Alfonso Medina Reyes
Expediente 1132/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alfonso Medina Reyes
Actuaciones
- Principal
se recibe el escrito del autorizado de la parte quejosa, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda.Hágase la devolución de los documentos que refiere, previa constancia y firma que por su recibo se otorgue para tal efecto.
- Principal
se recibe el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, y atento a lo que solicita, dígasele que en el presente asunto fue exhibida garantía alguna, máxime que la demanda fue desechada.
- Principal
Se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Se recibe la promovida por Alfonso Medina Reyes. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, con el número consecutivo 1132/2022-VI y háganse las anotaciones correspondientes. Estudio. Previo a proveer sobre el sentido del auto inicial, resulta oportuno determinar que del análisis integral de la demanda, se desprende que el acto que por esta vía se ataca, se hace consistir esencialmente en la orden o ejecución tendentes a protocolizar, actos traslativos de dominio instruidos en favor de la persona que se señala como tercero interesada Gustavo Adolfo Soria Luna, respecto a un terrero urbano identificado como lote 194 y fracción del lote 193, localizado en la carretera Juárez Casas Grandes, en esta ciudad, con una superficie de 120- 53.78.98 Has. Improcedencia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que se transcribe adelante, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En la especie, el suscrito advierte que en relación al acto que pretende impugnar la quejosa, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa que hace improcedente el juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Al respecto, a los notarios que señala como responsables, no les asiste tal carácter, dado que al tener un carácter privado, el acto que se les reclama no reúne las características que debe ostentar para ser susceptible de impugnación mediante la presente vía constitucional. Para arribar a lo anterior, debe tomarse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en dicho precepto y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con relación a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, estableció lo siguiente: ". De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS En resumidas cuentas las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad." Como se ve de lo anterior, para que los actos realizados por particulares puedan reclamarse en el juicio de amparo, para dar lugar a una violación de derechos fundamentales, resulta necesario que sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que por medio de ellos se dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que se omita actuar en determinado sentido; que esos actos afecten derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas y que las funciones de tales particulares estén determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio tenga un margen de discrecionalidad. Por lo anterior, resulta que las autoridades señaladas como responsables, no pueden tener ese carácter en el presente juicio, pues aun cuando tienen la facultad de resolver lo sometido a su consideración, lo cierto es que ello deriva de un compromiso entre particulares y por ende, su función es de carácter privado, ya que no son funcionarios del Estado, ni tienen jurisdicción propia o delegada, pues sus facultades no derivan de una norma general, sino de la voluntad de las partes. Por lo anterior, es claro que si a los notarios responsables, no les asiste el carácter de autoridad 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los actos por ellos emitidos no son susceptibles de combatirse mediante el presente juicio. En tal sentido, la jurisprudencia emitida en la novena época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Luego, se considera como autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. Tiene aplicación al respecto, la tesis II.3o.A.4 K (11a.), con registro digital 2024593, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de la Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4684, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA NO ES UN ACTO EQUIVALENTE AL DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, YA QUE ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES DERIVADO DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, la protocolización de una escritura pública realizada por un notario público, en el ámbito de sus atribuciones conforme a la ley del notariado respectiva, no es un acto equivalente al de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS jurídico que celebran las partes, derivado de un acuerdo de voluntades." Por tanto, la emisión del acto materia del presente asunto, con relación a los notarios responsables, no se actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues a juicio de este Juzgado, las personas jurídicas en mención estipulan obligaciones y derechos bajo condiciones que ellas mismas fijan y por lo tanto, la relación jurídica existente entre notario público y de la persona que formaliza un contrato de compra venta no tiene el carácter de norma general. Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Desechamiento. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo relativa, pues ni aún con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos del acto reclamado, por lo menos, respecto de la procedencia de esta vía. Finalmente, se impone señalar que el desechamiento decretado en el presente juicio no implica una negación al derecho de acceso a la justicia, en virtud de que el estudio de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo es de estudio preferente y debe realizarse previo a cualquier pronunciamiento de fondo, sin que sea obligación del juzgador satisfacer las pretensiones del promovente, pues este debe realizar sus determinaciones con fundamento en la ley de la materia. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, con registro digital 174737, que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, del tenor literal siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Autorizados. De acuerdo con el artículo 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene como persona autorizada para intervenir en este juicio a la designada para tal fin en la demanda de amparo, en los términos expresamente especificados por la parte quejosa, en cuya hipótesis ante la falta de cédula profesional o de su registro jurisdiccional, la autorización únicamente tiene efectos limitados y no amplios, inclusive a pesar de la designación sobre el particular. