Alfonso Octavio Merino y Otros.
Expediente 524/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Octavio Merino y Otros.
- Alfonso Octavio Merino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de cinco de enero de dos mil dieciséis, respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección a los quejosos Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El cinco de noviembre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal a los quejosos Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, dejara insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada contra los citados quejosos, en la causa penal 173/2014, de su índice, y dictaran otra, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: ".Con los anteriores elementos tuvo por comprobada la ocupación de un inmueble, es decir, la ejecución de un apoderamiento de la posesión de un terreno, que se materializó a consecuencia de una actividad física. Sin embargo, por cuanto hace a los restantes elementos del cuerpo de delito, omitió precisar los elementos de prueba con los que se acredita cada uno de ellos. Efectivamente, el juez responsable únicamente realizó un análisis de los elementos mencionados en el referido numeral 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, en sus fracciones I a VIII (regla especial), omitiendo señalar con qué elementos de prueba se acredita cada uno de ellos (regla general). En ese sentido, al momento de analizar los restantes elementos del cuerpo de delito, los cuales desglosó con antelación, debe decirse que la responsable, los consideró actualizados de una manera dogmática incumpliendo con las garantías de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, pues con su actuar le está privando a los quejosos conocer todas las circunstancias y particularidades que tomó en consideración para tener por acreditado el cuerpo del delito en estudio, negándoles con ello desplegar una defensa adecuada. Pues para que dicho requisito se colme, es preciso que señale con qué pruebas se actualiza cada elemento del delito, siendo necesario que exponga de una manera fundada y motivada el grado de valor convictivo que le ameritan tales probanzas, ya sea como indicio, prueba plena, circunstanciada -entre otros juicios de valor-, lo cual es violatorio de garantías; y al no hacerlo así, únicamente denota que se tomó en consideración dicha probanza, pero no indica cuál es el grado de certeza que le produjo en su ánimo, De todo lo anterior se sigue que, el juez responsable dejó de tomar en consideración la obligación legal de exponer los razonamientos lógicos y jurídicos, mediante los cuales llegó a la convicción de darle determinado valor a cada una de las pruebas, para poder así concluir que se acreditan los elementos del cuerpo del delito en estudio y, al no haberlo hecho así, el análisis que el juez del conocimiento realizó respecto del apartado del cuerpo del delito de DESPOJO AGRAVADO, carece de la debida fundamentación y motivación, violentando con ello, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal. Por ende, la responsable deberá analizar cada uno de los elementos que integran los antisociales de mérito, incluyendo la hipótesis delictiva que considera encuadra con los hechos que fueron consignados y, exponer de forma fundada y motivada con qué pruebas se tienen por acreditados los mismos, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos suficientes tendientes a demostrar el porqué de dicha valoración. [.] Por otro lado, en lo que respecta a la probable responsabilidad de los aquí quejosos, el suscrito considera que no se encuentra debidamente acreditada en atención a lo que se explica. En principio debe decirse que, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto que, se analizan en una misma resolución, también cierto es que, su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales, el juzgador responsable estima se acredita la probable responsabilidad del o los indiciados, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas por medio de las cuales se acredita su forma de participación, es decir, en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención), el dolo o culpa y si no existe a su favor alguna excluyente de delito. Ahora, para acreditar la autoridad responsable estimó la probable responsabilidad de los ahora quejosos, la tuvo por acreditada con las mismas probanzas con que tuvo acreditado el cuerpo de dicho delito; sin embargo, el juez del conocimiento en este apartado violentó también lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que es necesario que cite y valore las pruebas de las que se desprenda la participación de cada uno de los quejosos - de manera individual y no conjuntamente- en cada uno de los hechos delictivos denunciados. Así las cosas, no basta que haya referido el material probatorio citado, ya que no precisó de qué forma éstas sirven para demostrar que los quejosos hayan desplegado la conducta que se les atribuyen, pues perdió de vista que fueron varios inculpados en la comisión del delito. Por tanto, debió ponderar los medios probatorios que acreditan precisamente que lso ahora quejosos son las personas que en forma probable llevaron a cabo la conducta típica y antijurídica, respecto de los cuales debe emitir juicios valorativos, atendiendo a las reglas que para ello establece el código de proceder de la materia. Ello, ya que la probable responsabilidad es la individualización y señalamiento de las circunstancias por las que se considera que determinada persona es quien, en forma probable, llevó a cabo una actividad que culminó con la lesión del bien jurídicamente tutelado. Esto es, la responsable omitió precisar la intervención de cada uno de los quejosos de forma individual, en la comisión de los ilícitos, es decir, si les resulta el carácter de autor material o partícipe, del hecho por el cual se le sigue la causa penal. Por ende, al no advertir lo anterior, la responsable omitió exponer de una forma razonada, como fue la forma de intervención de los aquí