Alfonso Medina Arriaga

Expediente 435/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
435/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Alfonso Medina Arriaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 435/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 435/2017-III-B, promovido por Alfonso Medina Arriaga, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Alfonso Medina Arriaga, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de dieciséis siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de once de abril se fijaron las diez horas con tres minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados, los cuales carecen de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, estos son los actos reclamados: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión y/o abstención de ejecutar el laudo. La falta de acuerdo a la promoción presentada el seis de marzo de dos mil diecisiete, con registro 002219, dirigida al juicio 01/146/06. No pasa inadvertido que el quejoso reclamó la omisión y/o abstención del Tribunal, de hacer efectivo al Presidente Municipal de Jojutla, Morelos, el apercibimiento consistente en la destitución, en términos de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda se desprende que tal omisión deriva de la falta de acuerdo de la promoción 002219 y no de una declaración de la autoridad de no imponer la sanción, propia de un acto positivo. En efecto, sin perjuicio de lo que más adelante se diga, mediante la promoción 002219, el quejoso solicitó al tribunal responsable, la destitución del Presidente Municipal de Jojutla, Morelos. Por tanto, se tiene como acto reclamado la falta de acuerdo del escrito 002219. Del actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: 3. La omisión y/o abstención de ejecutar el laudo. 4. La omisión de llevar a cabo la notificación de los requerimientos decretados para la ejecución del laudo. TERCERO. Inexistencia de los acto(s) reclamado(s) 1, 3 y 4 y sobreseimiento. Con independencia que no hayan sido negados por las autoridades responsables al rendir el informe justificado, los actos reclamados identificados en el considerando segundo como 1, 3 y 4, son inexistentes, por las razones que se dan a continuación. Primer apartado. Por razón de orden, primero se da el porqué de la inexistencia de los actos 1 y 3. Estos consisten en la omisión y/o abstención del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito, de ejecutar el laudo. Los actos reclamados se ubican en la etapa de ejecución del laudo en un juicio burocrático. El juicio burocrático en Morelos se rige, en primer lugar, por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tal legislación permite la aplicación supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no contiene disposición alguna en torno a la ejecución del laudo, antes, únicamente establece en su artículo 115, que el laudo se dictará después de formulados los alegatos y, por regla general, en la audiencia a que se refiere dicho artículo. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicable de forma supletoria en primer lugar, dicta en su artículo 151, que corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable, impulsar la ejecución del laudo. La Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en segundo lugar, en su artículo 950, también contempla que la ejecución forzosa del laudo precisa instancia de parte. Con relación a la ejecución forzosa del laudo, el Alto Tribunal del País como el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, han establecido que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo regulado tanto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como por la Ley Federal del Trabajo, es indispensable la intervención del ejecutante para su inicio como para su prosecución, ya que no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, más aun si se considera que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, aunado a la existencia de la prescripción de la acción para solicitar la misma. Lo dicho en el párrafo que antecede, se sustenta en estas tesis: Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000011 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2771 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000025 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2772 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Tesis: PC.I.L. J/9 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010031 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Pag. 845 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. Por tanto, el procedimiento de ejecución del laudo en el juicio burocrático regido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, precisa el impulso del vencedor. Se invoca como refuerzo de lo sustentado, la siguiente tesis aislada: Tesis: XVIII.1o.1 L (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002143 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 Pag. 1859 Tesis Aislada(Laboral) EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece: "Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". Ahora bien, la referida ley en sus artículos 123 y 124, fracciones I y II, estatuye que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, y la desobediencia a sus fallos se castigará con multa de hasta 15 salarios mínimos y con destitución del infractor; esto implica que dicho ordenamiento faculta al referido tribunal para hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones, así como utilizar los medios de apremio; pero no establece el procedimiento a seguir e, incluso, los artículos 12, fracciones II y XVI y 13, fracción X, de su reglamento interior no lo contemplan. Consecuentemente, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para la ejecución de un laudo. En la jurisprudencia 2a./J.15/2011 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ejecución