Alfonso Moreno Flores
Expediente 982/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alfonso Moreno Flores
- Presidente Municipal de Panotla, Tlaxcala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de octubre del año en curso (fojas 8 a 12), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alfonso Moreno Flores; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena destrucción. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Se ordena devolución de documentos. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificado para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Alfonso Moreno Flores, el contenido del proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho...Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de octubre del año en curso (fojas 8 a 12), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alfonso Moreno Flores; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena destrucción. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Se ordena devolución de documentos. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificado para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Vista la diligencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por la que Alfonso Moreno Flores, ratifica el escrito presentado el veintiséis de octubre del presente año (foja 14), a través del cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio constitucional. Al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en el juicio de amparo en que se actúa no se proveyó lo relativo a la admisión y en consecuencia tramitación del mismo, ello en virtud de que en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 8 a 12), se desechó de plano la demanda instaurada por el quejoso de que se trata.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Alfonso Moreno Flores, contra actos del Presidente y del Secretario, ambos del Municipio de Panotla, Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 982/2018-VIII. Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen las garantías individuales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas -incluyendo a los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad-. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad. Bajo esa óptica, cabe señalar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, que promueve la parte inconforme, deriva precisamente de que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que solicitó la expedición de la constancia de posesión, respecto del lote 65, del fraccionamiento Santa Elena, municipio de Panotla, Tlaxcala, situación que revela que el acto fue promovido con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo anterior, se advierte que el derecho de petición es uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Ahora cabe precisar que el artículo 19, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece lo siguiente: "ARTICULO 19.- Son derechos Humanos, los que en forma enunciativa y no limitativa se enlistan: (.) IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." De lo anterior transcrito, se advierte que al día de hoy, de ninguna forma se desprende que el acto que reclaman la quejosa afecte algún derecho sustantivo y que haga procedente el juicio de amparo. Esto es así, porque el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece un término para que la autoridad dé contestación a su escrito del cual se duele la omisión, esto es, treinta días hábiles y del escrito que señala la quejosa, se desprende que fue presentado ante la autoridad responsable el día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que a la fecha han transcurrido únicamente quince días hábiles, por tanto, a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo fijado a las autoridades responsables para emitir su respuesta. No es óbice a lo antes señalado, que la quejosa una vez que transcurra el término de treinta días hábiles y las diversas autoridades responsables no hayan dado contestación, esté en aptitud de promover el juicio de amparo respectivo. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alfonso Moreno Flores, en atención a las razones expuestas. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, número uno, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, teniéndose como autorizada en términos amplios a Eloísa Mitre Camacho, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma de oficios. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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