quejosos en la comisión de los delitos que se les imputa (autor material o intelectual o participe de los delitos), razón por la cual, deberá explicar de manera fundada y motivada cómo fue la participación de cada uno de los del peticionario del amparo en la comisión de los delitos citados, al no ser suficiente que lso clasifique como coaturores materiales, ya que debe de explicar la forma en que tuvieron participación en el delito. Al respecto, resulta conveniente reiterar que se configura la coautoría, cuando: a) existe un común acuerdo, sin subordinación, b) la aportación de cada partícipe es esencial y necesaria, c) cuando existe un codominio del hecho, y d) cuando se ejecuta un hecho común. En ese sentido, en la coautoría, la participación de los autores puede ser ejecutada en forma directa o ejecutada en forma parcial; en el primer caso, todos los autores realizan los actos ejecutivos y, en el segundo caso, se da un reparto de las tareas ejecutivas o el llamado reparto de papeles, es así que, unos se encuentran en el momento de la ejecución y otros no, siendo éstos últimos los denominados autores intelectuales. El dominio del hecho, se realiza pues, a través de la acción (el autor realiza la acción típica de propia mano), o del dominio de la voluntad (el autor domina los acontecimientos, sin estar presente en la realización de la acción típica, tiene dominio sobre el ejecutante). Es decir, en el dominio funcional del hecho, son coautores todos los que intervienen desde el acuerdo común hasta la ejecución común del hecho punible. En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra el cual se pide amparo, no expresó, en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que les es reprochable, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente la probable responsabilidad de los que piden amparo en la actualización de los delito reprochados, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. [.] Por otra parte, el juez del conocimiento también omitió analizar de una manera motivada si la conducta que se le atribuye a los peticionarios de garantía fue realizada de forma dolosa o culposa y, para el caso de que determine que el actuar de los aquí quejosos fue de manera dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si los quejosos conocían los alcances y repercusiones de su proceder, ya que no es suficiente que afirme que la conducta fue realizada de manera dolosa de una manera genérica. Es necesario enfatizar que, el dolo, como elemento de tipicidad de naturaleza subjetiva, a no ser que exista una confesión en la que el sujeto acepte tener conocimiento de la existencia del objeto materia del delito, difícilmente podría acreditarse mediante una prueba directa, de modo que, dicho elemento como cualquier otro, válidamente puede justificarse mediante pruebas indirectas o indicios suficientes que pongan de relieve el aspecto de la voluntad y del saber. Así, dado que el dolo reside en el plano intelectual y volitivo, es a través del análisis, de los medios de prueba, como puede probarse en forma plena su existencia. [.] Ante las omisiones formales resultantes de la lectura integral de la resolución combatida, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del acto reclamado, dado que la verificación de los requisitos formales es preferente, pues su ausencia o deficiencia, como ocurre en la especie, impide analizar el fondo de acto reclamado por el desconocimiento de los elementos que sustentan sus consideraciones, las cuales, consecuentemente, no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. En razón de lo anterior, se considera que la resolución reclamada dejó en estado de indefensión y en incertidumbre jurídica a los quejosos, pues carece de la debida motivación que debe prevalecer en los autos de autoridad; de ahí, que dicha determinación se considere violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución. En consecuencia, procede conceder el amparo para que el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca Deje insubsistente la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada en contra de Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, dentro de la causa penal 173/2014, de su índice, Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en este considerando. En ese tenor, el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, el veintiuno de diciembre de dos mil quince, dejó insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, respecto a Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, por su probable responsabilidad penal en el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Josefina Vara Soto, dictada en la causa penal 173/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución en la que negó librar orden de aprehensión contra los mencionados quejosos (fojas 130 a 138). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la misma, pone de manifiesto que se cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, el veintiuno de diciembre de dos mil quince, dejó insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, respecto de los quejosos Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, por su probable responsabilidad penal en el delito de despojo agravado, que constituyó el acto reclamado, y en su lugar negó librar dicha orden de captura; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA: MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de cinco de enero de dos mil dieciséis, respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección a los quejosos Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El cinco de noviembre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal a los quejosos Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, dejara insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada contra los citados quejosos, en la causa penal 173/2014, de su índice, y dictaran otra, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: ".Con los anteriores elementos tuvo por comprobada la ocupación de un inmueble, es