Alfonso Maura Duran

Expediente 158/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
158/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Maura Duran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que este acuerdo establece, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que este acuerdo establece, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente.Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y anexo que acompaña al mismo. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se advierte, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de emitir el acuerdo a la promoción presentada el diecisiete de julio de dos mil veinte, en el juicio laboral 142/2015. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: Mediante escrito de diecisiete de julio de dos mil veinte, la parte actora -aquí quejosa- solicitó se le autorizaran nuevos abogados y nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. A la fecha en que se presentó la demanda -veintiséis de febrero de dos mil veintiuno-, aún no se acordaba el escrito de mérito. Finalmente, mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 142/2015 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se acordó el escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veinte, por el cual la parte actora -aquí quejosa- solicitó se le autorizaran nuevos abogados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de doce de marzo del año en curso, en el que se acordó el escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veinte, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje no acompañó la constancia de notificación relativo al proveído de diecisiete de julio del presente año, dictado en el juicio laboral de origen; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el proveído donde acordó el escrito presentado por la parte quejosa el diecisiete de julio del año próximo pasado, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y anexo que acompaña al mismo. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se advierte, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de emitir el acuerdo a la promoción presentada el diecisiete de julio de dos mil veinte, en el juicio laboral 142/2015. Causal de improcedencia.Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: Mediante escrito de diecisiete de julio de dos mil veinte, la parte actora -aquí quejosa- solicitó se le autorizaran nuevos abogados y nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. A la fecha en que se presentó la demanda -veintiséis de febrero de dos mil veintiuno-, aún no se acordaba el escrito de mérito. Finalmente, mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 142/2015 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se acordó el escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veinte, por el cual la parte actora -aquí quejosa- solicitó se le autorizaran nuevos abogados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de doce de marzo del año en curso, en el que se acordó el escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veinte, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje no acompañó la constancia de notificación relativo al proveído de diecisiete de julio del presente año, dictado en el juicio laboral de origen; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el proveído donde acordó el escrito presentado por la parte quejosa el diecisiete de julio del año próximo pasado, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.Notifíquese personalmente. "

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