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para ello por la parte quejosa. Consulta y notificación electrónica. Se autoriza para que la parte quejosa consulte y le sean notificados los acuerdos relativos en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 9/2021, del propio Pleno del Consejo, para lo cual se le tiene señalando como usuario christian_mendez. Comunicación no procesal. Luego por lo que respecta al correo electrónico proporcionado, téngasele únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 257, fracción I1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, del que se advierte que la utilización del correo electrónico y teléfono, solo serán utilizados como medios de contacto entre esta y el personal jurisdiccional. Exhortación juicio en línea. Atento a lo establecido en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. 1 Artículo 257 .I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Formación del expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico en términos del artículo 32 , del 2 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento electrónico o digitalizado que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios; II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. El expediente electrónico permitirá distinguir las constancias digitalizadas de generadas electrónicamente para efecto de poder comparar las primeras con las integradas físicamente; 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo3 , y de conformidad los numerales 252 y 2534 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto se instruye a la oficial de partes, actuarios y secretarios que incorporen al expediente electrónico todas las constancias que reciban y generen con motivo de sus funciones, debidamente firmados con su III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. En caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. La persona servidora pública a quien corresponda iniciar el trámite en el órgano jurisdiccional de un asunto turnado por la OCC, deberá validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de dicha oficina mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo. Tratándose de promociones recibidas por escrito directamente en el órgano jurisdiccional, la digitalización deberá realizarse por parte del personal de la Oficialía de Partes; IV. En el caso de los medios de control de constitucionalidad promovidos contra lo resuelto en juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al PJF, se procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables, particularmente mediante la celebración de convenios de interconexión. En caso de que lo anterior no sea posible, el órgano jurisdiccional que conozca de dichos medios de control deberá digitalizarlo. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización; V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes al Sistema Electrónico del CJF mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno; VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor probatorio que los físicos; VIII. Las características de los documentos que podrán ingresarse a un expediente electrónico se sujetarán a los lineamientos que emita la DGGJ, en coordinación con la DGETD, con opinión de la DGTI, sobre el formato y tamaño de aquéllos; IX. La información relativa a los expedientes electrónicos que se encuentren bajo el resguardo del CJF se alojará dentro de su infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos, garantizando la seguridad informática; X. El Sistema Electrónico del CJF llevará un registro puntual de los certificados digitales de Firma Electrónica mediante los cuales se ingrese o consulte cualquier documento de un expediente electrónico, así como de toda incidencia que resulte relevante para el mejor funcionamiento de los sistemas correspondientes; XI. En el proceso de firmado electrónico, incorporado a los sistemas de gestión judicial, la o las personas titulares del órgano jurisdiccional cierran el proceso de firmado, autorizando las determinaciones. Con su firma se encripta el documento y no permite su alteración ni su eliminación, garantizando su integridad y validando con ello, la certificación de la persona secretaria; y XII. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS firma electrónica FIREL, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el aplicativo institucional de firma electrónica no está autorizado para incorporar actuaciones al expediente electrónico, pues el SISE cuenta con los mecanismos para plasmar dicha firma5 . Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, que se presenten físicamente, para los efectos legales conducentes. Formación del expediente físico. Fórmese tal, solo con las constancias presentadas por esa vía por las partes y con las constancias de notificación generadas de esa forma, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 226 , párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consulta. 3 Reformado por el artículo Cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil veintidós. 4 Artículo 252. Los órganos jurisdiccionales tramitarán e integrarán los asuntos de su competencia a través de medios tecnológicos y soluciones digitales. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Artículo 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. 5 "Artículo 52 Undecies. El personal adscrito a los órganos jurisdiccionales podrá utilizar la FIREL o la e.firma para firmar la documentación que envíe a las áreas administrativas. Para estos efectos, podrá utilizar el aplicativo institucional de firma electrónica. Dicho aplicativo no deberá emplearse para firmar electrónicamente las actuaciones y acuerdos de asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales y registrados en el SISE, SIGE y demás sistemas de gestión que operen en órganos jurisdiccionales, pues estos sistemas cuentan con un mecanismo propio para plasmar dicha firma." Del Acuerdo General Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, reformado por el artículo Segundo del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil veintidós. 6 Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.9d.3c DIANA BELEM HERNÁNDEZ SALINAS Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,737 expedientes
- Alfonsina Morales Reyes551/2016
- Alfonsina Morales Reyes791/2016
- Alfonso Cano Corral710/2015
- Alfonso Ceniceros Chairez686/2014
- Alfonso Hernández Almanza1022/2023
- Alfonso Media Reyes1146/2022
- Alfonso Sánchez Pérez309/2017
- Alfonso Sierra Chacón555/2021
- Alfoso Rodriguez Mendoza636/2021
- Alfredo Aguilar Ramírez8/2016
- Alfredo Aguilar Ramírez795/2015
- Alfredo Alarcon Ramos98/2017