del patrimonio económico de Gloria Salazar Soto. II. Prueba documental y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida la prueba documental que se anexa al oficio de cuenta y con la misma dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. III. Sobreseimiento por haber cambiado la situación jurídica del quejoso. Ahora bien, en el presente juicio de amparo el quejoso Alfonso Rafael Morales Rosas, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. En ese sentido, de la documental allegada, por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, correspondiente a la resolución de siete de julio del año en curso, emitida en la causa penal 89/2019, se advierte que se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Alfonso Rafael Morales Rosas, por ser probable responsable de la comisión del delito de daños culposos, cometido en perjuicio del patrimonio económico de Gloria Salazar Soto. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Ello implica que a la fecha en que se emite la presente determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica de éste, pues ya no se encuentra afectado, con base en los actos de ejecución derivados del mandato de captura emitido el doce de junio de dos mil diecinueve, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con asiento en esta ciudad. Bajo esa óptica resulta evidente que no podrían analizarse los actos reclamados en estudio, así, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, ya que no podrían darse los efectos restitutorios previstos en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al ser evidente que ha cambiado su situación jurídica, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Ilustran lo considerado, en lo conducente, las tesis sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcriben: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." (Registro: 199,808. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IV, Diciembre de 1996. Tesis: 2a. CXI/96. Página: 219.) "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." (Novena Época. Registro: 169410. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 17/2008. Página: 270.) Se deja sin efecto la citación para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con veinticuatro minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve). V. Transparencia y acceso a la información pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, once de julio de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos. Vista la certificación que antecede, donde se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Alfonso Rafael Morales Rosas, para que otorgara como garantía la cantidad de $7,236.00 (siete mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que a partir de esta fecha la suspensión definitiva deja de surtir efectos; sin que ello implique que se deje sin materia el juicio en lo principal. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda exhibir la garantía hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados. Tiene aplicación la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados." (Octava Época; Registro: 212725; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIII, Mayo de 1994; Materia(s): Común; Tesis: I.5o.C.122 K; Página: 544). Asimismo, aplica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible." (Décima Época; Registro: 2008029; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: I.3o.C.47 K (10a.); Página: 3040). Notifíquese.

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