forzosa del laudo requiere instancia de parte, por lo que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad de proveer lo conducente para llevarla a cabo, el juicio de amparo sería improcedente porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y, además, de realización incierta, en razón que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, por lo que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Dicho razonamiento fue adoptado por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.L.J/10 L (10a.), que a la letra dice: Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010025 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Pag. 844 Jurisprudencia(Común) AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. Como se lee, el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió que en virtud que conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento para lograr el cumplimiento de dicha resolución; de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y, además, de realización futura e incierta, ya que no podría constreñirse al tribunal para que de manera genérica, en vía de cumplimiento de ejecutoria de amparo, ordenara proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, para la ejecución de un laudo, al corresponder ese impulso precisamente al ejecutante, por lo que no podría considerarse que el acto reclamado de forma genérica, tuviera el carácter de inminente, antes, debería estimarse de realización futura e incierta y su existencia sujeta a la voluntad del ejecutante. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso ciertamente reclama de forma genérica del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y de su actuario adscrito, la omisión de ejecutar el laudo. Luego, ante el reclamo genérico del quejoso de que el tribunal responsable no ejecuta el laudo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, tal acto reclamado es inexistente y, en consecuencia, en términos de dicha porción legal, procede decretar el sobreseimiento por cuanto a él se refiere. A mayor abundamiento, en la tesis 2a./J.15/2011 (10a.), la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País resolvió que de reclamarse un acto u omisión en concreto en el procedimiento de ejecución, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de una concesión del amparo, deben constreñirse al acto señalado por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Las aludidas consideraciones de la Segunda Sala, patentizan que no puede someterse a examen constitucional un "no hacer" genérico de la autoridad en el procedimiento de ejecución de laudo, antes, el quejoso debe señalar de forma concreta, en qué consiste la omisión, pues el efecto de la sentencia de amparo se delimitará en función de ésta. Estimar lo contrario implicaría que el fallo protector sujetara a la autoridad a proveer todo lo necesario para la ejecución del laudo, eximiendo así al vencedor de impulsar el otorgamiento por parte de aquélla, de actos legítimos encaminados a ese fin (cumplimiento del laudo), al tiempo que impondría a la autoridad el deber de evitar la consumación de la prescripción, rompiendo el equilibrio procesal entre las partes, pues la constituiría en coadyuvante del ejecutante; sin perjuicio desde luego, de los casos en que la autoridad deba proceder sin necesidad de instancia de parte, verbigracia, resolver un incidente de liquidación de laudo cuando ha sido turnado para ello. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, de tal suerte que el reclamo genérico de que en el juicio burocrático regulado por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la autoridad no ejecuta el laudo, no puede considerarse generador de una afectación real, pues aquél tiene el deber de proponer actos concretos encaminados a ese fin, caso en que la falta de pronunciamiento al respecto, sí podría considerarse existente y someterse a examen constitucional, al ser susceptible de afectar su derecho a la ejecución del laudo. El sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución identificado como 3 en el considerando segundo, pues dicho reclamo también se planteó de forma genérica. Segundo apartado. El acto reclamado identificado como 4, es inexistente por las siguientes consideraciones. Dicho acto consiste en la omisión del actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de llevar a cabo la notificación de los requerimientos decretados para la ejecución del laudo. El quejoso narró en la demanda de amparo, que el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad laboral dictó auto de requerimiento de pago contra el Presidente Municipal de Jojutla, Morelos, cuya ejecución fue intentada el veintiocho de febrero del año en curso, sin resultado favorable. Lo declarado por el quejoso en la demanda constituye una confesión expresa que amerita pleno valor probatorio, con base en los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El dicho del quejoso se corrobora con la copia certificada del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio burocrático 01/146/06 (foja 19); la que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En efecto, en ese acuerdo, la autoridad refiere el auto de ejecución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y su ejecución, intentada el veintiocho de febrero actual. El quejoso presentó la demanda de amparo el quince de marzo de dos mil diecisiete. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. La aludida regla general se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo narrado por el quejoso y la prueba aportada por la autoridad responsable, el requerimiento emitido por el tribunal para el cumplimiento del laudo, antes de la instauración del juicio de amparo, corresponde al de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dirigido al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a través de su presidente municipal. Y la notificación del auto de ejecución de catorce de diciembre pasado a la parte condenada, tuvo lugar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Luego, sin importar el resultado de dicha diligencia, lo cierto es que el actuario notificó a la parte demandada el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el tribunal responsable para obtener el cumplimiento del laudo, antes de la presentación de la demanda de amparo, en concreto, el veintiocho de febrero del año en curso; por lo que la omisión que el quejoso le reclama es inexistente, ya que antes del ejercicio de la acción de amparo, el actuario realizó el hecho cuya falta de cumplimiento le imputa. No se examina la legalidad o ilegalidad de la notificación, porque no forma parte de la litis. Tal exclusión no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), se citan a continuación: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Por lo expuesto, el acto reclamado identificado como 4 en el considerando segundo, es inexistente y, en consecuencia, respecto de éste procede decretar el sobreseimiento, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no existir el acto reclamado. La procedencia del sobreseimiento cuando el acto reclamado no existe a la presentación de la demanda de amparo, se apoya en las tesis 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. CUARTO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s) 2. Es cierto el acto reclamado 2, ya que así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 14 a 16). QUINTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo es improcedente contra el acto reclamado 2. La improcedencia deviene de la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El presidente del Tribunal aportó copias certificadas de diversas constancias del juicio 01/146/06 (fojas 18 a 21 y 27 a 29); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Entre las constancias que integran la documental aportada por la autoridad responsable, están la promoción 002219 (foja 18); el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (fojas 30 a 32) y la constancia de la notificación de éste, practicada a la parte actora el dieciocho de abril actual (foja 28). Examinadas en conjunto, las referidas constancias demuestran los siguientes hechos. La recepción por la autoridad responsable de la promoción 002219, sobre la que versa el acto reclamado. El acuerdo de ese escrito, efectuado por auto de veintitrés de marzo actual y su notificación a la parte quejosa, llevada a cabo de forma personal el dieciocho de abril siguiente. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. El quejoso presentó la demanda de amparo el quince de marzo de dos mil diecisiete. A la instauración del juicio de amparo, la omisión reclamada existía, porque la promoción 002219 no había sido acordada. Sin embargo, la autoridad la proveyó por auto de veintitrés de marzo actual, el cual fue notificado al quejoso el dieciocho de abril siguiente. Así, los actos positivos desplegados motu proprio por la autoridad responsable, de acordar el escrito 002219 y notificar su determinación a la parte quejosa, trajeron consigo la cesación de efectos de la omisión reclamada, pues los destruyó de forma total e incondicional, que en suma, consistían en la incertidumbre jurídica que generaba en la parte quejosa, el desconocimiento de la suerte de su promoción. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica del quejoso, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 1 de 1 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pag. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No se examinan la legalidad o ilegalidad del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete ni de su notificación al quejoso, porque ello no forma parte de la litis. Lo anterior no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se reitera, el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), ya citada, no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. No pasa inadvertido que en vía de alegatos, el quejoso se refirió al acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete; sin embargo, lo planteado a través de los alegatos no constituye conceptos de violación, ni da lugar a integrar a la litis actos reclamados, pues tales actos procesales deben realizarse mediante ampliación de demanda de amparo. De hecho, en la jurisprudencia P./J.27/94, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que los alegatos en el juicio de amparo no forman parte de la litis, pues constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones y, por consiguiente, el tribunal no está obligado a estudiarlos. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.27/94, se citan a continuación: Tesis: P./J. 27/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205449 1 de 1 Pleno Núm. 80, Agosto de 1994 Pag. 14 Jurisprudencia(Común) ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado 2, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfonso Medina Arriaga, contra los actos reclamados identificados en el considerando segundo de esta sentencia, como 1, 2, 3 y 4, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe, hoy nueve de mayo de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada de las constancias requeridas mediante diverso proveído de once de abril de dos mil diecisiete; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa ALFONSO MEDINA ARRIAGA, mediante el cual desahoga la vista ordenada respecto del informe con justificación, en tal virtud, realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita copia certificada y legible de la constancia e notificación realizada a la parte actora respecto del proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente 01/146/2006. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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