decir, la ejecución de un apoderamiento de la posesión de un terreno, que se materializó a consecuencia de una actividad física. Sin embargo, por cuanto hace a los restantes elementos del cuerpo de delito, omitió precisar los elementos de prueba con los que se acredita cada uno de ellos. Efectivamente, el juez responsable únicamente realizó un análisis de los elementos mencionados en el referido numeral 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, en sus fracciones I a VIII (regla especial), omitiendo señalar con qué elementos de prueba se acredita cada uno de ellos (regla general). En ese sentido, al momento de analizar los restantes elementos del cuerpo de delito, los cuales desglosó con antelación, debe decirse que la responsable, los consideró actualizados de una manera dogmática incumpliendo con las garantías de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, pues con su actuar le está privando a los quejosos conocer todas las circunstancias y particularidades que tomó en consideración para tener por acreditado el cuerpo del delito en estudio, negándoles con ello desplegar una defensa adecuada. Pues para que dicho requisito se colme, es preciso que señale con qué pruebas se actualiza cada elemento del delito, siendo necesario que exponga de una manera fundada y motivada el grado de valor convictivo que le ameritan tales probanzas, ya sea como indicio, prueba plena, circunstanciada -entre otros juicios de valor-, lo cual es violatorio de garantías; y al no hacerlo así, únicamente denota que se tomó en consideración dicha probanza, pero no indica cuál es el grado de certeza que le produjo en su ánimo, De todo lo anterior se sigue que, el juez responsable dejó de tomar en consideración la obligación legal de exponer los razonamientos lógicos y jurídicos, mediante los cuales llegó a la convicción de darle determinado valor a cada una de las pruebas, para poder así concluir que se acreditan los elementos del cuerpo del delito en estudio y, al no haberlo hecho así, el análisis que el juez del conocimiento realizó respecto del apartado del cuerpo del delito de DESPOJO AGRAVADO, carece de la debida fundamentación y motivación, violentando con ello, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal. Por ende, la responsable deberá analizar cada uno de los elementos que integran los antisociales de mérito, incluyendo la hipótesis delictiva que considera encuadra con los hechos que fueron consignados y, exponer de forma fundada y motivada con qué pruebas se tienen por acreditados los mismos, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos suficientes tendientes a demostrar el porqué de dicha valoración. [.] Por otro lado, en lo que respecta a la probable responsabilidad de los aquí quejosos, el suscrito considera que no se encuentra debidamente acreditada en atención a lo que se explica. En principio debe decirse que, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto que, se analizan en una misma resolución, también cierto es que, su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales, el juzgador responsable estima se acredita la probable responsabilidad del o los indiciados, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas por medio de las cuales se acredita su forma de participación, es decir, en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención), el dolo o culpa y si no existe a su favor alguna excluyente de delito. Ahora, para acreditar la autoridad responsable estimó la probable responsabilidad de los ahora quejosos, la tuvo por acreditada con las mismas probanzas con que tuvo acreditado el cuerpo de dicho delito; sin embargo, el juez del conocimiento en este apartado violentó también lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que es necesario que cite y valore las pruebas de las que se desprenda la participación de cada uno de los quejosos - de manera individual y no conjuntamente- en cada uno de los hechos delictivos denunciados. Así las cosas, no basta que haya referido el material probatorio citado, ya que no precisó de qué forma éstas sirven para demostrar que los quejosos hayan desplegado la conducta que se les atribuyen, pues perdió de vista que fueron varios inculpados en la comisión del delito. Por tanto, debió ponderar los medios probatorios que acreditan precisamente que lso ahora quejosos son las personas que en forma probable llevaron a cabo la conducta típica y antijurídica, respecto de los cuales debe emitir juicios valorativos, atendiendo a las reglas que para ello establece el código de proceder de la materia. Ello, ya que la probable responsabilidad es la individualización y señalamiento de las circunstancias por las que se considera que determinada persona es quien, en forma probable, llevó a cabo una actividad que culminó con la lesión del bien jurídicamente tutelado. Esto es, la responsable omitió precisar la intervención de cada uno de los quejosos de forma individual, en la comisión de los ilícitos, es decir, si les resulta el carácter de autor material o partícipe, del hecho por el cual se le sigue la causa penal. Por ende, al no advertir lo anterior, la responsable omitió exponer de una forma razonada, como fue la forma de intervención de los aquí quejosos en la comisión de los delitos que se les imputa (autor material o intelectual o participe de los delitos), razón por la cual, deberá explicar de manera fundada y motivada cómo fue la participación de cada uno de los del peticionario del amparo en la comisión de los delitos citados, al no ser suficiente que lso clasifique como coaturores materiales, ya que debe de explicar la forma en que tuvieron participación en el delito. Al respecto, resulta conveniente reiterar que se configura la coautoría, cuando: a) existe un común acuerdo, sin subordinación, b) la aportación de cada partícipe es esencial y necesaria, c) cuando existe un codominio del hecho, y d) cuando se ejecuta un hecho común. En ese sentido, en la coautoría, la participación de los autores puede ser ejecutada en forma directa