Alfonso Pedraza Tapia
Expediente 292/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfonso Pedraza Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara la denominación correcta de la autoridad responsable "Jefe de Departamento de Barandilla Municipal de Seguridad de Morelia", determinación que le fue notificada el veintiséis se ese mismo mes y año, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, dicha autoridad se tiene por inexistente. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.111/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en audiencia pública celebrada el veintidós de marzo del año en curso, ante el Secretario de Turno de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, se presentó ..., a formular demanda de amparo indirecto por comparecencia a favor de..., contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistente en incomunicación y/o detención del quejoso, demanda que al ser ratificada por el directo agraviado, se admitió a trámite por auto de veintidós de ese mismo mes y año. Ahora bien, al rendir su informe justificado, la Directora de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, en razón a que con fecha veintidós de marzo del año en curso, fue ingresado por elementos de la policía al área de internación "barandilla", el aquí quejoso ALFONSO PEDRAZA TAPIA, por haber cometido una falta administrativa, quedando a disposición del departamento jurídico a fin de que en su momento se determinara su situación jurídica. Asimismo, refirió que en cumplimiento a la concesión de la suspensión de oficio y de plano, se ordenó otorgar la absoluta libertad del citado quejoso; lo cual quedó acreditado con el oficio AL-5143/2020, suscrito por el Encargado del Área Legal de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, mismo que anexó a su informe justificado. Ahora bien, en su informe rendido por la diversa autoridad responsable Encargado del Área de Internación "Barandilla", con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado, también es que de la lectura de dicho informe de ley se desprende que el día veintidós de marzo del presente año, el ahora quejoso ALFONSO PEDRAZA TAPIA, fue ingresado a dicha área de internación preventiva "Barandilla"; por el Policía Estatal José Francisco Álvarez Lucas; lo anterior en virtud, de haber sido sorprendido en la comisión de faltas administrativas, consistentes en Alteración del Orden Público y tener conductas agresivas con los oficiales, otorgándole la libertad absoluta, el día veintitrés de ese mismo mes y año, en cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada en su favor por este órgano jurisdiccional, encontrándose actualmente gozando de su libertad absoluta por las faltas cometidas; por lo que actualmente no se encuentra ningún pendiente, así como ninguna sanción o procedimiento instaurado con motivo de su detención; remitiendo las constancias con las que acreditó su dicho. Atento a lo anterior, en la especie se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así, el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fuera afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causa de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el presente amparo, el acto reclamado se hizo consistir en la detención e incomunicación del quejoso ALFONSO PEDRAZA TAPIA, quien ciertamente fue detenido; sin embargo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado y Encargado del Área de Internación "Barandilla", con sede en esta ciudad, manifestaron que le fue otorgada la libertad absoluta el día veintitrés de marzo del presente año y que actualmente goza de la misma por las faltas cometidas. Lo que se acredita con las constancias remitidas como complemento a sus respectivos informes justificados. Por tanto, si en el presente juicio de amparo, el quejoso antes mencionado reclamó la detención y con posterioridad fue puesto en libertad, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo este contexto, si el agraviado se duele de la detención de que fue objeto por parte de la autoridad responsable y éste fue puesto en libertad, entonces se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivo el amparo; y con ello se deja al quejoso en el estado en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado, de ahí que se le restituya en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la detención del citado quejoso, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicho acto, lo cierto es que ya no se generarán consecuencias que afecten la esfera jurídico del accionante constitucional. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable Comisionada de Seguridad Pública Municipal, residente en esta capital, aun cuando negó el acto que se le reclamo, toda vez que las responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado y Encargado del Área de Internación "Barandilla", con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, manifestaron la certeza del acto reclamado consistente en la detención del quejoso ALFONSO PEDRAZA TAPIA. Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 1923/2020 signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde el informe justificado que le fue solicitado, toda vez que mediante proveído de veintiocho de agosto del año en curso, se acordó lo conducente. Sin embargo, téngasele informando que la figura de "Jefe de Departamento de Barandilla Municipal de Seguridad de Morelia", no existe en la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, con la anterior circunstancia, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste la denominación correcta de dicha autoridad, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el lapso concedido, la misma se tendrá como inexistente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio SSP/DAJ/2437/2020 signado por la Directora de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I de la referida Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad designado como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para recibir notificaciones el de su oficina principal. En la inteligencia de que el aludido oficio previamente ha sido certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". NOTIFÍQUESE.
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