Alfonso Morante Juárez

Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
159/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Morante Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. ..... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. ....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 159/2021. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ****, en contra de los actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por violación a los artículos 14 y 17 constitucionales. ......Análisis de demanda En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Alfonso Morante Juárez, reclama de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: la resolución de tres de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral D-1***, de su índice, en la que se declara fundado el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones planteado por la parte demandada. Asimismo, de la narrativa de la demanda de amparo se advierte que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, la parte promovente figura como parte formal y material, ya que es la parte actora en el expediente de origen, y que dicho juicio se encuentra en trámite. Actualización de causal de improcedencia En virtud de lo anterior, se estima que el acto reclamado es improcedente porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos y sus garantías; así como, en los tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene fallo favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, de los preceptos citados se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. ....Por tanto, el acto procesal que se reclama no es de imposible reparación para que se impugne en el juicio de amparo indirecto, pues tal característica de ejecución irreparable sólo la tienen los actos dictados dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, entendiéndose como tal la vida, la libertad, las posesiones o propiedades, etcétera; en virtud de que, el hecho de que se haya declarado fundado el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones planteado por la parte demandada no afecta tales derechos, ya que no se le ha dejado en estado de indefensión, existiendo la posibilidad de repararse obteniendo un laudo favorable en el juicio laboral de origen, y en el supuesto de serle adverso, impugnarlo a través del medio de defensa procedente, haciendo valer tal actuación como una violación procesal. Ello es así, ya que el acto reclamado sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un laudo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De tal forma que será hasta el momento en que se pronuncie el laudo definitivo en el juicio de donde deriva el acto reclamado que podrá hacerse valer la violación procesal de que se trata, sin que por esa razón el acto que se reclama pueda ser materia de amparo indirecto, en cuanto como ya se dijo, no ataca de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa, teniendo sólo efectos intraprocesales, que pueden ser reparados en el fallo laboral que ponga fin al juicio. ... En mérito de lo anterior, es indudable que la resolución reclamada es un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del peticionario de amparo. Desechamiento. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, a contrario sentido y 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ********************, de su índice, por medio del cual fijó las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ********************; asimismo turnó los autos al actuario de su adscripción a fin de que notifique a los referidos atestes. En consecuencia, con apoyo en el numeral 192 de la Ley de la materia, se requiere a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario de su adscripción, para que en el término de tres días, siguientes a aquel en que se les notifique el presente proveído, realicen lo siguiente: El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: Notifique a el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, a los atestes ********************. La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: Remita copia certificada de las constancias de notificación del auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, a los atestes ********************. En el entendido de que es obligación de la Junta responsable, vigilar que las notificaciones ordenadas se lleven a cabo en los términos y plazos establecidos en la ley. Lo anterior, a fin de que la citada autoridad cumpla con la ejecutoria de amparo, misma que se concedió para el efecto siguiente: ".1.- La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: Señale -de forma inmediata- fecha y hora para desahogar la testimonial a cargo de ********************, ofrecida por la parte demandada dentro del juicio laboral ********************, de su índice, dentro de los diez días siguientes, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Vigile que tal determinación sea notificada a las partes en términos de ley. 2.- El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: Notifique a las partes la determinación antes referida, en términos de ley. En el entendido de que esta ejecutoria se tendrá por cumplida cuando la Junta responsable acredite que fijó nueva fecha y hora para el desahogo de la probanza en cita o determinó lo que en derecho corresponda en relación a la misma; y, el actuario demuestre que notificó a las partes tal determinación." (Énfasis añadido) Para lo cual deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a ********************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ********************representante de los trabajadores, ********************, representante de los patrones y al Actuario adscrito a la citada Junta, una multa a cada uno de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. ...

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