o ejecutada en forma parcial; en el primer caso, todos los autores realizan los actos ejecutivos y, en el segundo caso, se da un reparto de las tareas ejecutivas o el llamado reparto de papeles, es así que, unos se encuentran en el momento de la ejecución y otros no, siendo éstos últimos los denominados autores intelectuales. El dominio del hecho, se realiza pues, a través de la acción (el autor realiza la acción típica de propia mano), o del dominio de la voluntad (el autor domina los acontecimientos, sin estar presente en la realización de la acción típica, tiene dominio sobre el ejecutante). Es decir, en el dominio funcional del hecho, son coautores todos los que intervienen desde el acuerdo común hasta la ejecución común del hecho punible. En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra el cual se pide amparo, no expresó, en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que les es reprochable, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente la probable responsabilidad de los que piden amparo en la actualización de los delito reprochados, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. [.] Por otra parte, el juez del conocimiento también omitió analizar de una manera motivada si la conducta que se le atribuye a los peticionarios de garantía fue realizada de forma dolosa o culposa y, para el caso de que determine que el actuar de los aquí quejosos fue de manera dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si los quejosos conocían los alcances y repercusiones de su proceder, ya que no es suficiente que afirme que la conducta fue realizada de manera dolosa de una manera genérica. Es necesario enfatizar que, el dolo, como elemento de tipicidad de naturaleza subjetiva, a no ser que exista una confesión en la que el sujeto acepte tener conocimiento de la existencia del objeto materia del delito, difícilmente podría acreditarse mediante una prueba directa, de modo que, dicho elemento como cualquier otro, válidamente puede justificarse mediante pruebas indirectas o indicios suficientes que pongan de relieve el aspecto de la voluntad y del saber. Así, dado que el dolo reside en el plano intelectual y volitivo, es a través del análisis, de los medios de prueba, como puede probarse en forma plena su existencia. [.] Ante las omisiones formales resultantes de la lectura integral de la resolución combatida, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del acto reclamado, dado que la verificación de los requisitos formales es preferente, pues su ausencia o deficiencia, como ocurre en la especie, impide analizar el fondo de acto reclamado por el desconocimiento de los elementos que sustentan sus consideraciones, las cuales, consecuentemente, no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. En razón de lo anterior, se considera que la resolución reclamada dejó en estado de indefensión y en incertidumbre jurídica a los quejosos, pues carece de la debida motivación que debe prevalecer en los autos de autoridad; de ahí, que dicha determinación se considere violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución. En consecuencia, procede conceder el amparo para que el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca Deje insubsistente la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada en contra de Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, dentro de la causa penal 173/2014, de su índice, Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en este considerando. En ese tenor, el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, el veintiuno de diciembre de dos mil quince, dejó insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, respecto a Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, por su probable responsabilidad penal en el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Josefina Vara Soto, dictada en la causa penal 173/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución en la que negó librar orden de aprehensión contra los mencionados quejosos (fojas 130 a 138). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la misma, pone de manifiesto que se cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, el veintiuno de diciembre de dos mil quince, dejó insubsistente la orden de aprehensión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, respecto de los quejosos Alfonso Octaviano Merino y Nicasia López Ávila, por su probable responsabilidad penal en el delito de despojo agravado, que constituyó el acto reclamado, y en su lugar negó librar dicha orden de captura; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de enero de dos mil dieciséis Agréguese el oficio 3678/2015, suscrito por el Juez Segundo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil quince, emitida en el expediente 173/2014 de su índice, relativa al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista al quejoso, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese, personalmente al quejoso. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
mesa I B NOTIFICACION POR LISTA Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de enero de dos mil dieciséis Agréguese el oficio 3678/2015, suscrito por el Juez Segundo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil quince, emitida en el expediente 173/2014 de su índice, relativa al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista al quejoso, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese, personalmente al quejoso. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Alfonso López Carrasco215/2015
- Alfonso López López496/2015
- ALFONSO NOÉ GONZÁLEZ GÓMEZ y Otros.1186/2021
- ALFONSO NOE GONZALEZ GOMEZ y Otros.179/2021
- Alfonso Ochoa Lara636/2014
- Alfonso Ocortes o Ángel Cortés Morales1921/2015
- ALFONSO PEDRO MEDINA y Otros.662/2017
- ALFONSO PINACHO CARBAJAL y Otros.196/2022
- Alfonso Rafael González Sosa1276/2013
- Alfonso Ramírez Zamora1036/2023
- Alfonso Renero Bernabé o Alfonso Leonel Renero Bernabé1724/2015
- Alfonso Renero Bernabé o Alfonso Leonel Renero Bernabé1725/2015