Alfonso Pereda Venegas
Expediente 1004/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/12/2021
Partes del expediente
- A. P. G. y Otros.
- A. P. G.
- Alfonso Pereda Venegas
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Mensajería devuelta. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la mensajería que devuelve Estafeta, de cuyo contenido se desprende que no fue posible realizar la entrega del oficio 29424/2021 dirigido a la autoridad señalada como responsable Secretaría de Salud, con sede en Ciudad de México, relativo al auto de veintinueve de septiembre de la anualidad, mediante el cual se reenvió el diverso oficio 27711/2021 del índice de este juzgado federal. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, el cual quedó firme por auto de veintitrés de noviembre pasado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAQO/cgpb*
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Adquiere firmeza. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Por tanto, se remite el presente asunto al archivo definitivo.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado y oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el informe justificado y oficios signados respectivamente por el (i) Secretario de Salud del Estado de Baja California, y su Delegado; y, en atención a su contenido se provee lo siguiente: Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe justificado de referencia. Correo electrónico oficial. De igual forma, se tiene a la autoridad responsable informando que cuenta con el correo electrónico siguiente: isesalud.amparo@gmail.com. Base de datos actuarial. Lo anterior, hágase del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que de inmediato sea integrada dicha información a la base de datos correspondiente. En la inteligencia de que el mismo fue señalado a fin de recibir notificaciones por correo electrónico, toda vez que así lo manifestó la autoridad promovente. Informe de suspensión de plano. Del mismo modo, téngase a la autoridad responsable haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, el veintidós de octubre de la presente anualidad, se llevó a cabo la aplicación del esquema completo de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-Cov2 a la menor quejosa de iniciales 1) A.P.G.; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 126 de la ley de la materia; asimismo, remite expediente de vacunación contra el virus de mérito a nombre de la citada menor. Sobreseimiento fuera de audiencia. Sin que en el caso sea necesario poner a la vista de las partes el informe justificado y oficio en cuestión, virtud de las consideraciones siguientes: Del estado de autos del presente juicio, se advierte que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Consiste en que la H. AUTORIDADES RESPONSABLES, reclama el suscrito en representación de mi menor hija, el hecho de que a la presente fecha no se le ha vacunado a mi menor hija contra el SARS-COV2 (COVID 19), a pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (COFEPRIS) en fecha 24 de junio de 2021 emitió un comunicado nominado como 23/2021 en el cual se MODIFICABA LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH, permitiendo su aplicación a mayores de 12 años." Y como conceptos de violación: "VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ÚNICO.- Causa agravio QUE NINGUNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES HAYA VACUNADO A MI MENOR HIJA, menoscabando su derecho a la protección de su salud." Sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que el día veintitrés de septiembre del presente año, se realizó la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer contra SARS-cov2 a la menor de edad quejosa; asimismo, que el veintidós de octubre siguiente, se llevó a cabo la aplicación total de la dosis de referencia, completando así el esquema biológico respectivo. Documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión o negativa por parte de las autoridades señaladas como responsables, de aplicar la vacuna a la menor quejosa A.P.G. contra el SARS-COV2 (COVID 19), y esto ya aconteció, es, evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Delegado de la autoridad responsable (i) Secretario y Director del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, se fijó el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que se lleve a cabo la aplicación de la segunda dosis del biológico correspondiente a la vacuna contra el virus covid-19 a la menor de edad 2) A.P.G, esto a partir de las ocho horas. Se instruye al Actuario. En consecuencia, se instrúyase al Actuario de la adscripción para que de forma inmediata, notifique a la parte quejosa el presente proveído, corriéndole traslado con copia del oficio de cuenta, para efecto de que esté en aptitud de acudir en la fecha señalada, a partir de las ocho horas, en Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali, ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas y Calle Arturo Berna, número 1188, en Ex-ejido Coahuila, en el entendido de que se deberá cumplir con los requisitos apuntados por la autoridad oficiante, esto es, acudir portando copia del CURP (Clave Única de Registro de Población) de la menor, copia de comprobante de primera dosis, así como copia de la identificación para votar de su progenitor, informándole que únicamente debe acudir éste último acompañando a la menor quejosa. Mensajería devuelta. Asimismo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la mensajería que devuelve Estafeta, de cuyo contenido se desprende el motivo por el cual no fue posible realizar la entrega del oficio 29424/2021 de veintinueve de septiembre de la anualidad, dirigido a la autoridad señalada como responsable (i) Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, se trae a la vista como hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos en las unidades administrativas que se indican de la Secretaría de Salud, derivado del incremento de casos confirmados de personal que ha contraído el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre del año en curso, del que se advierte en parte lo siguiente: "(.) ACUERDO PRIMERO. Se suspenden por causa de fuerza mayor, los términos y plazo de los procedimientos y trámites que se llevan a cabo en las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, derivado del incremento de casos confirmados de servidores público que han dado positivo al virus SARC-CoV-2 (COVID-19), incluyendo la recepción de notificaciones que realicen las autoridades competentes de los niveles federal y local. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo y durante el periodo comprendido del 11 al 18 de octubre de 2021, se ordena el cierre total de recepción de documentos en las Oficialías de Partes de las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General, ubicadas en: 1. Lieja número 7, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, y 2. Marina Nacional número 60, piso 15, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, en la Ciudad de México. (.). Se instruye a actuario. Atento a lo anterior, se instruye al Actuario de la adscripción para que realice de nueva cuenta el envío del oficio 29424/2021 de veintinueve de septiembre de la anualidad, dirigido a la (i) Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, con sus respectivos anexos, al domicilio ubicado en Marina Nacional número 60, piso 15, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, en la Ciudad de México; lo anterior, dado que de la estafeta de cuenta se advierte que no fue posible realizar su entrega el once de octubre de la presente anualidad, esto es, el día que se ordenó el cierre total de recepción de documentos en las Oficialías de Partes de las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General de dicha Secretaría. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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